El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porque sus gobiernos nunca hicieron nada decisivo por terminar con el enclave esclavista de Colonia Dignidad, pese a que ya bajo la dictadura había pruebas abrumadoras de las atrocidades que se cometían permanentemente en su interior. En efecto, desde antes de […]
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porque sus gobiernos nunca hicieron nada decisivo por terminar con el enclave esclavista de Colonia Dignidad, pese a que ya bajo la dictadura había pruebas abrumadoras de las atrocidades que se cometían permanentemente en su interior.
En efecto, desde antes de 1990 era un hecho evidente que en dicho reducto desde hacía décadas imperaba una secta regida por un pequeño grupo de alemanes que explotaban sin límite alguno el trabajo de centenares de personas, predominantemente de origen alemán; que su jefe -Paul Schäffer- ejercía habitualmente su pederastia con decenas de niños chilenos y alemanes; que no se podían constituir familias normales en su interior; que se aplicaban brutales «tratamientos» a cualquiera que intentara fugarse de la Colonia; y que este reducto cooperó activamente con la política sistemática de tortura y exterminio aplicada por la dictadura de Pinochet contra sus opositores.
Testimonios de lo anterior, ante instancias judiciales y parlamentarias de diversos países, lo dieron numerosas personas que finalmente lograron fugarse de la Colonia o que desertaron de su círculo dirigente. Entre ellos, Wolfgang Müller (Kneese), Heinz Kuhn, George y Lotty Packmor y Hugo Baar. Además, en un juicio que se desarrolló en Alemania en 1977 brindaron testimonio, como presos políticos sobrevivientes de la tortura, Enrique Peebles, Adriana Bórquez, Erick Zott, Iván Treskow, Gerardo Sánchez y Manuel Bravo. En el mismo sentido declararon los ex agentes de la DINA Juan Muñoz Alarcón (a través de una grabadora; testimonio que dejó poco antes de ser asesinado por la propia policía secreta) y Samuel Fuenzalida Devia, quien logró escapar de Chile. (Ver Felipe Portales.- Chile: Una democracia tutelada; Edit. Sudamericana, Santiago, 2000; pp. 299-300).
Por otro lado, en la década de los 80 hubo numerosos artículos periodísticos -en la prensa disidente de nuestro país- que informaron extensamente sobre las brutalidades que se cometían en el lugar. Como por ejemplo, en la revista Análisis del 27 de marzo y del 14 y 28 de agosto de 1989. Asimismo, el Informe Rettig fue lapidario en su juicio sobre la Colonia Dignidad (Ver Volumen I, Tomo 2; pp. 469-70).
Por si lo anterior fuera poco, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán Robert Arias, al investigar dicho enclave bajo Pinochet, concluyó que allí «los hijos son separados de sus padres desde que nacen, sin haber razón aparente que lo justifique. Esto atenta contra el artículo 1º de la Constitución, cuando señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad». Y el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Hernán Felipe Errázuriz, señaló que «del estudio y análisis del informe en cuestión (de Robert) se desprende que Colonia Dignidad tiene características propias de una secta, no descartándose que pueda existir una manipulación intencionada de sus miembros» (La Epoca; 23-2-1991).
Dado todo lo anterior, era clarísimo en 1990 que dicho reducto constituía un virtual Estado dentro del Estado donde se violaban permanente y gravemente los derechos humanos más básicos. Cualquier Estado mínimamente democrático y respetuoso del Estado de Derecho debería haber terminado inmediatamente con dicho reducto esclavista; liberado y reparado a toda su población cautiva; y procesado a sus criminales jefes. En cambio, el gobierno de Aylwin y los posteriores ¡no hicieron durante años nada relevante! Sólo en 1991 el gobierno les canceló su personalidad jurídica, lo que ni siquiera sirvió para debilitar económicamente a la Colonia ya que sus sátrapas habían traspasado sus bienes con anterioridad a sociedades comerciales de pantalla.
Posteriormente, gracias a la acción privada de algunos abogados -entre los que cabe destacar especialmente a Hernán Fernández- el Poder Judicial comenzó lentamente a procesar a Schäffer y a otros amos de la Colonia. Producto de ello Shäffer pudo huir a Argentina en 1997, donde ¡solo pudo ser ubicado en 2005 y devuelto para enfrentar a la Justicia chilena!
En este contexto no extrañan en absoluto las revelaciones del destacado periodista Jorge Escalante (en el artículo Un sutil correazo, publicado en El Mostrador del 12-4-2013) de que el subsecretario del Interior del gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil, le negó con molestia informaciones para un artículo periodístico de la propia La Nación, respecto del curso de las investigaciones sobre el fugado Schäffer y de su patrimonio.
Tampoco extrañan las informaciones que Escalante obtuvo de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de que «Don Jorge prohibía a los abogados de ese programa pedir procesamientos en contra de militares que habían participado en el exterminio y torturas de opositores»; y de que «les prohibía que alegaran en los estrados de tribunales para oponerse a las libertades provisionales de los principales asesinos de la Dina y la CNI, que ya se encontraban procesados y como tales cumplían arrestos por orden del juez a la espera de una sentencia. Lo mismo ocurría con los criminales de Colonia Dignidad» (El Mostrador; 12-4-2013). Naturalmente que, por muy subsecretario que fuese, dicha actuación en un tema tan delicado y trascendente tendría que haberse debido a órdenes superiores.
Lo que sí asombra es la mantención bajo secreto por parte de los gobiernos de Bachelet y Piñera -y del Poder Judicial- ¡ya por más de siete años!, de 36 mil fichas que habían sido ocultadas en un bunker de la Colonia. De acuerdo al mismo Escalante «la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, la Jipol, se tomó varios meses y redactó un minucioso informe acerca del contenido de esas fichas. Supe que la parte más ‘peligrosa’ de ese documento es una lista de las personas que conformaron (¿siguen conformándola?) la misteriosa red de protección que permitió por décadas a los alemanes del tío Paul seguir delinquiendo. ‘Si se llega a conocer esa lista es una bomba política’, me dijo un integrante de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Políticos, jueces, parlamentarios, autoridades, empresarios, figuran en la nómina como ‘amigos íntimos’ de los fabricantes de exquisiteces que venden en los supermercados Jumbo. ‘La lista es transversal políticamente’, agregó mi informante de la ANI. Varios de ellos hacen negocios con los alemanes» (El Mostrador; 12-4-2013).
Obviamente, en la medida que dichas fichas e informes se mantengan en secreto, se confirmará definitivamente la sórdida versión recogida por Jorge Escalante…