La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, plataforma en la que nos integramos varias organizaciones de Valencia (España), que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, queremos mostrar nuestra profunda preocupación ante la información relativa a la detención y encarcelamiento de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El […]
La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, plataforma en la que nos integramos varias organizaciones de Valencia (España), que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, queremos mostrar nuestra profunda preocupación ante la información relativa a la detención y encarcelamiento de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El día 23 de febrero de 2017 fue detenido este joven activista, en la ciudad de Bogotá. La detención de Mateo fue acompañada por las declaraciones del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Estas declaraciones culpaban a Mateo de perpetrar múltiples atentados en la ciudad de Bogotá. De la misma manera, importantes periódicos y canales de televisión reprodujeron la noticia con nuevas acusaciones igualmente graves. Sin embargo dichas acusaciones no están acompañadas de ninguna prueba contundente y las pocas que se han presentado son bastante problemáticas.
Tres acusaciones que se le hacen a Mateo demuestran la poca seriedad con la que ha actuado el gobierno en el caso de Mateo: 1. Se insiste en llamarle «alias Mateo», cuando Mateo es su nombre pila; 2. Se le inventa un «curso de explosivos en Cuba», siendo que el viaje de Mateo a Cuba a principios de este año lo hizo en compañía de su mamá y con fines recreativos; 3. Se presenta un testimonio que incrimina a una persona «morena, alta, de cola y depilada» en una bomba panfletaria que estalló en la sede centro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), pese a lo oscuro de dicho retrato hablado podemos decir que ciertamente esa no es la apariencia de Mateo: él es blanco y de pelo corto. Por otra parte, el día de dicho atentado Mateo se encontraba en una actividad cultural en la Biblioteca Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional. Como se ve, ninguna de estas pruebas son suficientes para privar a Mateo de su libertad, él en estos momentos se encuentra recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Pese a la debilidad de las anteriores acusaciones, manifestamos nuestra preocupación frente a la presión que éstas ejercen sobre el proceso de Mateo, al vulnerar su derecho a la defensa, a su buen nombre y a la presunción de inocencia. Además de las presiones que podrían llegar a ejercer sobre la decisión del juez por venir desde altas instancias del poder estatal.
La acusación en contra de Mateo es una más en una serie de montajes judiciales contra miembros de la comunidad académica que promueven y actúan en conformidad con el pensamiento crítico. Hace sólo dos años otro miembro de la Universidad Nacional, el profesor de sociología Miguel Ángel Beltrán, fue acusado de pertenecer a la insurgencia armada y de reclutar estudiantes. Después de varios años de cárcel y falsas pruebas, se logró demostrar la inocencia del profesor y fue puesto en libertad. De la misma manera en el 2015, 13 estudiantes y egresados de varias universidades de Bogotá, entre ellas la Universidad Nacional, fueron detenidos acusados de pertenecer a otra insurgencia armada y de poner explosivos en Bogotá. Después de varios meses de defensa se logró determinar que no había pruebas suficientes para dichas acusaciones.
Lamentablemente Mateo es la nueva víctima de la persecución que se viene ejerciendo al pensamiento crítico y que en los últimos tiempos ha arreciado: el 21 y 22 de marzo de este año fueron encarcelados varios líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el sur del departamento de Bolívar, acusados de apoyar la insurgencia armada.
Nos solidarizamos con Mateo y con su familia, primeros afectados por esta situación. Solicitamos el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones de Derechos Humanos, de la Defensoría del pueblo y de todas las instancias competentes para este caso, con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto de sus derechos.
Exigimos al Gobierno colombiano que cese la persecución al movimiento social colombiano en general y al movimiento estudiantil en particular.
Que cese la criminalización al pensamiento crítico y a la protesta. Nos preocupa lo presuroso que es el gobierno al acusar al pensamiento crítico de terrorismo, y lo lento que es en esclarecer el accionar paramilitar contra el movimiento social.
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