La actual explosión inmobiliaria es comparable con un cáncer que se extiende por el territorio peninsular, cuyas metástasis ya no sólo se reproducen en torno a las grandes urbes y el litoral, sino que comienzan a proliferar en zonas rurales del interior, como la comarca cacereña de La Vera. El autor analiza los impactos y […]
La actual explosión inmobiliaria es comparable con un cáncer que se extiende por el territorio peninsular, cuyas metástasis ya no sólo se reproducen en torno a las grandes urbes y el litoral, sino que comienzan a proliferar en zonas rurales del interior, como la comarca cacereña de La Vera. El autor analiza los impactos y peculiaridades del modelo de desarrollo urbano en esta comarca, donde la agricultura tradicional y los recursos naturales sucumben ante el acoso de la cada vez más extendida especulación inmobiliaria y del incremento del turismo.
El ecosistema de La Vera, en la cara sur de la Sierra de Gredos, es privilegiado por abundantes precipitaciones y sus temperaturas suaves que posibilitan una gran diversidad biológica. Esta comarca estaba relativamente aislada y su economía se sustentaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Pero la mejora de las comunicaciones viarias la colocó a poco más de dos horas de Madrid, lo que unido a los precios bajos del suelo empezó a atraer capitales y población urbana, bien para residir permanentemente, bien para segunda residencia y, cada vez más por mera inversión y/o blanqueo de dinero.
Pero la peculiaridad del modelo de desarrollo urbano verata es su carácter difuso; no se trata sólo de urbanizaciones y grandes promociones, que las hay, sino de la proliferación de viviendas y negocios de hostelería aislados en el campo, que se han superpuesto a la tradicional dispersión de edificios agropecuarios. Todo amparado en una legislación que permite edificar en suelo rústico cuando la parcela es superior a 1-1,5 hectáreas. Es un tipo de explosión especulativa menos espectacular pero contra la que es más difícil resistir porque es espontáneo e individualizado. A mayor difusión residencial y urbanística, más servidumbres se imponen al territorio y mayor presión se ejerce sobre los recursos naturales: más caminos, a menudo de cemento, para un uso ampliado del transporte privado, más captaciones dispersas de agua con pozos de sondeo -casi siempre ilegales-, más producción diseminada de aguas negras, residuos sólidos, escombros, etc., más tendidos eléctricos, más movimientos de tierra, más extracción de áridos en la ribera del maltrecho río Tiétar, más erosión…
No obstante, la llegada de capitales y personal urbano es percibida positivamente por las administraciones y por la mayoría de la población autóctona porque son sinónimo de empleo y freno al envejecimiento demográfico que arrastran los pueblos. Pero a medida que el proceso se acelera se está tomando conciencia de que este boom inmobiliario provoca importantes cambios sociales, culturales y ambientales no deseados, sobre todo porque además coincide con una profunda crisis de la actividad agrícola y ganadera en la región.
El cultivo del tabaco, sector clave, ha entrado en declive debido a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que impone una reducción progresiva de las subvenciones a esta producción, sin las cuales es inviable. Posiblemente en 2010 este cultivo empezará a desaparecer. Por otro lado, la agricultura tradicional, que ya entró en crisis a finales de los ’50 y quedó restringida al autoconsumo familiar, está en trance de desaparición, y nos encontramos con que lo único que tira del empleo es la construcción y los servicios asociados a ella y al turismo. La presión del ladrillo incentiva la venta de fincas agrícolas y el abandono del olivar, el higueral, las viñas y el castañar, cuya producción tiene cada vez menos valor de cambio, mientras que el suelo se encarece y revaloriza constantemente. A su vez, esas fincas que cambian a uso residencial o turístico compiten con la actividad agrícola por el uso del agua o cortocircuitan los desplazamientos del ganado extensivo.
El fenómeno inmobiliario implica también la pérdida de la agricultura tradicional y de sus bienes materiales (semillas, variedades frutícolas, acequias, aterrazamientos) e inmateriales (la sabiduría popular aplicada al manejo eficiente y productivo del ecosistema). Y es que, paradójicamente, el desarrollo urbanístico también aquí pasa por la pérdida y destrucción del bello patrimonio arquitectónico heredado que es sustituido por un estilo falsamente rural, cuando no por el modelo universal de vivienda de adosado, chalet y piso.
El progresivo abandono de tierras agrícolas y la desaparición de los rebaños han provocado una colonización del matorral y del bosque cerrado que incrementa el riesgo de incendios en una comarca con larga tradición incendiaria. Las casas diseminadas en este polvorín son un claro riesgo y una dificultad añadida a los operativos de extinción de incendios, en la que no parece pensarse.
Este cóctel de especulación, incremento del turismo, tercerización de la economía y pérdida de toda tradición parece irreversible, pero tiene también obstáculos físicos y ecosistémicos, sobre todo la cada vez más limitada disponibilidad de agua. Estamos hablando de una comarca cuyas administraciones promocionan turísticamente el agua de sus gargantas, cuando en el verano de 2006 sus pueblos tuvieron serios problemas de abastecimiento de agua potable. Pueblos que pese a todas las campañas de «excelencia turística» todavía vierten directamente las aguas residuales a las gargantas (eso sí: por debajo de la zona de baños).
La única luz en este sombrío panorama es que cada vez se extiende más la crítica social a esta depredación del territorio, y que al tiempo surgen iniciativas para intentar habitar de otro modo este espacio rural a través de la agricultura y fruticultura ecológicas, el desarrollo de energías renovables, redes de apoyo mutuo, asociaciones culturales, pero la pregunta que nos hacemos es si esta orgía del cemento parará antes de que destruyamos completamente esta bella tierra que nos acoge. ¿Hasta cuándo?
* Fernando Llorente, miembro de la Plataforma Antinuclear de La Vera