Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos -los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población. Esta distancia […]
Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos -los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población. Esta distancia está creando un enorme problema de legitimidad para las instituciones políticas representativas, pues la mayoría de la ciudadanía considera que las políticas llevadas a cabo por tales instituciones no responden a sus intereses, expresando, por lo tanto, su desacuerdo. Así, según la última encuesta Metroscopia para El País, la gran mayoría (el 73%) rechaza la reducción de las prestaciones sanitarias, incluyendo los recortes de gasto sanitario (este porcentaje incluye también el 58% de los votantes del partido gobernante, el PP). Otras encuestas señalan también la oposición a los recortes de las transferencias y otros servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a elementos importantes de la reforma laboral, incluyendo la facilidad del despido y el sesgo pro empresarial de la reforma. También muestran animosidad hacia la política de desahucios llevados a cabo por la banca. En cada una de estas políticas públicas la opinión de la sabiduría convencional del establishment político y mediático ha sido favorable a su implementación y desarrollo, contrastando tal actitud con la actividad claramente desfavorable hacia ellas por parte de la mayoría de la población.
En realidad, este contraste alcanza niveles sorprendentes cuando la mayoría de la población (con mayorías incluso entre los votantes del PP) apoya medidas como el establecimiento de bancas públicas (el 52% de la población está a favor mucho o bastante, contra el 27% que está poco o nada a favor. Entre los votantes del PP -según la última encuesta Metroscopia para El País-, el 46% está a favor y el 31% en contra -), que casi nunca se han discutido ni en los mayores medios de difusión ni en los forums de mayor incidencia en las instituciones representativas, como en las Cortes Españolas.
Todos estos datos señalan la existencia de circuitos alternativos a los del establishment político y mediático, que contribuyen a desmitificar la sabiduría convencional promovida por tales establishments. Tales circuitos presentan alternativas que apenas se han discutido en aquellos forums del establishment. Aparecen así dos Españas: una, la España del establishment que está perdiendo credibilidad y legitimidad, y otra España alternativa, todavía poco configurada, que se moviliza en protesta, en la que los movimientos sociales -como el 15-M- y los sindicatos juegan un papel clave. Estos movimientos son frecuentemente presentados maliciosamente por los órganos del establishment como anti-sistema o anti-sociedad, asumiendo erróneamente que ellos mismos -los establishments- son los que representan a la sociedad, identificando sistema económico y sociedad como conceptos idénticos. En realidad, es el establishment el que está desacreditando y deslegitimando la democracia española, pues su comportamiento, imponiendo unas políticas públicas que no estaban presentes en los programas electorales de los partidos gobernantes, está destruyendo la legitimidad de tales instituciones. De ahí que sean los movimientos sociales y los sindicatos los que son movimientos auténticamente prodemocráticas que desean terminar con la instrumentalización de las instituciones democráticas (que los sindicatos y movimientos sociales, de hecho, jugaron un papel clave en su establecimiento) actualmente subordinadas a los intereses financieros y económicos a los cuales nadie ha elegido. Es el establishment el que es antidemocrático y anti-sistema, habiendo usurpado un poder que no les corresponde. No es de extrañar que la figura del gobierno PP más identificada con tales políticas, el Sr. Luis de Guindos, ministro de economía, sea el ministro peor valorado del gobierno ¿Con qué legitimidad democrática puede el Sr. Luis de Guindos ir proponiendo e implementando políticas tan impopulares que no fueron aprobadas en ningún comicio electoral y que gozan de tan poca confianza entre la población?
Ni que decir tiene que el establishment es plenamente consciente de sus enormes vulnerabilidades y de ahí su deseo de atemorizar a la población con la reducción de libertades civiles y políticas, criminalizando la resistencia pasiva, identificándola como violencia. En realidad, desde Martin Luther King hasta Gandhi, la experiencia histórica muestra que es precisamente tal resistencia pasiva la alternativa a la violencia, la cual se está deliberadamente estimulando con las medidas represivas y reducción de libertades cívicas a fin de desacreditar tales movimientos. La violencia, tanto la de los elementos descontrolados, como por parte del Estado, es profundamente reaccionaria, y sirve al propósito de mantener un sistema cuya representatividad y legitimidad se está reduciendo rápidamente.