Tanto en las asambleas de trabajadores del sector público como en las deliberaciones del consejo de ministros son continuos los pronunciamientos en pro de una mayor intervención judicial para exigir responsabilidades a los gestores que han ocasionado o agravado la crisis económica. En las asambleas de los trabajadores afectados por los recortes públicos son muchas […]
Tanto en las asambleas de trabajadores del sector público como en las deliberaciones del consejo de ministros son continuos los pronunciamientos en pro de una mayor intervención judicial para exigir responsabilidades a los gestores que han ocasionado o agravado la crisis económica. En las asambleas de los trabajadores afectados por los recortes públicos son muchas las intervenciones y acuerdos para interponer querellas, demandas o denuncias contra los gestores públicos. Esta pretensión tiene su fundamento. Todos sabemos que cuando un estado o administración pública incumple un contrato o acuerdo las empresas pueden exigir judicialmente una indemnización. El caso más sangrante es el de la Fórmula 1 en Cataluña y Valencia. Lógicamente el trabajador piensa que si la administración ha pactado unas condiciones de trabajo con sus representantes, está obligado a cumplir lo acordado. Pero no es así, las entidades públicas, incluidos los estados, sólo quedan obligado legalmente cuando contrata con empresas, no cuando pacta con sus trabajadores, a los cuales se les puede despojar de sus derechos sin contraprestación alguna. El capital tiene aseguradas sus contrasprestaciones con un gran entramado legal, los trabajadores no tienen ningún derecho que no pueda ser recortado. Esta es una de las tendencias que cada día se consolida más profundamente en el derecho.
Tampoco tiene mucho recorrido las denuncias penales contra los «malos gestores». Y es que los cargos políticos del PP y PSOE no han hecho una «mala gestión», han hecho la gestión que se les ha ordenado desde los mercados, las agencias de calificación, Ángela Merkel… Han gobernado favoreciendo los intereses del capital que tiene intereses contrapuestos a los de los trabajadores. No hay gestiones buenas o malas, hay políticas igualitarias o insolidarias, es decir, hay políticas de izquierda o de derechas. .
No es constitutivo de delito aprovechar el voto popular para transferir rentas a la burgesía, si no hay burda corrupción no hay delito. También hemos podido comprobar lo que ocurre a los jueces que osan perseguir los delitos de corrupción del Partido Popular.
La vía judicial contra el poder político es complicada. El poder dicta las normas por las que será juzgado y elige los jueces que los juzgarán. Es fácil comprender que la gran mayoría de las denuncias y demandas serán desestimadas desde un inicio. Todo ello sin contar que los trabajadores y sus organizaciones no pueden sufragar los elevados gastos que conlleva muchos procesos judiciales.
Lo que parece absurdo es que se pida el procesamiento del político al que en unas recientes elecciones se les ha dado el voto popular. ¿No será más fácil y más barato cambiar de voto que interponer una demanda? ¿No se conseguirá con movilizaciones duras y duraderas mayores derechos que los que se pueda conseguir con una sentencia?
Pero es que incluso desde el gobierno del PP se pide una mayor intervención judicial en la política. Cristobal Montoro, nuevo ministro de hacienda, ha declarado que va promover reformas legislativas para perseguir penalmente a los políticos que hagan una mala gestión de los fondos públicos. Esta declaración de intenciones ha sido secundada por muchos políticos conservadores. Teniendo en cuenta lo referido anteriormente sobre la «mala o buena» gestión, lo que va a intentar el actual gobierno del PP es criminalizar las políticas de izquierda por la que se aumente la inversión pública y por tanto no se plieguen a los mandatos de austeridad que nos llegan desde Bruselas o las agencias de calificación.
Además, esta propuesta gubernativa es una absoluta pérdida de tiempo y sólo puede servir como un lavado de imagen a un partido que se asocia a la corrupción como es el Partido Popular. Tanto en el Código Penal, cómo en la legislación administrativa y procesal ya existen multitud de normas que regulan las responsabilidades penales, civiles y administrativas de autoridades y funcionarios. Lo que no hay es la voluntad de hacerlas cumplir. De una parte el aparato represivo del estado está organizado para perseguir otro tipo de delincuenca. De otra, desde el mandato de Felipe Gonzalez, con la excusa de la eficiencia, se han ido sustrayendo el gasto público a los controles administrativos mediante la creación de empresas públicas.
A modo de conclusión, la vía judicial como arma política o sindical sólo debería ser utilizada cuando haya muchas probabilidades de éxito. A fin de cuentas, utilizar la vía judicial cómo herramienta de nuestras reinvindicaciones no es más que un síntoma de miedo y/o conservadurismo entre los trabajadores del sector público. Se trata de intentar arreglar la reinvindicación individual o de un colectivo concreto sin cambiar nada.
Twitter @carlosmartinezr
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.