La corrupción en la compra de material sanitario en Canarias

A partir de que la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada empezó a investigar desde el 8 de abril de 2022 a la empresa RR7 United SL, por comisión de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS), que les abonó esa cantidad por adelantado para la adquisición de un millón de mascarillas FFP2 que nunca recibieron, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) en un comunicado emitido el 23 de mayo de ese año, exigió “al Gobierno de Canarias la destitución inmediata de los responsables políticos y que coadyuve a la vía judicial frente a las posibles responsabilidades penales.”

Posteriormente, la ADSPC se unió como acusación popular a la querella presentada por la fiscalía contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez; la anterior responsable, hasta su dimisión, de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la empresa adjudicataria del contrato (RR7 United SL, una empresa de automoción sin experiencia en el sector sanitario), al apreciar indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias (y a los que el titular del juzgado añadió malversación de fondos públicos) , estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos imputados al empresario.

La ADSPC tenía motivos y razones de sobra para personarse en la querella haciendo nuestro el contenido de la misma, los documentos aportados, y las diligencias y medidas cautelares propuestas, así como las admitidas por el Juzgado que también hicimos nuestras incluso si fueran renunciadas por el Ministerio Público. Y todo ello sin perjuicio de las diligencias de prueba que la ADSPC, actuando como acusación popular, pudiera proponer.

Efectivamente, en el transcurso de las diligencias previas, la ADSPC remitió al Juzgado de Instrucción hasta nueve preguntas que pretendía que respondiera el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el marco de dicha investigación. Estas fueron las 9 preguntas:

1. ¿Quién designó los miembros del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para el COVID 19, especialmente quien propuso para la misma a Conrado Domínguez como miembro del mismo?
2. ¿Asistió el presidente a todas las reuniones? Y en caso de no asistir a alguna, ¿Cómo conocía los acuerdos?
3. ¿El Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para el Covid-19 del que trata las presentes diligencias previas es el mismo órgano que el Comité Científico para la Gestión de la Emergencia Sanitaria para el Covid-19 que figura citado en la página 32909 -apartado VII- del BOC nº 152, de 26 de julio de 2021? Si se tratara del mismo órgano, ¿se hacían actas de las sesiones tal y como se señala en dicha publicación? Si fuera distinto órgano, ¿puede señalar a los miembros de dicho Comité Científico?
4. ¿Quién es el miembro del citado Comité de Emergencias Sanitarias que elabora o traslada los contenidos publicados en el Portal de Noticias del Gobierno de Canarias sobre los acuerdos de las reuniones del Comité de Gestión de emergencias publicados en la página web: https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/tag/comite/.
5. ¿Se grabaron en vídeo las sesiones de dichas reuniones, tal y como parece deducirse del citado portal de transparencia del Gobierno de Canarias? (aunque no pueden ser visionadas).
6. ¿Decidió el Comité de Emergencias Sanitarias que la factura de RR7 United Limited SL, aunque es superior a los dos millones de euros, no pasara por el trámite de aprobación por el Consejo de Gobierno?
7. ¿Decidió el Comité de Emergencias Sanitarias que el Director General de Programas Asistenciales realizara informes para justificar la compra de las mascarillas a RR7 United Limited SL?
8. ¿Se autorizó por el Comité de Emergencias Sanitarias a Conrado Domínguez para que pudiera dar instrucciones en nombre de dicho órgano a las distintas direcciones generales del Servicio Canario de Salud?
9. ¿Conoce si algún otro miembro del Comité, además de Conrado Domínguez, mantuvo algún contacto o relación con la empresa RR7 United Limited SL, o con su administrador único, o con otra/s persona/s que prestaran servicios para la misma?

Conrado Domínguez se vio obligado a dimitir como director del SCS, aunque la querella no prosiguió en Canarias ya que  en noviembre de 2022, el juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria transfirió el caso a la Fiscalía Europea que lo pidió al tratarse de fondos europeos. Cabe añadir, que este mismo mes de marzo de 2024, la Agencia Tributaria Canaria certifica que no ha logrado recuperar un solo céntimo de los cuatro millones de euros pagados sin garantía ni cautela alguna. También, recientemente, la Fiscalía Europea ha levantado el secreto sobre las diligencias del caso, tras más de un año y tres meses de investigación que ha arrojado la posible implicación en los hechos de nuevas personas, indagando en 24 contratos del Servicio Canario de la Salud para el suministro y transporte de material sanitario, pagados a precios muy superiores a los oficiales de mercado, por 31,9 millones de euros. Además, hemos conocido que Conrado Domínguez ya ha sido citado a declarar, de nuevo, como imputado, esta vez por la Fiscalía Europea.

Siguen siendo muchos los interrogantes, pero con la vuelta de tuerca que se deriva de los nuevos giros del caso en el marco estatal, se acerca la definitiva clarificación política y penal. Mientras tanto, ante las pruebas que presuntamente implican a Conrado Domínguez, hemos pedido la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones en su plaza de funcionario, por los mismos hechos que se investigan en procedimiento penal y que pueden y deberían ser constitutivos igualmente de expediente disciplinario administrativo y que podrá extenderse durante todo el procedimiento penal de acuerdo con sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2020.

Ahora, con las derivaciones y ramificaciones del “caso Koldo”, ya la Fiscalía Anticorrupción, en otra querella, ha enviado a la Fiscalía Europea contratos de dicho caso firmados con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario. En Canarias, la propuesta de contratar a “Soluciones de Gestión” S.L. salió del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para el COVID 19 presidido por Ángel Víctor Torres , como confirmó la Directora de Recursos Económicos del SCS a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), y en el que Conrado Domínguez, a propuesta de Ángel Víctor Torres, ejerció el relevante papel de coordinador técnico, lo que también comprendía lo referente a los contratos de compra de material sanitario. En cuanto a los contratos del “caso Koldo”, con un valor superior a los 12,3 millones de euros, atravesaron varias incidencias ya que “Soluciones de Gestión” entregó un material que no se ajustaba al pedido, las mascarillas no eran FFP2, y en Canarias dicha empresa vendió esas mascarillas a un precio inferior y por ello se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente. El Servicio Canario de Salud siguió trabajando con la empresa vinculada a Koldo García. Así, adjudicó otro contrato por 5 millones de euros para la compra de 2 millones de mascarillas FFP2.

A las anteriores, hay que añadir una tercera querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas, en la que acusa de un delito contra la Hacienda Pública a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia. Los contratos fueron adjudicados por importe de 23,9 millones de euros, aunque entre nueve y diez millones es la cantidad que se corresponde a material que no llegó. Según la Fiscalía, las entidades mercantiles Damco Trading Services, SA y Tanoja Services, SL, ambas con domicilio fiscal en Madrid, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por Covid-19 para el suministro de material sanitario destinado a los hospitales públicos de las Islas. En total, Damco percibió alrededor de 19,6 millones de euros en diez adjudicaciones. Esta misma empresa también fue adjudicataria por el Gobierno vasco de un contrato de 82.000 euros para suministrar mascarillas y también recibió 361.000 euros de la Diputación Foral de Álava para adquirir material sanitario contra la pandemia. Por su parte, Tanoja Services sumó tres contratos por valor de 4,23 millones de euros que se efectuaron entre el 19 de enero de 2021 y el 6 de mayo de ese mismo año.

 La querella de la Fiscalía Provincial se dirige contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, Noel Jammal Fernández, el ex diputado autonómico, Lucas Bravo de Laguna, y Christian Cerpa Espino. El Ministerio Público destaca que las cantidades recibidas del SCS tanto por Damco como por Tanoja Services fueron después transferidas a dos entidades mercantiles y añade que “ninguno de los perceptores de los importes transferidos, comprobados en los procedimientos de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios”. Además del presunto fraude fiscal de los empresarios que hicieron de comisionistas, se apunta la posibilidad de que también se hubiesen podido producir delitos de malversación, blanqueo y prevaricación.

Otro aspecto que ha trascendido, se refiere a un contrato de compra por 1,31 millones realizado por el procedimiento de urgencia, emitido el 20 de abril 2020, un día antes de que la sociedad adjudicataria, Central Sanytary Traders Spain SL, apareciera constituida en el Registro Mercantil de Las Palmas con Diego Luis C.M. como administrador único.

Por otro lado, hay que señalar que los gerentes y los directores de gestión de todas las gerencias del SCS recibieron material que tuvieron que “aparcar”, porque en algún momento se les envió comunicación de que no valía.  Así que ese material está ahí, como testigo cierto de lo mal que se hicieron las cosas. Por ello, desde la ADSPC apelamos a los gerentes y directores de gestión como testigos responsables de lo sucedido, para que rompan su silencio y den cuenta de todo ello como ejercicio de un deber cívico.

En todo momento, la ADSPC ha actuado en consecuencia, ya que perseguimos sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, así como la máxima transparencia en una gestión trascendental para el buen funcionamiento de la sanidad pública y por tanto para la salud de la población.

Fuente: https://hojasdebate.es/sanidad/corrupcion-compra-material-sanitario-canarias/

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