Desde hace ya mucho tiempo estamos acostumbrados a que los muy activos creadores de opinión nos adviertan del rumbo anticonstitucional que han emprendido las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña. No sólo a través de la judicialización de sus iniciativas más relevantes para el marco político de la autonomía vasca y catalana, sino en […]
Desde hace ya mucho tiempo estamos acostumbrados a que los muy activos creadores de opinión nos adviertan del rumbo anticonstitucional que han emprendido las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña. No sólo a través de la judicialización de sus iniciativas más relevantes para el marco político de la autonomía vasca y catalana, sino en general ante la denuncia de las actividades de sus gobiernos que al parecer persiguen con saña todo lo que integra el cuadro constitucional español, desde la figura del monarca hasta la lengua castellana. A la obsesión mediática generalizada se une la machacona insistencia en estos mismos tópicos de un arco político abigarrado en donde destaca el Partido Popular, el grupo de Rosa Díez y una buena parte de dirigentes de la primera generación del PSOE gobernante. En algunos casos se unen al coro denigratorio exponentes destacados del gobierno central, señalando la incorrección de mayores dosis de autonomía política exigidas por las mencionadas comunidades autónomas. Por eso está muy extendida entre la ciudadanía la idea que Cataluña y Euzkadi son los problemas de la democracia constitucional española.
Nadie habla sin embargo de la Comunidad de Madrid y sus avatares políticos. Y eso que en el inicio de lo que hoy está sucediendo se encuentra un acontecimiento terrible que hirió profundamente la democracia como sistema de organización del poder basado en la voluntad de la mayoría. La defección de dos diputados del PSOE en junio de 2003 impidió la constitución de un gobierno de mayoría de izquierda en la Comunidad de Madrid. A partir de allí Esperanza Aguirre pudo hacerse con la Presidencia de la Comunidad y manifestarse como un punto de referencia para el proyecto político neoliberal en el marco de la derecha política española. Ha funcionado en efecto como un agente demoledor de las estructuras públicas de servicios de interés general, desligándose además de todos los circuitos de concertación y de diálogo con los sujetos representativos de la ciudadanía social, fundamentalmente los sindicatos y las asociaciones de vecinos. En su obsesión por colocar al liberalismo como la única ideología que puede habitar el poder político, entiende que el desmantelamiento del Estado de Bienestar suministra la oportunidad de alcanzar nuevas libertades, que se sustancian en la libertad de elegir los servicios que son necesarios entre una maraña de ofertas gestionadas por y desde la esfera del mercado.
Siguiendo una fórmula simple y repetida hasta la saciedad para poder resultar convincente, la democracia debe ser el reino de la libertad individual y no ya el medio para satisfacer las libertades de los ciudadanos. Por eso destruye la sanidad pública y demoniza la protesta contra la degradación del derecho a la salud de los madrileños reduciéndola a la acción de los «liberados» sindicales, o inevitablemente configura la enseñanza concertada como forma de acceso a la enseñanza, penalizando las escuelas y los institutos públicos. Después irá el agua y los bienes que sean precisos para alimentar el mercado y fomentar la riqueza que a través de él logran las agrupaciones privadas que organizan esos servicios para su ganancia particular. El último de sus embates ha pasado más inadvertido, al coincidir con el derrumbe de los mercados financieros internacionales, pero resulta muy emblemático de este proceder.
Se trata del recorte del 30% de los gastos de personal de las Universidades Madrileñas, decidido unilateralmente e impuesto autoritariamente por la CAM. Para quienes no estén familiarizados con los términos presupuestarios, es un recorte brutal del llamado Capítulo 1, es decir, gastos relativos al pago de los salarios del personal docente y no docente de las universidades madrileñas. Y es una decisión que no se ha anunciado para los próximos presupuestos, sino que modifica y revoca un acuerdo entre instituciones, el llamado Contrato-Programa, en el que estas sumas estaban comprometidas. La medida habla por sí misma. No se refiere a las obras de infraestructuras en marcha -que afectaría a compromisos con constructoras y otras empresas- ni a otros capítulos presupuestarios. El salario del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios es el objetivo de esta medida del gobierno de Madrid que se justifica totalitariamente en aras a un interés superior y general, el recorte de gastos debido a la crisis económica. Inútil comparar el montante de esta suma con lo que se invierte en publicidad institucional, o con el mantenimiento de los fastos que adornan la región. Los trabajadores de la Universidad Pública no pueden recibir sus salarios pero es imprescindible anunciar los logros sociales de la Región a la opinión pública.
Una actuación tan obstinada contra la idea del Estado Social jamás ha sido valorada como anticonstitucional, como peligrosa para la democracia. Sin embargo la servidumbre de la ciudadanía al mercado y la sumisión que éste genera mediante la violencia de la necesidad no ha sido el elemento que ha construido la nueva comunidad política española nucleada en torno a la Constitución de 1978. En ésta, las decisiones claves sobre los asuntos sociales globales tienen un marco muy preciso en torno a la idea del servicio público de la sanidad y de la educación, que actúan principios igualitarios de nivelación social a través de la desmercantilización de las necesidades sociales. A la Comunidad de Madrid sólo se le enfrentan por ello los sindicatos. Son los únicos que parecen haber entendido que la ciudadanía social no puede aniquilarse en un territorio autónomo en el que sus gobernantes gozan de una impunidad mediática y política inexplicable. Sobre ella se edifica sin embargo uno de los atentados más permanentes y constantes a los derechos sociales y a los ciudadanos que trabajan que se hayan producido en España en los últimos veinticinco años, es decir, uno de los mayores atentados contra la democracia que se conozca en ese tiempo.