La crisis de la desvergüenza

 

Es difícil, dada la catarata de artículos que analizan la actual crisis, añadir algo original a lo ya escrito, por lo tanto podría ser más útil para el enfoque de nuestro colectivo esbozar algunas reflexiones capaces de responder a unos planteamientos apriorísticos que, disfrazados de novedosos, mantienen el erre que erre de los postulados neoliberales o incluso dar una nueva vuelta de tuerca en detrimento de los pocos derechos sociales que a duras penas aún se mantienen en pie.

 

En primer lugar, situemos en el centro del debate una idea motriz, ¿quién debe pagar la crisis? Analizando las distintas propuestas pretendidamente «de choque» que han puesto en marcha los gobiernos, nos encontramos con que al final subyace la respuesta de siempre: lo hará la clase trabajadora aunque ella no haya estado en la génesis del hundimiento ni tenga responsabilidad ni en su gestación ni en su desarrollo. Y por eso resulta llamativo que mientras se nos inunda con cifras astronómicas sobre el coste del rescate financiero que, sin discusión, debe asumir toda la sociedad, no se pone el mismo énfasis en valorar a quien está golpeando con más crudeza la situación, cuales son los sectores realmente castigados y si se ha establecido como actuación prioritaria mejorar las condiciones de estos grupos sociales. La respuesta está clara: No.

 

Desde primera hora se sigue el guión tradicional que el capitalismo pone en marcha para estos casos: asfixiarnos con números (porcentaje de parados, empresas cerradas, endeudamiento global, relación de éste y el PIB…) para que dejemos de ver tras las cifras a seres humanos golpeados por tragedias personales. Por lo tanto, un ejercicio mental -obligatorio y previo- es recuperar la capacidad de enfocar los puntos importantes y despreciar la anécdota, negándonos a ser partícipes del culebrón «los ricos también lloran».

Sobre la mesa queda nuestra primera idea: la crisis no la deben pagar los de siempre. Tras ella, detallemos una retahíla de «noes»:

 

No a una salida que suponga la anulación de los ya menguados y raquíticos derechos laborales.

• No rotundo a quienes en el río revuelto del miedo a perder el puesto de trabajo vean su ganancia en los EREs abusivos, la situación laboral aún más precaria o el soñado -por la patronal- despido libre.

• No a quienes con una mano piden la intervención estatal (ejemplo descarado y último sería la intervención de Francisco González, presidente del BBVA el pasado 23 de febrero en la Vª Conferencia Internacional del ABC ) y con la otra niegan cualquier derecho de decisión en asuntos económicos a ese mismo Estado.

• No, con eco multiplicado de huelgas, a los intentos de la patronal para acabar con el derecho de los trabajadores a una necesaria y justa negociación colectiva.

• No a un Gobierno, que se dice socialista y consiente a la banca privada usar los 50.000 millones € prestados para sanear sus propios problemas económicos y no exige que los fondos sean exclusivamente utilizados en préstamos a pymes y particulares.

 

Continuaríamos con un análisis de lo que esconde la propuesta «abaratar / rebajar» los costes de producción y «cargar el debe en los salarios» pidiendo «moderación y contención»; eso sí, siempre unida a la necesaria «flexibilidad en el empleo».

 

Para rebatirla basta con acudir a los datos disponibles y una buena síntesis nos la proporciona Daniel Lacalle ( ver su artículo » La crisis y los trabajadores » en el número 253 de la revista » El Viejo Topo» ): hace un mes – hoy las cifras deberían revisarse al alza – nuestro país superaba los 3 millones de parados, 5 millones de trabajadores tenían un contrato temporal, de los contratos creados como «indefinidos» 5 millones lo habían hecho recortando derechos, 2.5 millones de asalariados lo hacían a tiempo parcial, 1.5 millones estaban por debajo del salario mínimo interprofesional, seguramente más de 2.5 millones estén en la economía sumergida, 1.1 millones de parados no reciben prestación alguna… y para qué seguir.

 

Así que cuando nos demanden «precarizar coyunturalmente» podamos interrogarnos con un «¿ más aún?» a no ser que estemos ante una interpretación marxista vuelta al revés, en la que desde una etapa postindustrial, nos saltemos la etapa industrial -por cercanía cronológica- para llegar en unas décadas a un régimen económico feudal que abra las puertas a la servidumbre y nos permita alcanzar -tras una fase de esclavitud sin disimulos- una ansiada sociedad depredadora sólo un poco distinta de la actual.

 

A continuación recordemos lo obvio: este modelo, hoy denostado y hasta hace unos días ardientemente defendido no es flor de un día. A los españoles de a pie que en buen número experimentaron el vértigo ficticio del nuevo rico cabría subrayarles algunos elementos que siempre estuvieron ahí:

 

1º. En nuestro país aún en los momentos más álgidos del desarrollismo basado en el ladrillo, la tasa de paro siempre se ha situado muy por encima de la media europea y nunca, desde los años 70, ha bajado del 8% (sería justo añadir que esa cifra encendería los pilotos de alarma en la mayoría de países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos).

2º. El estallido de la burbuja inmobiliaria estaba implícito en las consecuencias que podían tener las distintas normativas legales sobre el suelo, cuyo paradigma lo representaría la «ley del Suelo de 1997″ que en la práctica, emulando los letreros del » todo a cien» que en la época florecieron, ponía en grandes rótulos » Todo urbanizable» sin que fuesen demasiadas las voces que en aquel instante nos acompañaban en la discrepancia, cuando muchos Ayuntamientos miraban no a las consecuencias sino a la caja recaudadora, se podía alardear de estar en la política para forrarse sin que pasase nada, el pelotazo ( con el consiguiente enriquecimiento) súbito suponía ascenso y reconocimiento social y la estética neo-hortera del alardeo que sustituía la camisa de cuellos abiertos, el peine en el bolsillo trasero y la cadena de oro, por el cochazo, el chalet y el campo de golf, significaba ir a la moda.

3º. El crecimiento lo ha sostenido, secreto a voces, el déficit exterior dejando que el endeudamiento neto exterior supere el 70% del PIB.

4º. Hemos comprado como nación, sin leer las contraindicaciones, cualquier producto (el caso del referéndum sobre la mal llamada Constitución Europea sería ilustrativo) que llevase la etiqueta Europa. El diseño de una Unión Europea ideada por los poderes económicos siempre ha contado con el beneplácito de los Gobiernos de turno y la aquiescencia de las burocracias sindicales, aunque el acatamiento sin rechistar significase anular cualquier capacidad de maniobra en momentos de turbulencia.

5º. Cuando advertíamos el peligro de poner el lucro privado sin límites por encima de cualquier consideración social, se nos respondía con la «capacidad de autorregulación del mercado», menospreciando que el afán de enriquecimiento es por naturaleza voraz e insolidario.

6º. Olvidando las enseñanzas prácticas de crisis bancarias anteriores ( finales de los 70, principios de los 80 ) saldadas con ayudas y saneamiento a cargo del contribuyente , la espiral de reconversiones y privatizaciones industriales coetáneas, se llevó por delante ( al alimón los gobiernos PSOE – PP ) una potente banca pública que hasta 1990 manejaba el 15% de los créditos- el 20% una década antes – y que fue agrupada en la corporación Argentaria para una mejor venta, prescindiendo además de la red constituida por una Caja Postal que llegaba al último rincón del país, entregando esta última al Deustche Bank.

 

Y por último, propongamos teniendo claro que cuando la derecha gobierna pone en práctica sus tesis amparándose en la legitimidad y la fuerza de sus votos. La izquierda si aspira al poder debe aplicar su programa (por desgracia sigue siendo necesario repetir tres veces el mantra «programa, programa, programa» para advertir que una izquierda nominal, sin alternativas propias es sólo humo) y no caer en la trampa de «imbuirse de responsabilidad» para terminar aplicando las ideas del capitalismo.

 

Para eso ya están ellos. Denunciemos el falso axioma del «yo gobierno para todos» introducido por la más estéril progresía que oculta el miedo a plantear otro camino por el miedo a enfrentarse a los poderes fácticos, comprándoles a sabiendas la última bala que el poder económico siempre guarda en la recámara: el chantaje de que cualquier planteamiento que menoscabe un ápice sus intereses traerá consecuencias desastrosas para todos.

 

Por ello, es necesario recuperar un discurso propio que subraye la necesidad de un sector público fuerte como pilar social y para ello debemos auspiciar:

 

a. Quitar la actual independencia del Banco Central Europeo. Las directrices económicas emanan de los poderes públicos refrendados por el voto popular.

b. Volver a poner en funcionamiento una Banca Pública que gestione y de créditos a particulares, Pymes, cooperativas…

c. Incentivar la economía mediante la inversión estatal directa con un programa de obras públicas que en sus bases (pliego de condiciones) prime no a las grandes constructoras que a la vez subcontratan hasta el infinito sino a las pequeñas empresas y cooperativas que incluyan entre su proyecto el mayor número de puestos de trabajo estable.

d. Se puede actuar en uno de los sectores que más está sufriendo la situación, la construcción mediante un programa que contemple la vuelta a las promociones de Vivienda Pública, la autoconstrucción o la rehabilitación de edificios.

e. Aplicación por ley de la Renta Básica o mínimo vital.

f. Desempolvar nuestra querida reivindicación de la reducción en la jornada laboral (35 horas), única posibilidad de hacer compatible la cacareada conciliación de vida laboral y familiar y siguiendo la línea del tercer punto de este apartado primar a las empresas que la apliquen.

g. Potenciar la inversión pública tanto en I+D (energías alternativas, nuevas tecnologías, medicina…), como en el desarrollo de infraestructuras y en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia…).

h. Favorecer mediante la formación y el apoyo técnico y económico la creación de nuevas empresas (cooperativas, pymes…) que sirvan para crear empleo y dinamizar la economía productiva.

i. Crear una plataforma de izquierdas con partidos, sindicatos, organizaciones sociales…que defienda en la calle, en foros, en medios de comunicación, en programas electorales, un modelo avanzado de bienestar social y un cambio real de modelo económico que nos acerque al socialismo.

 

Por supuesto que la puesta en marcha de estas y otras muchas medidas posibles tiene un coste pero, ¿acaso la actual situación y el programa de ayuda a la Banca privada nos está saliendo gratis?