El 18 de noviembre, en el pleno de la Asamblea de Madrid se consumó, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), una mordaza que deja sin voz ante la Administración a 225 asociaciones. El instrumento utilizado para lograrlo fue la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. A ese golpe hay que sumar otro: […]
El 18 de noviembre, en el pleno de la Asamblea de Madrid se consumó, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), una mordaza que deja sin voz ante la Administración a 225 asociaciones. El instrumento utilizado para lograrlo fue la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. A ese golpe hay que sumar otro: el recorte de representantes sindicales con dedicación plena (liberados) que se está produciendo en la Administración autonómica y que afecta a los sindicatos de clase (CCOO y UGT).
Por ese retorcido camino que representa la Ley de acompañamiento presupuestario se «extinguirán» en Madrid, a finales de 2010 los únicos órganos de participación de las mujeres, de la juventud, del funcionariado, del pueblo gitano, de quien caza, de quien pesca, de los bomberos, de las mujeres maltratadas, del empresariado, de trabajadoras y trabajadores de la Industria y del Turismo, de los cooperativistas, de la economía social, de los estudiantes universitarios, de los agentes forestales, del personal sanitario y usuario de la salud, del voluntariado y de las ONG, de las organizaciones de los servicios sociales. En resumen, un total de 19 entidades públicas y 83órganos colegiados, entre los que se cuentan los Consejos de la Mujer y de la Juventud o el Defensor del Paciente [1]. Se liquidan así los mecanismos, en su mayoría consultivos, que fueron constituidos para ayudar a canalizar la relación entre las organizaciones sociales y el gobierno regional de turno [2].
La justificación para esta «limpia» es su coste económico. Un argumento que no se sostiene, dado que estamos hablando de un gasto total de 500 mil euros al año. Pensemos que el gasto en publicidad de Metro de Madrid, empresa dependiente de la Comunidad, es de más de 15 millones de euros al año. [3] Resulta más que evidente que el problema no está en el precio [4].
La derecha política llama austeridad a lo que en realidad representa una selección premeditada de prioridades entre las que obviamente no se encuentra la participación ciudadana. Abunda en esta idea el zarpazo que a la misma le ha propinado la otra voz significativa del PP madrileño, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón quien, en nombre del «ahorro», ha decidido cerrar las instalaciones municipales a las 17h y convocar los plenos de distrito, a los que habitualmente asistían representantes vecinales, a las 14h. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con el apoyo de buena parte de colectivos ciudadanos, ya ha mostrado su rechazo a esta medida y ha iniciado una campaña de movilizaciones tendentes a defender unos presupuestos participativos contra el cerrojazo a la palabra del alcalde. [5] Tampoco en este caso el problema radica en el precio de la luz, aducido para cerrar los edificios y yugular la participación. Pensemos que sólo la adecuación de la nueva sede municipal, rechazada por toda la oposición, representa 400 millones de euros, una cifra muy superior a los costes eléctricos y de personal.
Un laboratorio neoliberal
Madrid se ha transformado con el paso del tiempo en el conejillo de indias favorito de todos los experimentos neoliberales. Ello se nota en el modelo de crecimiento que se siguió en la época de bonanza, basado claramente en el ladrillo, el uso extensivo y depredador del territorio, el endeudamiento privado, la reducción de la industria y el crecimiento de un trabajo precario, mal pagado y de escaso valor añadido, centrado en los servicios, incluido el doméstico. Junto a ello, la política pública ha sido de reducción sistemática de impuestos a los sectores más pudientes y de transferencia del dinero público al sector privado, a través de un sistema de privatizaciones que se ha cebado especialmente en la sanidad, la educación y las políticas sociales. [6] Una política que ha ido dejando una huella que ahora, instalados en las vacas flacas, significa que Madrid destruye empleo más deprisa que otras comunidades basadas en modelos de crecimiento distintos como por ejemplo, Euskadi. Sólo evita que las cifras lleguen al escándalo el valor salvífico el empleo público, tan denostado por la derecha, el cual sigue pensando mucho en la capital. A pesar de ello, la Comunidad de Madrid cuenta con 546 mil parados.
Descapitalización y endeudamiento constituyen las dos caras de una política neoliberal extrema que sigue reduciendo industria, manteniendo descuentos fiscales a los más ricos y transferencias de dinero público a las arcas privadas. Pese al nulo resultado de estas políticas como medios de salir de la crisis y a sus efectos devastadores sobre el tejido humano, el momento de cambiarlas parece lejano a tenor de las dosis de la misma mala medicina que va de la mano de los presupuestos de la Comunidad y de los principales ayuntamientos madrileños gobernados en su mayoría por el PP.
Los Presupuestos de 2011
El nuevo sistema de financiación autonómico, que se acordó el ejercicio anterior, representó que Madrid ingresará 1.750 millones de euros más, 657 de los mismos en el año 2011. Con todo y con ello, los presupuestos para el año próximo son negativos. Es el tercer año consecutivo que ello ocurre. Las cuentas madrileñas se sitúan hoy en los niveles de 2007. El presupuesto decrece en 907,3 millones de euros, un 4,2%, colocándose en 20.534,3 millones de euros [7].
El gobierno de Esperanza Aguirre presenta sus presupuestos como «de ahorro en crisis», cuando en realidad son «restrictivos y muy selectivos». Su fin es salvar una cierta política y a quienes ésta beneficia. No se recorta todo, ni todo se recorta por igual. Por ejemplo, los presupuestos entregan 3.000 millones de euros a las grandes rentas y patrimonios de Madrid a través de un conjunto de regalos fiscales que comienzan por el impuesto sobre el patrimonio. Desde que se inició la crisis, por ese concepto se han dejado de ingresar 7.800 millones de euros [8].
Por primera vez el gasto social cae (-3%), hay una fuerte reducción en el presupuesto de educación (-4.9%), se establecen recortes en materia de políticas activas de empleo (-5.4%), así como una caída del 21% en el gasto público en vivienda. Hay que destacar que esto ocurre a pesar de que el Estado aporta más y que en parte el dinero que entrega es finalista. O sea tiene partidas asignadas, como por ejemplo, educación. Viendo el hachazo propinado a este capítulo, cabe preguntarse dónde está ese dinero «de más».
La respuesta se halla en que, lejos de la austeridad que publicita el PP, se trata de un presupuesto más que generoso con partidas de dinero público destinadas a ser transferidas de manera directa al capital privado, a las grandes empresas y a quienes son sus propietarios, especialmente las constructoras [9]. Lejos de modificar su política profundamente neoliberal, los gobiernos de la Comunidad y de la ciudad de Madrid [10] apuestan por profundizarla aplicando la tijera. Por esa razón, y a pesar de la caída del presupuesto de gastos, el monto de las privatizaciones queda garantizado. Este proceso se observa en secciones claves del Estado social, como son el aumento de los conciertos educativos, dinero a la enseñanza privada, que se incrementa un 0.65%. Otro tanto ocurre con la sanidad que, con respecto a 2010 ve aumentado en un 32% el dinero para el pago del canon, los conciertos y las externalizaciones. Mientras, las partidas que dotan de recursos a los centros hospitalarios de gestión pública caen en un 8,9%. Todo ello, por no hablar de los 98,1 millones de euros en concepto de peajes en la sombra de carreteras de circunvalación urbana (5,3 millones más que en 2010) que abonará la Comunidad.
A pesar del discurso neoliberal de Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón, amparado en una supuesta «lucha contra el déficit», la deuda de ambas Administraciones no paran de subir. En la Comunidad alcanza ya los 14.855 millones de euros y en el ayuntamiento de la capital los 7.145 millones. Para 2011 se prevé que la deuda de la Comunidad de Madrid crezca en 1.655 millones de euros y que el coste de su pago se coma ya el 8,4% del presupuesto total.
Degradación de derechos
Estas políticas de recorte sistemático de lo público y transferencia a las grandes empresas están socavando y degradando la democracia y la ciudadanía hasta límites casi terroríficos. Al empeorar la sanidad, la educación o al producirse una mercantilización derechos, que por serlo deberían ser universales y a cargo de los impuestos, empeora la democracia, el gobierno de las cosas por parte de la mayoría. Las áreas de decisión política se trasladan hacia espacios no electos, controlados por una minoría cada vez más poderosa y a la que no escoge nadie. Así, los mismos derechos acaban, para los políticos neoliberales, perdiendo valor y sentido. Se convierten en «un gasto inútil», a pesar de su ridículo coste. Ello explica la mordaza a la participación, vía eliminación de los órganos de consulta ciudadana en la Comunidad o el cambio de hora de los plenos, adoptado por el ayuntamiento de la capital.
La izquierda social y política al comparar la envergadura del ataque contra los derechos con su capacidad de respuesta y el resultado de la misma, vive desde hace tiempo en una profunda desorientación, acrecentada por el giro neoliberal del gobierno de Zapatero. Ante esta situación, los esfuerzos por evitar el sálvese quien pueda y centrar los problemas sobre el principio de la recomposición y la suma de fuerzas adquieren una doble importancia. De un lado, actuar de valladar ante la ofensiva descrita, del otro, empezar a responder a la desorientación con la propuesta.
Tiene especial relevancia la Iniciativa Sindical Madrileña que CCOO y UGT lanzaron en octubre y en la que se incluyen los ejes básicos de cualquier respuesta a las políticas neoliberales de la derecha (impuestos, empleo, modelo de desarrollo, industria, protección social).
En el marco de la acumulación de fuerzas y de búsqueda de otras maneras de crear tejido social y establecimiento de su relación con la política, se encuentran propuestas como la de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, a través de la campaña por unos presupuestos participativos desde abajo. Así mismo, otro tipo de iniciativas como las de plataforma ciudadana madrileña y diversos colectivos ecologistas demuestran que existen intentos claros de responder y ganas de avanzar hacia otra política, hacia otras formas de hacer, volcadas en la gente, en la ciudadanía, y no en los bancos y las constructoras.
Desgraciadamente, el corte de algunas propuestas en relación con la política y la división aún imperante impiden que todo ello acabe sumando más y termine forzando un salto cualitativo. No se trata aquí de negar razones para esta división y parcialización, sino señalar que a pesar de la riqueza de matices que ofrecen las diversas formas de responder a la políticas del PP en Madrid, éstos quedan negados precisamente por el efecto disolvente de una división que, lejos de reforzar los distintos espacios, separa a todo el mundo y no frena el avance neoliberal.
En este sentido, el esfuerzo más transversal, que no por ello el más publicitado, en la definición de salidas favorables a la mayoría de la sociedad, es el intento de recuperar la ciudadanía en el sentido más amplio posible y contestar, no sólo con medidas, sino con la recuperación de derechos y la conquista de otros nuevos, que lleva a cabo el Foro social de Madrid a través de su iniciativa a favor de una Carta de Derechos de ciudadanía de la Comunidad de Madrid. No representa ésta una propuesta contra otras, sino un intento que aunque limitado, sí pretende ser superador de la división y desorientación que domina el espacio de la izquierda. La iniciativa de la carta quiere levantar dos banderas: la de valladar a la ofensiva neoliberal y la de propuesta anti neoliberal sobre la base de la defensa de derechos universales, por tanto, basados en lo público y convencidos de que el desarrollo humano constituye un proceso de expansión de las libertades reales de las que goza la gente. Un desarrollo ahora atacado por la codicia de sectores muy poderosos y de unas Administraciones proclives a servirlos.
NOTAS:
[1] La Ley de acompañamiento ha sido rechazada por la fracción sindical en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y por PSM e IU en la Cámara parlamentaria. Reducción de la Administración: se extingue el Consejo de la Juventud, y se disuelve Alcalá Natura 21, cuyas competencias se integrarán en la Dirección General de Deportes. La empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusiona con Canal Extensia. En la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. También se disolverá la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extingue el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo -Imade- y sus competencias pasan a otras unidades administrativas. También se disuelve Turismo de Madrid cuyas competencias se integran en la Dirección General de Turismo. Las competencias de el Mercado Puerta de Toledo, S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid. Participación regional: Por otra parte, se pondrá a disposición de la iniciativa privada de la participación de la Comunidad en el capital social del Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa. En la Consejería de Transportes e Infraestructuras, Aeropuertos de Madrid se integrará en la empresa pública Mintra. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, las sociedades Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. se unirán en una nueva y se enajenará la participación regional en Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad, se extingue el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, que se integra en el Servicio Madrileño de Salud y se integra al Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Además se extinguen el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración. Más información en www.Madrid.org , www.que.es y http://www.nodo50.org/fadsp/
[2] ANTE LA SUPRESIÓN DEL CONSEJO DE LA MUJER : La Comisión Permanente del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid lamenta haber conocido la supresión de este organismo a través de la nota de prensa emitida el jueves, 11 de noviembre, por la propia Comunidad de Madrid. La Comisión Permanente reclama al Gobierno regional toda la información sobre esta disolución, al objeto de cumplir nuestro compromiso con las 143 asociaciones de mujeres a las que representamos. El Consejo de la Mujer fue creado por Ley en 1993 y su labor es canalizar ante las Administraciones Públicas las necesidades sociales de las mujeres, estar presentes en la toma de decisiones, y que se hagan oír y ejecutar las demandas que las organizaciones de mujeres reivindican. La Comisión Permanente del Consejo de la Mujer asume el compromiso de seguir representando a las asociaciones y de trabajar para continuar siendo el órgano de participación del movimiento asociativo de mujeres de la Comunidad de Madrid.
[3] Gasto de publicidad del metro de Madrid 52 millones de euros en 4 años. http://www.publico.es/espana/327352/metro-de-madrid-dispara-el-gasto-en-publicidad.
[4] CCOO de Madrid y UGT consideran que Esperanza Aguirre ha cometido con esta Ley una vulneración de la Constitución en sus artículos, 7, 9, 28, 37 y 48 y así como contra el Estatuto de Autonomía, artículo 1, 3 y 26. A esto se añade el artículo 5 del convenio de 150 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a participación de la ciudadanía y el 98 en cuanto a la libertad sindical. Los sindicatos constatan que no hay razón de ahorro ya que son órganos de participación que en su mayoría ni cuentan con presupuesto propio. El objetivo es la eliminación de todo instrumento de participación y control de las políticas esquilmadoras del Estado de Bienestar que se practican en la Comunidad de Madrid.
[5] Las asociaciones vecinales toman la Plaza de la Villa en su pleno alternativo.- Unas 450 personas tomaron ayer por la tarde la Plaza de la Villa para protestar por los recortes municipales en servicios y equipamientos y por las restricciones en materia de participación ciudadana. Frente al espacio que acoge el máximo órgano de deliberación del Ayuntamiento, siguiendo el llamamiento realizado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y los grupos municipales de IU y PSOE, desarrollaron durante algo más de una hora un animado pleno alternativo. http://aavvmadrid.org/.
[6] Más datos de todo ello y sus consecuencias en: Consideraciones y posibles alternativas a la política del PP en la Comunidad de Madrid. Carlos Girbau. 14/12/08 http://www.sinpermiso.info.
[7] Presupuestos de la Comunidad de Madrid, valoración sindical. Madrid, 11/11/2010.
[8] En concreto, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones significa una merma de 2.771 millones euros en 2011, de los que 2.300 millones van en beneficio de los 53 mil grandes patrimonios de nuestra región. Con ese dinero se podrían haber creado 200.000 puestos de trabajo, aplicar la gratuidad a la escuela pública en la etapa 0-3, la construcción de 55 centros de salud, acabar con las listas de espera en la sanidad y lograr el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia. (El presupuesto de 2011 en 10 características. Grupo parlamentario de IU-CM).
[9] Recordemos que fueron precisamente las constructoras quienes según las informaciones periodísticas estuvieron detrás del Tamayazo que permitió en el año 2003 y, gracias al no voto de dos diputados del PSOE (Tamayo y Sáez) que Esperanza Aguirre fuera nombrada por primera vez presidenta de la Comunidad de Madrid.
[10] La Federación Regional de Asociaciones de vecinos denuncia como en el año 2010 el Ayuntamiento de Madrid restableció la tasa de la basura gracias a la cual obtuvo unos ingresos «extra» de 166 millones de euros. Y sin embargo eliminó el servicio de recogida de la hoja y la recogida nocturna de muebles y enseres. Los contenedores públicos se recogen cada dos días y este año no habrá campaña especial de limpieza en Navidades. Además, el Ayuntamiento ha acumulado una deuda de 289 millones de euros con las empresas de limpieza y de 67 millones con las empresas de mantenimiento de los jardines. En la actualidad, no hay refuerzo del servicio de fin de semana y no se cubren las bajas por vacaciones. http://aavvmadrid.org/.
Carlos Girbau es coordinador del Foro Social de Madrid.