Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, cumplirá 65 años el próximo día 24. Había pedido su prolongación en servicio activo como jefe de Pediatría, pero la Consejería de Sanidad lo ha denegado.
«En realidad es una represalia por distinguirme en las movilizaciones contra la privatización y por dar la cara por la sanidad pública», afirma. La plataforma recuerda que en mayo pasado Sanidad destituyó a cuatro directores de centros de salud, dos de ellos con un papel destacado en la marea blanca.
«Una represalia muy clara». Así interpreta Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la negativa que acaba de darle la Consejería de Sanidad madrileña para seguir en activo como jefe de Sección de Pediatría (actualmente está en el Hospital Niño Jesús). Sánchez-Bayle, que cumple 65 años el próximo día 24 y es una de las caras más conocidas de la marea blanca, así lo había solicitado en enero pasado, algo habitual en la profesión, pero la consejería le comunicó hace unos días que denegaba prolongar el servicio, con lo que procederá a su jubilación forzosa.
«Me han dado una serie de excusas, como que había una disminución de ingresos y que no había necesidad de plantilla, pero son eso, excusas. Pediatría es una sección en la que ha habido una disminución de personal del 33%», afirma Bayle, que también es portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública y Vicepresidente de la Internacional Association of Health Policy. «En realidad es una represalia por distinguirme en las movilizaciones contra la privatización y por dar la cara a la hora de luchar por la sanidad pública y defender los derechos de los ciudadanos», añade.
«Quería continuar porque entiendo que es necesario, y porque el consejero de Sanidad, [Javier Rodríguez], que cumple 71 años en octubre, había asegurado en multitud de declaraciones públicas que no iba a hacer más jubilaciones forzosas este año. Hace dos meses destituyeron a cuatro directivos de atención primaria y amenazaron con expedientes a los sanitarios que informaban a los ciudadanos sobre las opciones para rechazar las derivaciones a centros privados. Está claro que quieren ejemplificar represalias, que disminuya la capacidad de movilización y que los que queden tenga miedo, temor», denuncia.
Por su parte, la Consejería de Sanidad asegura que en todos los casos está aplicando el procedimiento para las jubilaciones contenido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que, pese a haber sido recurrido por los sindicatos, «ha obtenido en las últimas semanas cuatro sentencias firmes favorables» por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
«El procedimiento es el mismo para todas las personas, no se valora quién es, sino que nos atenemos a los informes que los servicios y la gerencia nos elevan», han dicho fuentes de la Consejería. En esto sentido, han explicado queque todas las decisiones adoptadas para prolongar o no el servicio activo a los profesionales que cumplen la edad de jubilación se basan en informes elaborados por la gerencia de los centros, en virtud de los criterios que establecen los respectivos jefes de servicios.
«Solo se cubren el 10% de las bajas»
A su juicio, el asunto «no sería tan grave si las jubilaciones se cubrieran, pero es que no se contrata a nadie y se jubila a los que estamos». Oficialmente en la Comunidad solo se cubren el 10% de las bajas (jubilaciones, fallecimientos, traslados, etc), aunque en la práctica en Madrid no se llega al 5%, denuncia la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, para quien «las jubilaciones están siendo utilizadas como un mecanismo para disminuir la plantilla de los centros sanitarios».
«Al reducir así la plantilla en el sistema sanitario público, se incrementan las listas de espera, y esa demora les sirve de justificación para derivar a los pacientes a hospitales privados; se utiliza esta vía para favorecer la privatización del servicio», explica Sánchez-Bayle. Para acabar con el sistema público hay que acabar con los profesionales». «Resulta paradójico que los mismos que pretenden imponer una prolongación de la edad de jubilación de manera forzosa a los 67 años, nieguen esta posibilidad a quienes voluntariamente desean hacerlo», afirman desde la asociación que preside.
Sánchez-Bayle ha explicado que tiene intención de recurrir en el plazo de un mes ante la Consejería, y que si ésta no cambia de idea, estudiará acudir a los tribunales. «En cualquier caso, aprovecharé mi tiempo libre para seguir luchando», sentencia.