Recomiendo:
0

La contrainsurgencia del No

Fuentes: Rebelión

Se llegó a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el pasado 24 de agosto de 2016, en La Habana , Cuba, entre los plenipotenciarios de la insurgencia de las Farc-ep y los plenipotenciarios del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Con la […]

Se llegó a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el pasado 24 de agosto de 2016, en La Habana , Cuba, entre los plenipotenciarios de la insurgencia de las Farc-ep y los plenipotenciarios del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Con la firma de este Acuerdo Final, se Acordó con lo que ya está totalmente Acordado. Se Cumplió con el enunciado kantiano de «Nada está acordado hasta que todo este acordado». Se llegó al cierre de las conversaciones. En la Mesa de La Habana nada se negoció, todo se conversó y se pactó.

El primer efecto político es que con esta firma se dan las bases para la terminación del conflicto armado interno entre la insurgencia de las Farc-ep y el Estado colombiano, trayendo consigo el fin de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, como guerrilla insurgente en contra del Estado colombiano. El efecto emocional, inmenso, para quienes generacionalmente curtidos, en el plano de las luchas populares, asiste al triunfo de la racionalidad política, bajo la egida de la negociación civilizada, acorde con la filosofía de ver para creer, afianzada en la ruta del Faro de la Utopía, que consecuencialmente nutre la ideo-política de la izquierda, universalmente hablando.

Ya todo acordado, queda la firma protocolaria de Terminación del Conflicto Armado Interno entre la fuerza beligerante e insurgente de las Farc-ep, representada por su máximo Comandante y el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Este será propiamente la firma del Acuerdo Final. Aún no hay fecha. El lugar para tan significado hito histórico está por definirse en el claustro máximo de la academia colombiana (La Universidad Nacional) o el escenario callejero del inmolado caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán, emulada en la Plaza de Bolívar.

Definicion de la participación con el Si o con el No en el plebiscito

Lo cierto fue que se impuso la decisión unilateral gubernamental de refrendación de lo acordado en La Meza de La Habana, mediante el plebiscito. Al electorado colombiano se le somete a si acepta o no, con todo lo acordado. Al triunfar el sí, se implementan los acuerdos; sin desconocer el factor desestabilizador de las acciones legales dilatorias y el uso de la prevaricadora Procuraduría, para burlar la decisión mayoritaria.

Si es mayoritario el no; pues no hay fin de las Farc-ep; continúa el conflicto armado interno con las insurgencia en Colombia: las Far-ep y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en toda la geografía colombiana y localmente con el Ejército Popular de Liberación, EPL (Norte de Santander y Sur del Cesar). No sería un simple borrón y cuenta nueva, ni un esperar a que se despejen los nublados en torno a la legitimidad gubernamental afectada. La disidencia, dentro del bloque de poder en el estado colombiano, virará hacia un golpe «blando» institucional; sin lugar a avizorar gobierno de transición alguno y bajo el emerger de un contingente de fuerzas oscuras en el país que sepultarán con losas de pesada mortuoria, el poco peso político de la realidad de la izquierda en Colombia y colapsara la fuerza política de la socialdemocracia trasformadora y progresista. El no, sería el triunfo de la derecha fascista y neo nazi en Colombia.

De cómo se prepara la derecha para el tirunfo del No

Desde ya están actuando. Lo vienen haciendo. La oposición sistemática a lo acordado en La Habana es el resultado a la negación de la aceptación y calificación de hechos políticos notorios y definidos. Para ello continúan con el discurso falso, falaz. Bajo el odio, el rencor invoca el castigo para las Farc, como si la guerra hubiere sido sin contraparte, con agentes estatales y terceros financiadores privados. Bajo el engaño y la mentira, cargan el ideario popular frente a lo catastrófico de una financiación de lo acordado. Con el uso de la dictadura mediática mantienen anestesiados a seguidores sobre los efectos económicos de esos acuerdos. Engañan sobre la verdadera situación fiscal del país, que en modo alguno obedece a o convenido en La Habana, como sí al régimen neoliberal de extracción de recursos naturales, los niveles de deuda y gastos de seguridad y defensa resultado de la guerra. Combinan tanto el desarrollo y dinámica paramilitar; como la amplia participación política en acciones legítimas y legales. En consecuencia: le apuntan a la división dentro de las fuerzas militares (ejercito). En cuanto a las de policía, aplicando en provincias y zonas rurales el ejercicio y la tentación de prácticas clientelistas. Concerniente a las fuerzas de reservistas y retirados de las fuerzas militares, representan en ellos el mayor bastión para su presencia en las ciudades. El prospecto de desarrollo paramilitar «sobre la marcha» lo ajustan en el potencial de una seguridad privada armada en cerca de doscientos cincuenta mil efectivos. Latente el peligro de un alistamiento paramilitar sobre esas potenciales huestes de derecha. Siendo asalariados en ellos no anida la organización sindical. Trabajo político de la izquierda en ese sector laboral, no existe. La orden de mando de retirados militares, enajenados por la guerra, es lo que en ellos persiste. Le apuntan a los impedimentos en el quehacer político, haciendo uso de la guerra jurídica y empoderamiento de recursos legales. Así camuflan su accionar de preparación para el salto en espiral de la guerra civil generalizada en Colombia. Le apuntan a la guerra sucia. A los paros armados de las Bacrim. A la apología del delito, al asimilar que si los ex-combatientes de las farc pueden participar en política, igual podrían hacerlo los criminales narco paramilitares. Tras acontecimientos como el que factores o elementos, que continúan o se mantienen en armas, arremeten contra quienes se desmovilizaron; pues no escapa a los analistas que muchos de esos procederes también provendrán del Estado y las fuerzas militares. Alientan la tergiversación sobre el problema del narcotráfico, el secuestro y la conexidad de los delitos políticos. Para ellos es inexistente el delito político y por ende el de delincuente político, rebelde e insurgente. Bajo ese simplismo aplican es lo factico. Desde ya actúan bajo las consignas y las banderas falsas. Toda una práctica de publicidad enfermiza y desestabilizadora. Usufructúan los valores de la familia en contra de la convivencia humana y democrática de las minorías autónomas en su elección de vida sexual, bajo un oportunismo de desviación al propósito electoral del plebiscito. Notorio el despliegue propagandístico y perturbador de las bombas artesanales con volantes en sedes de la empresas promotoras de salud (EPS) en Bogotá. Justificando contra «la paz» de los ricos que no es la paz del pueblo (¡) bajo el factor distractor de ir contra lo acordado en La Habana. Igual sucedió cuando acudieron al Collar Bomba, colgado a una ciudadana, en Chiquinquirá, en el año 2000, para desprestigiar las conversaciones de las Farc en El Caguan, que sirvieron para rearmar el ejército nacional, aplicar el fatídico Plan Colombia y lanzar la candidatura del sinuoso Álvaro Uribe V.

Se dicen que son enemigos irracionales de lo acordado en La Habana. Aspiran a un golpe de mano contra el movimiento popular similar al efectuado por el militarismo pinochista, convencidos que persistirá el reinado de la oscura noche y el viva a la muerte en Colombia. «Cada año son asesinados (en Colombia, agrego) por las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior a las personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años de dictadura del General Augusto Pinochet», concluyó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de Ginebra en 2005.

La legalidad de la derecha

La derecha recalcitrante expresa una legalidad sui generis, emanada de su propia voluntad. Se dicen democráticos, pero ah mentís. Cuál fariseos desgarran sus vestiduras alga rabiando que se va a dar un evento electoral en Colombia (el plebiscito) «estando las guerrillas con las armas en la mano»; como si en más de cincuenta años de lucha armada, la insurgencia guerrillera no hubiera asistido, con su presencia militante y por demás permisiva y jamás aplicó un boicot generalizado a los eventos ilegítimos electorales en Colombia. Desconocen que estamos, por primera vez en Colombia, ante un evento electoral, que se lleva a cabo bajo la aplicación de un cese al fuego bilateral y definitivo, con una de las insurgencias y bajo el compromiso político de no estar de acuerdo- pero si respetar- lo pactado en La Habana, por parte de otra de las insurgencias: El Ejército de Liberación nacional (ELN)). Esto es digno de atención y ejemplo en el mundo!. No dejan de calificar de terrorista a los actos insurgentes de boicot y saboteo en lo económico y político, propios del escenario del desarrollo de la lucha armada rebelde e insurgente. No aspiran al fin de la guerra, persisten en sus sueños militaristas. Engañan al electorado bajo la generalización de impunidad por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por los insurgentes guerrilleros; desconociendo la aceptación de la comunidad internacional ante la garantía que también estará incluido el juzgamiento a los de la contraparte estatal, con todas sus variantes. Se constituyen en juez y parte para enunciar, como los más desprestigiados interlocutores, supuestos crímenes de guerra. Califican el secuestro como tal, sin serlo. Siendo un delito horripilante, no es un delito contra la vida; lo es contra la libertad personal. Tan horripilante como la extradición de nacionales y la condición de presos políticos en Colombia. Callan ante crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos. Posan de patriotas cuando conllevan el peso de la acusación histórica de cipayos apátridas entregando la soberanía territorial y nacional a los depredadores del capital invasor extranjero y a los intereses militares y expansionistas del imperio.

Y esa sinfonía inconclusa de actuación así concebida la centran en la figura mesiánica e histriónica de un descrestador culebrero paisa: Álvaro Uribe Vélez. Da grima tener que mencionar al sinestro personaje. Mismo que no actúa como un político de oposición, en esto del mandato constitucional por la búsqueda de la paz; sino como un disidente del bloque de poder oligárquico hegemónico en Colombia y como tal contradictor del mismo establecimiento. Encarna el poder personalizado. Vive políticamente en Colombia bajo la impunidad de 244 acusaciones en su contra en la Fiscalía y estrados judiciales. Ninguna próspera. Pero se le conoce en el mundo como el mejor colombiano o el peor, por soportar el mayor número de acusaciones en su contra por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Registramos la última acusación criminal en su contra asentada en La Corte Penal Internacional (CPI), por parte del centro CENIC INTERNACIONAL, que luego de detenido estudio decidió incluir a este personaje de la vida pública colombiana en la lista pública de corruptos y criminales de lesa Humanidad (CLH). Conocida por sus avanzados estudios geopolíticos y sociales, CENIC INTERNACIONAL, como institución de carácter no gubernamental, con sede en USA, conocida por su amplia difusión de filosofía humanista, de respeto a los derechos humanos y rescate de los valores morales humanos, decide acusarle en un listado de cargos criminales que pesan sobre el sindicado, debidamente sustentados y justificados. Junto a su Observatorio de Derechos Humanos a nivel Global, consideró necesario hacer público el sensible listado de delitos atribuidos, radicándolos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,

A la Corte Penal Internacional (CPI) le cabe competencia para conocer de denuncias penales, por crímenes de guerra y lesa humanidad, contra personas individualizadas. Complementa las investigaciones de las jurisdicciones penales en el país o países donde ocurrieron los hechos; o en sede de instancia, cuando en ese país no prosperan las investigaciones radicadas. No es competente para adelantar investigaciones contra un estado, ni un gobierno; por lo cual no les es dable alegar al sequito del acusado su calidad de ex presidente. Dado el carácter de demanda radicada opera el presupuesto obligatorio de poner al acusado a disposición del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Pese a un sistema electoral tan corrupto en Colombia nos corresponde, en desventaja, esperar el resultado. En tanto estaremos, como en el canto de La Cigarra, todo un año bajo la tierra, preparándonos para la guerra!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.