Parece ser que los magistrados del constitucional van a decidir finalmente que la idea de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio está contenida en la constitución redactada en 1978 y votada por sus habitantes mayores de edad en aquel año. ¿Lo estaba? No es que no lo estuviera dentro del paradigma social […]
Parece ser que los magistrados del constitucional van a decidir finalmente que la idea de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio está contenida en la constitución redactada en 1978 y votada por sus habitantes mayores de edad en aquel año. ¿Lo estaba? No es que no lo estuviera dentro del paradigma social de la época, es que ni siquiera los propios homosexuales lo querían. Como muchos activistas de la época recuerdan, parte de su lucha era el rechazo a las instituciones tradicionales y, entre ellas, a la familia.
Algunos juristas defienden que se puede hacer una interpretación creativa de la constitución para que, de ese modo, se adapte a los cambios sociales. Por tanto, dado que la palabra matrimonio ahora mismo incluye la unión entre parejas del mismo sexo (cambio social), la constitución reconoce ese cambio y se «adapta». Este es el sentido profundamente orwelliano del artículo «La RAE desmonta un argumento del PP», aparecido en El País este domingo (1/7/2012). No se trata de que se añada una nueva acepción al diccionario, sino de que anula las definciones anteriores. Es como si la Academía de la Lengua pudiera modificar la constitución cambiando el significado de sus palabras.
¿Y qué más da? A fin de cuentas, podemos estar contentos del resultado. El problema es que sienta un precedente.
Ahora imaginemos que el gobierno introduce cambios normativos que, tal y como los entendemos, privan a los ciudadanos de parte de sus derechos. El gobierno puede (legítimamente) argumentar que derecho no es aquello que se garantiza a los ciudadanos por el hecho de formar parte de una sociedad, sino aquello que no se puede negar a los individuos que tengan dinero para pagarlo, tal y como ocurre hoy día, por ejemplo, con el derecho a la vivienda. El gobierno podría solicitar la colaboración de la RAE para alterar tres o cuatro definiciones et, voilà, nuestros derechos desaparecen. Dicho de otro modo, este cambio no atiende al espíritu de la ley, sino a su letra, y ese es un camino muy peligroso.
No creo que haya que confundir que sea una buena noticia que a los homosexuales deje de discriminárseles, con que sea una buena noticia cómo lo han conseguido.
Juan Romero. Profesor de Lengua Española, Universidad de Extremadura
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