La modificación de la Ley de Costas realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy supone una importante desprotección del litoral y un trato de favor para el capital especulativo. La defensa del uso público de la costa se vuelve más necesaria que nunca. La defensa del territorio es un rasgo característico de la historia reciente […]
La modificación de la Ley de Costas realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy supone una importante desprotección del litoral y un trato de favor para el capital especulativo. La defensa del uso público de la costa se vuelve más necesaria que nunca.
La defensa del territorio es un rasgo característico de la historia reciente de nuestras islas. Los miembros del GIST y del GOB especulamos a menudo sobre los motivos de esta singularidad respecto de nuestro entorno geográfico. Parece que nuestra dependencia del turismo ha promovido alianzas en este sentido, como la de hoteleros con ecologistas en favor de la protección de los espacios naturales. Esta misma defensa del territorio ha recibido el apoyo de la población local, que se ha manifestado a su favor más que por cualquier otra reivindicación. Puestos a elegir un rasgo que compartimos como pueblo, la protección del territorio ha sido especialmente importante.
Pero la tensión con los intereses especulativos y urbanísticos es constante. El capital especulativo aprovecha esta singularidad balear, que paradójicamente hace más rentables sus inversiones. El atractivo de nuestra costa es uno de los mejores ejemplos, por ser el entorno paisajístico y recreativo más preciado de nuestro territorio. La costa balear ha sido protegida con numerosas figuras legales. Fijémonos por ejemplo en la declaración de Paratge Pintoresc de la Serra de Tramuntana en 1972, o la protección de las franjas vírgenes de la costa con los Planes de Ordenación de la Oferta Turística, de 1995 para Mallorca y de 1997 para Ibiza y Formentera. La legislación estatal también ha defendido la orilla del mar con la Ley 22/1988 de Costas.
En una muestra más del pulso entre la protección y la especulación territorial, Miguel Arias Cañete, ministro de medio ambiente del gobierno presidido por Mariano Rajoy, ha promovido la modificación de esta norma con la Ley 2/2013, publicada este mes de mayo. La grosería de este ministro es célebre desde su intento de aprobación de un Plan Hidrológico Nacional para trasvasar agua del Ebro que acelerase la burbuja inmobiliaria en Valencia y Murcia. Entonces, el año 2000, Arias Cañete era ministro de agricultura del gobierno presidido por José María Aznar y anunciaba la aprobación de su PHN «por cojones» y al son de una «marcha militar».
La Ley 2/2013 desprotege buena parte de los sistemas dunares (totalmente en Formentera) y todas las salinas, legaliza parcelaciones y la consolidación de edificaciones costeras, y alarga y consolida las concesiones dentro del dominio público marítimo-terrestre (por ejemplo, los puertos y de otras edificaciones; todo el mundo conoce alguna piscina o chaletazo a orilla del mar …). Se permite que las actividades humanas avancen hacia el mar, sin tener en consideración los riesgos del cambio climático, que ya sube el nivel del mar en Palma 2 mm por año y previsiblemente subirá entre 30 centímetros y 1 metro antes de 2050. Como no podía ser de otra manera tratándose de un personaje tan falso como Arias la han titulada «ley de protección y uso sostenible del litoral». Pero la lista de fechorías de esta modificación de la Ley de Costas se extiende aún más. Amplía las autorizaciones de ocupación (por ejemplo para bares, quioscos y tumbonas) de 1 a 4 años. Los tramos urbanos de playa podrán ser transformados para garantizar su prestación de servicios. Autoriza la ocupación y uso extraordinario de las playas urbanas para la «celebración de eventos de interés general con repercusión turística». Averigüe cada uno si será coincidencia o respuesta a demandas empresariales, por ejemplo, de los Matutes en la playa den Bossa para extender el Ushuaia con el Eivivegas, o de los Escarrer para hacer igual con el Calvià Beach Resort en Magalluf.
Los derechos públicos de acceso al mar, uso de las playas o, simplemente, disfrute del paisaje libre de edificaciones no nos han llovido del cielo. A raíz de lo que nos cuenta la historia, hay que advertir que los capitales especulativos aprovechan la actual coyuntura de crisis y gobierno neoliberal para ganar terreno y tomar derechos a la ciudadanía. Si la defensa del territorio aún nos importa, la defensa del uso público de la costa, modestamente colectiva pero perseverante, es más necesaria que nunca.
Publicado originalmente en catalán en la Web del Ateneu Pere Mascaró el 5 de julio de 2013. Traducción al castellano de Alba Sud.
Fuente: http://www.albasud.org/