El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizará en la central nuclear de Santa María de Garoña un trabajo «equivalente a una `gran ITV’», a fin de inspeccionar y analizar la situación de la planta y sus sistemas de seguridad, al objeto de decidir si se renueva el actual permiso de explotación, que finaliza en 2009. […]
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizará en la central nuclear de Santa María de Garoña un trabajo «equivalente a una `gran ITV'», a fin de inspeccionar y analizar la situación de la planta y sus sistemas de seguridad, al objeto de decidir si se renueva el actual permiso de explotación, que finaliza en 2009. Así lo expresó ayer Carmen Martínez Ten, presidenta del CSN.
Ya lo adelantó el pasado mes de enero la Vicepresidencia del Gobierno español. La central nuclear de Garoña «tiene permiso para operar hasta el año 2009. No se tomará ninguna decisión hasta esa fecha. La decisión se tomará teniendo en cuenta la evaluación técnica que está realizando el CSN». Este fue, precisamente, el hilo argumental que retomó ayer la nueva presidentra del citado Consejo, Carmen Martínez Ten -que sustituye a María Teresa Esteban-, al cifrar en tres años el tiempo que tardarán en acometer la anunciada «gran ITV» en esta antigua instalación nuclear ubicada en las proximidades de Euskal Herria.
También se ha sabido que técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) van a llevar a cabo una auditoría sobre seguridad en esta central, que ha sido pedida expresamente por la empresa titular de la misma, Nuclenor, una iniciativa similar a la que ya se sometió la central nuclear de Cofrentes, en Valencia.
Todo ello apunta a un intento por evitar el próximo final de la actividad en esta planta, en el sentido que fuera prometido en período electoral por el actual presidente del Gobierno español. Martínez Ten indicó en su comparecencia de ayer que si la planta tiene problemas, no volverá a arrancar en 2009, pero añadió que, si los informes son positivos, «corresponderá» al Gobierno español decidir si la central continúa funcionando o debe parar «en virtud de su política energética».
La propietaria de la central de Santa María de Garoña, Nuclenor, pidió el año pasado la renovación del permiso de explotación, y desde ese momento el CSN puso en marcha un calendario de trabajo para evaluar si cumple los requisitos técnicos y de seguridad para permitir que siga funcionando otros cinco años más.
Cabe destacar que el pleno del consejo de esta entidad aprobó recientemente dar prioridad en su planificación al proceso de revisión y evaluación de toda la información y documentación presentada por Nuclenor.
Vandellós II, inflexión
Hace poco más de un año, en la misma línea de la planteada ayer por su sucesora en el cargo, quien fuera presidenta del CSN, María Teresa Esteban expresó que a su organismo «no le concierne en absoluto enjuiciar si las centrales nucleares prolongan o acortan su vida», y añadió que es el Ministerio de Industria el que cada diez años concede y revisa la autorización de prolongación de vida operativa de las centrales.
Por otra parte, la nueva presidenta del CSN, que tuvo ayer su primer encuentro con los medios de comunicación y estuvo acompañada por los consejeros, indicó que el incidente de la central nuclear de Vandellós II, en Tarragona, supuso «un punto de inflexión para los titulares de las centrales y para el propio Consejo», ya que la «industria tiene claro que hay que trabajar en inversiones y en seguridad» y el CSN, por su parte, cuenta con «una lección aprendida», como, por ejemplo, realizar inspecciones reactivas y autoevaluaciones del trabajo.
En cuanto a los objetivos de su mandato, Martínez Ten quiso aclarar que el papel del CSN es «velar por la seguridad de las centrales nucleares, por el personal y por la sociedad, y no hacer la política energética», porque eso, subrayó, «corresponde al Gobierno». La nueva presidenta se ha fijado como objetivos trabajar «con independencia, objetividad y eficacia» en la seguridad y protección de los ciudadanos, y de cara a la información «abrir las puertas y ser transparentes para que ciudadanos, asociaciones, ecologistas y sindicatos sepan lo que se hace en el CSN».
Junto a organizaciones y plataformas ecologistas, son numerosos los municipios -burgaleses y vascos- próximos a la central nuclear que han solicitado su cierre, al igual que instituciones, como los parlamentos de Gasteiz y de Iruñea. También el Ayuntamiento de Gasteiz aprobó una moción con la misma exigencia.