La calle es suya. Las manifestaciones se suceden y toda la actividad política se realiza para calentar el ambiente hasta el paroxismo. Reducidos los partidos a cuadros «liberados» con fondos públicos y a cargos políticos en las instituciones, convertidos en esqueletos orgánicos los sindicatos, la Iglesia aporta a la alianza con la extrema derecha española […]
La calle es suya. Las manifestaciones se suceden y toda la actividad política se realiza para calentar el ambiente hasta el paroxismo. Reducidos los partidos a cuadros «liberados» con fondos públicos y a cargos políticos en las instituciones, convertidos en esqueletos orgánicos los sindicatos, la Iglesia aporta a la alianza con la extrema derecha española una poderosa organización extendida por todo el territorio, cuantiosos fondos operativos -de procedencia también pública- y un creciente rebaño de creyentes que quieren un Estado para imponer su ética y su modelo social a garrotazos. El anuncio de una alianza general con Aznar y sus compinches, cuyo objetivo es el retorno al gobierno de la derecha neofascista después de un proceso de movilización social intensa, fue hecho por la Conferencia Episcopal hace dos días cuando proclamó que algunas iniciativas del gobierno socialista «tienen una gravedad moral que difícilmente admite parangón en el derecho comparado». Así, pues, el objetivo de la Iglesia española es exactamente el mismo que el del Partido Popular.
Las «víctimas del terrorismo» son hoy en Madrid el punto de convergencia de «azules» y «sotanas».
Los obispos, que jamás dijeron una sola palabra de las decenas de miles de víctimas cuya muerte y terror provocaron y bendijeron durante los cuarenta años del franquismo; y que tampoco han dicho una palabra contra la implicación de Aznar en la guerra de Iraq -con sus 100.000 muertos y millones de danificados- y su responsabilidad, por ello, en el asesinato de 200 personas y la mutilación de más de 1.000 en los atentados de los trenes de Atocha; se esfuerzan ahora para colocar las víctimas como barrera infranqueable ante un proceso de paz. Hablando exclusivamente de estas últimas víctimas y no de las primeras, dice así un documento episcopal:
«sentimos como propia la preocupación de los que viven en un estado constante de amenaza o de presión violenta, conscientes de que ignorar la realidad de las ofensas padecidas es pretender un proceso ilusorio, incapaz de construir un convivencia en paz».
Además de lanzarse contra una reforma educativa que apenas alteró los privilegios consolidados de la Iglesia; y de anatemizar el matrimonio homosexual como si las opciones sexuales, la moral de cada uno, y la moral pública, fuesen patrimonio de los clérigos católicos; los obispos preparan un documento sobre la «unidad de España» a partir de una Instrucción Pastoral en la que los prelados dicen los siguiente: «Resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de su propia realidad y, en concreto, la reclamación de su propia independencia en virtud de su propia voluntad. La Doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el caso de una secesión».