Menos de 24 horas necesitó Antonio González, Director General de Trabajo y subordinado del Consejero de Industria Gracino Torre, para dar el visto bueno al expediente de despido de 43 trabajadores de Naval Gijon y el cierre del Astillero. Las reiteradas declaraciones públicas del Consejero de Industria, Graciano Torre, a favor del cierre de Naval […]
Menos de 24 horas necesitó Antonio González, Director General de Trabajo y subordinado del Consejero de Industria Gracino Torre, para dar el visto bueno al expediente de despido de 43 trabajadores de Naval Gijon y el cierre del Astillero.
Las reiteradas declaraciones públicas del Consejero de Industria, Graciano Torre, a favor del cierre de Naval Gijon se ponen de manifiesto con esta resolución que ni siquiera han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el sindicato CSI en las que se denunciban las gravísimas irregularidades que han tenido lugar a lo largo de todo este tiempo y en la tramitación del expediente.
La Consejería de Industria y la autoridad laboral de Asturias han incurrido en un posible delito de prevaricación al resolver un expediente en el que no tienen competencias para ello porque se trata de asuntos que afectan ámbito de la Administración estatal. Naval Gijón está participada accionarialmente por Astilleros Asturianos, de modo que, una vez más, tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre todo este proceso de irregularidades e ilegalidades que se cometieron y que comienzan con la negativa de la empresa a facilitar la documentación, como exige la ley, para iniciar la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La falsedad documental se ha podido comprobar cuando las cuentas presentadas en el Registro no coinciden con las facilitadas al Comité de Empresa o la exclusión arbitraria de la negociación de una parte del Comité de Empresa, como ha sucedido con la CSI, que tiene un tercio de los representantes del Comité.
Estamos ante un nuevo atropello laboral y político de la izquierda parlamentaria asturiana contra los trabajadores. Ahora es cuando se tendrá que ver si es verdad que existe independencia Judicial respecto del Poder Político y cómo y de qué manera se aplica la ley.
El ERE de Naval Gijón debe de ser anulado y condenados -presumiblemente- por prevaricación y falsedad en los documentos presentados todos los responsables que han participado y aprobado esta resolución que implica el despido de trabajadores y el cierre definitivo del astillero Naval Gijón.