«Estamos sufriendo lo mismo que antes de los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016; en las veredas hay un paramilitarismo muy fuerte y bien armado; además de las amenazas, los paramilitares han obligado a campesinos con tierras y ganado a participar en reuniones; a quienes no asisten se les castiga con elevadas multas», […]
«Estamos sufriendo lo mismo que antes de los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016; en las veredas hay un paramilitarismo muy fuerte y bien armado; además de las amenazas, los paramilitares han obligado a campesinos con tierras y ganado a participar en reuniones; a quienes no asisten se les castiga con elevadas multas», afirma Levis Johanis Florez Ramos, responsable de la verificación de veredas en el Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (subregión de Urabá, departamento de Antioquía).
«Es un paramilitarismo refinado y moderno, utilizado por las empresas para tomar los territorios pero también por los gobiernos locales; a veces te dicen: ‘si usted no me vende la tierra, me la venderá su viuda'», apunta José Roviro López, encargado de comunicación y comercio en el Consejo Interno, órgano de representación y consulta de la Comunidad. «Es muy importante la autoorganización, no salir nunca solos a las veredas y el acompañamiento internacional», añade. Los dos líderes comunitarios han participado en un acto organizado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, dentro de la gira realizada entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre por Europa y Estados Unidos.
Cerca de 500 campesinos impulsaron -en marzo de 1997- la construcción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con un punto central en el reglamento: la neutralidad ante la guerra, no ser parte directa ni indirecta en un conflicto armado que, desde 1958 hasta el pasado mes de julio arroja un saldo de 262.197 víctimas mortales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (las muertes se atribuyen -de manera muy mayoritaria- a los grupos paramilitares y agentes del estado). «Ya no son las armas las que deciden, sino los campesinos que hemos sido golpeados por la violencia y obligados a desplazarnos», establece la declaración de principios de la Comunidad de Paz. Por ejemplo, el reglamento interno señala que no se portarán armas ni suministrarán artículos a los actores armados.
De la importancia actual del paramilitarismo en Urabá da cuenta la Alerta Temprana emitida en febrero por la Defensoría del Pueblo de Colombia. Así, el informe observa un «fuerte proceso de expansión» de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región. Entre las 12 organizaciones de derechos humanos «en riesgo» en Urabá, la defensoría menciona la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Además el documento señala que 15 líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Urabá durante 2017, principalmente en los municipios de Riosucio y El Carmen del Darién (Chocó); la mayoría de las víctimas fueron afrodescendientes y reclamantes de tierras. Asimismo se documentaron 70 casos de amenazas.
La Comunidad de Paz se halla en uno de los corregimientos -San José de Apartadó- del municipio antioqueño de Apartadó (190.000 habitantes, incluida el área rural). El Ayuntamiento destaca en su página Web la relevancia de la Industria bananera y de los cultivos de plátano, maíz, yuca y cacao. Entre los principios de la Comunidad figura la resolución de conflictos mediante el diálogo y de manera colectiva, el trabajo en grupos y por veredas, la organización en comités (salud, educación, trabajo, cultura y mujeres, entre otros) y la elección del Consejo Interno para el autogobierno, integrado por ocho miembros. Anteponen la idea de «nosotros» al individualismo. En la memoria fundacional todavía golpea el retén paramilitar instalado durante nueve meses en la vía Apartadó-San José: «Allí ellos detenían los carros y bajaban a quien querían para llevárselo y asesinarlo».
Pero en medio de la guerra, a los seis meses de constituirse la Comunidad de Paz hace ya 21 años, 330 personas recogieron la primera cosecha de maíz comunitario. En un contexto de crímenes, bloqueos, amenazas y robos, reactivaron el cultivo del cacao, del banano pequeño, se embarcaron en iniciativas para el mejoramiento de tierras, construyeron el centro de salud, el parque y el centro de formación «Aníbal Jiménez» (por el nombre del líder comunitario, asesinado en 1999 durante una incursión paramilitar).
«Hoy el centro de la Comunidad lo componen dos fincas, la Cooperativa Balsamar o finca La Holandita y La Roncona», resaltan en un comunicado; el pasado 12 de septiembre la Comunidad de Paz denunció la invasión ilegal de una de las fincas del asentamiento La Roncona por un grupo de 70 personas, en concreto «mucha gente motorizada», que acabó destruyendo cultivos de cacao, plátano, yuca y frutales con el fin de construir casas. Esa misma semana señalaron la entrada de grupos paramilitares en la vereda La Esperanza -donde radica un asentamiento de la Comunidad- y en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medios. Los comunitarios han identificado en la zona a mandos paramilitares como «Aquiles» o «Cementerio», que amenazaron con la ejecución de campesinos.
También denunciaron que efectivos del ejército les fotografiaron el verano pasado en la vereda Buenos Aires. Es más, los campesinos subrayan la «fuerte complicidad» entre los paramilitares que controlan las veredas y batallones de la Brigada XVII del ejército, con sede en el municipio antioqueño de Carepa. Así, las amenazas de muerte alcanzaron a finales de mayo al delegado de la Defensoría del Pueblo en San José de Apartadó, Marco Fidel Hernández, y a la dirigente de Unión Patriótica en Apartadó, Esneda López. A primeros de junio la Comunidad de Paz hizo público el asesinato con armas blancas del campesino Johny Manuel Martínez, de 52 años; el uso de machetes en el crimen fue relevante, según los comunitarios, ya que trata de ocultar la autoría paramilitar para imponer la versión de (supuestas) querellas personales entre los pobladores. Los grupos paramilitares cooptan a jóvenes campesinos y reclutan a menores de edad para cometer delitos de tráfico de armas y drogas; o entran en las viviendas y roban pertenencias a los campesinos, denuncia la Comunidad de Paz.
En julio de 2017 la Defensoría del Pueblo señaló, en una visita a San José de Apartadó, que al menos 6.000 habitantes de la zona se hallan en riesgo por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); además en los territorios en los que operan las AGC se constata un incremento de la violencia sexual. Entre los hechos más graves, destaca el intento de asesinato el pasado 29 de diciembre del representante legal de la Comunidad de Paz, Germán Graciano Posso, y de otros líderes tras la incursión de cinco paramilitares en la bodega de comercio de cacao; varios comunitarios resultaron heridos, dos de los paramilitares retenidos por los vecinos mientras que otros tres lograron escapar. En una nota informativa posterior a los hechos, titulada «Paramilitarismo estructurado, protegido y en busca de venganza», la Comunidad denunció la impunidad de estos grupos. Reconocido con el Premio Nacional a los Derechos Humanos en Colombia (2018) que otorgan la ONG Diakonia y la iglesia sueca, Germán Graciano fue objeto hace menos de un mes de amenazas telefónicas, al igual que su familia.
El pasado cinco de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que reitera al Estado de Colombia que proteja la vida e integridad física de los miembros de la Comunidad de Paz, y adopte medidas -de manera específica- a favor de siete personas amenazadas; el texto se remite a una decena de resoluciones anteriores, desde octubre de 2000, con el mismo fin. Dos décadas después de la declaratoria fundacional de la Comunidad, ¿cuál es el balance hasta hoy? El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien ha acompañado a la Comunidad en resistencia y documentado la barbarie, contabiliza más de 300 asesinatos, un centenar de casos de tortura y más de 50 desplazamientos colectivos.
En la memoria permanecen masacres como la del 21 febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios, donde fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores y dos líderes comunitarios: Luis Eduardo Guerra y Alfonso Bolívar Tuberquia; en la escabechina, que incluyó descuartizamientos, participaron miembros del bloque paramilitar Héroes de Tolová y la Brigada XVII del ejército de Colombia. Un mes después de los hechos, el entonces presidente de Colombia, Uribe Vélez, acusó a dirigentes comunitarios de colaborar con la guerrilla de las FARC.
Los tribunales colombianos condenaron a paramilitares por esta masacre, pero «la impunidad en relación con los actos de los agentes del Estado ha sido de aproximadamente el 99,4% de los victimarios», explica el abogado y defensor de derechos humanos, Jorge Molano, en una entrevista (marzo 2017) de la que informa la ONG Brigadas Internacionales de Paz; «la investigación se ha centrado en mirar la responsabilidad de los ejecutores materiales, en particular de los bajos mandos», añade Molano. Otra matanza que dejó huella en San José de Apartadó (cinco campesinos muertos) sucedió en febrero de 2000; la autoría remite al bloque paramilitar Bananero, en colaboración con el ejército.
En octubre de 2007 la Corte Constitucional emitió una sentencia que abría la puerta a la esperanza; ordenó al Ministerio de Defensa que aportara nombres de oficiales, soldados y policías -así como las unidades a las estaban adscritos y la línea de mandos- en relación con vulneraciones de los derechos humanos (durante 2005) en San José de Apartadó; asimismo ordenaba a la Fiscalía General de la Nación que impulsara las investigaciones estancadas para sancionar a los criminales. Sin embargo Javier Giraldo, quien presentó la acción de tutela ante la Corte Constitucional en representación de la Comunidad, aseguró una década después que los militares estaban «desacatando» el mandato judicial de acceso a la información. El estudio «Ruptura con el Estado como resistencia a la guerra», realizado en 2017 por el Movimiento Regional por la Tierra, se refiere a «la casi totalidad impunidad en la que hasta ahora han quedado la mayoría de asesinatos, masacres y desplazamientos que ha sufrido la Comunidad de Paz».
En la sede de CEDSALA-Valencia se proyectó el documental «Chocolate de paz. El cacao desafiando a la violencia», producido en 2016 por Gwen Burnyeat y Pablo Mejía Trujillo. El audiovisual, premiado por el Centro Nacional de la Memoria Histórica y la Muestra Internacional Documental de Bogotá en 2016, narra las luchas de la Comunidad de San José de Apartadó en paralelo a la producción del cacao. La Comunidad de Paz produce un chocolate orgánico denominado «Chocopaz», que puede adquirirse en Bogotá y se exporta a Europa -por ejemplo a Inglaterra- según las reglas del comercio justo y criterios de soberanía alimentaria. El punto de partida fue «el deseo de reactivar las cacaoteras, ya que el cacao ha sido históricamente el principal producto en la zona y está muy arraigado en nuestra cultura», afirman.
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