El precio medio del alquiler residencial en Valencia pasó de 938 euros en el cuarto trimestre de 2019 a 1.659 euros en el cuarto trimestre de 2025, informa la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV); durante el mismo periodo, en los Poblados Marítimos -distrito del que forma parte el barrio del Cabanyal-Canyamelar- el precio medio del alquiler se elevó de 802 euros a 1.642 euros; además, el portal inmobiliario Idealista.com apunta que, en febrero de 2026, el precio del alquiler en el Cabanyal-Canyamelar se incrementó hasta los 17,8 euros/m2.
El coste de la vivienda es una de las razones por las que colectivos sociales y vecinos se manifestaron el pasado 20 de diciembre en Valencia, con el lema Pel dret a l’habitatge, ara!; las entidades convocantes subrayaron la responsabilidad de las diferentes Administraciones y partidos políticos.
Una de las variantes del problemaes la represiva; dos integrantes de la asociación vecinal Cuidem Cabanyal-Canyamelar han sido multados por su participación -el 4 de mayo de 2024- en una asamblea abierta de vecinos convocada para denunciar el impacto de la turistificación en el barrio, informó la asociación el pasado 23 de febrero en un comunicado.
El Sindicat de Barri del Cabanyal y la asociación Cuidem Cabanyal organizaron la asamblea en la plaza Lorenzo de la Flor, dos días después de una acción directa que los dos colectivos llevaron a término en las calles del barrio; esta protesta consistió en pintar con espray consignas sobre la amenaza que implica la proliferación de pisos turísticos.
En la asamblea abierta de mayo de 2024, asociaciones y vecinos señalaron que, en los Poblados Marítimos de Valencia, “el número de apartamentos turísticos ha crecido cerca de un 40%, superando la cantidad de mil viviendas durante el último año”; asimismo, “el aumento del 29% en el precio del alquiler visibiliza las consecuencias de la especulación con la vivienda”.
Por aquellas fechas, Cuidem Cabanyal realizó un mapeo de las viviendas turísticas del barrio, a partir de los datos oficiales del Ayuntamiento de Valencia; además, el colectivo habilitó un punto de información para personas afectadas por la turistificación en los Poblados Marítimos; el objetivo era resolver las dudas urbanísticas, sobre las Ordenanzas Municipales, la legislación y los derechos constitucionales.
“Centenares de viviendas están siendo transformadas en negocios”, alertó la asociación vecinal; y agregó que a menudo las reformas son ilegales, no cuentan con licencia y además generan ruidos y molestias al vecindario.
Finalizada la asamblea abierta en la plaza del 4 de mayo de 2024, agentes de la Policía Nacional identificaron a algunas personas que habían tomado la palabra para hacer la presentación, y también a otra que grabó con una cámara el acto, informa Cuidem Cabanyal.
Pocas fechas después, la Delegación del Gobierno remitió una notificación a sus domicilios en que se les señalaba como organizadores de un acto público sin comunicación previa a las autoridades; se procedió, en consecuencia, a la apertura de un procedimiento sancionador de acuerdo con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley mordaza), con multas de 200 euros por infracciones leves; cinco personas recibieron las propuestas de sanción.
En marzo de 2025, al cumplirse una década de la aprobación de la Ley mordaza por el gobierno de Rajoy, Amnistía Internacional informó que las sanciones por incumplimientos vinculados a la seguridad ciudadana (excepto los asociados a drogas, armas o explosivos) sumaron más de 429.000 entre 2015 y 2023; el 76% de las sanciones tienen como motivo la desobediencia, la resistencia, la negativa a identificarse y las faltas de respeto a la autoridad.
Las personas afectadas por las multas han planteado, con el respaldo de Cuidem Cabanyal y el Sindicat de Barri, recursos contra las sanciones hasta que se han visto obligadas a abonar las multas; sólo una de las vecinas ha continuado con el proceso de apelación, e interpuesto una demanda por la vía contencioso-administrativa.
Con el fin de afrontar las sanciones, Cuidem organizó el 28 de febrero una jornada solidaria en los huertos urbanos Cabanyal Horta; la iniciativa consistió en una paella solidaria y una subasta de obras de arte; “defender el derecho del vecindario a estar informado se reprime y penaliza”, afirmaron en la convocatoria; asimismo han organizado conferencias sobre el impacto en la salud de la turistificación, ciclos de cine y charlas sobre Cómo protegerse de los apartamentos turísticos, a cargo de la plataforma vecinal La Mataobras.
El Colectivo subraya que el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), aprobado por el Ayuntamiento de Valencia -gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE- en mayo de 2023, agrava la situación del precio desmesurado de los alquileres y la expansión de la vivienda turística y vacacional; el PEC sustituía al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), promovido en su día por Ayuntamiento del PP, que, pese a su denominación, planteaba la destrucción de 1.650 viviendas y 575 edificaciones.
Cuidem Cabanyal ha criticado aspectos del PEC como la intención de construir un hotel de 15 plantas en la calle Eugenia Vinyes, sobre el que informó de modo negativo la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.
El colectivo rechazó además la demolición de los Bloques de Portuarios sin la previsión de realojar a todas las personas, no sólo a los propietarios (en un edificio donde se construirán 51 viviendas); también el proyecto Cabanyal Horta se sumó a las denuncias sobre el impacto negativo del PEC en el barrio, entre otras razones porque planea la construcción de más de 1.150 viviendas nuevas.
En marzo de 2022, Cuidem Cabanyal-Canyamelar presentó el manifiesto titulado Per un urbanisme que cuide el Cabanyal, que contó con el apoyo del mundo de la cultura, la universidad y los movimientos sociales de Valencia.
El manifiesto calificó el PEC como “depredador turístico del paisaje y las personas”; se avala esta afirmación con los datos del Estudio del dimensionamiento de la oferta de viviendas de uso turístico en Valencia, realizado por el Ayuntamiento, que destaca cómo la oferta de viviendas de uso turístico en los Poblados Marítimos, en los anuncios de las plataformas, aumentó un 263% entre 2017 y 2019; la mayor parte de los pisos no reglados se concentraban en los Poblados Marítimos y el distrito de Ciutat Vella.
“El PEC no frena una realidad sangrante: la proliferación de apartamentos legales e ilegales, que expulsan a la gente que ya habita el barrio y quiere enraizarse, además encarece la vida”, concluye el documento.
Pero el problema de los apartamentos turísticos se extiende por buena parte de la ciudad; precisamente en noviembre de 2025, la Federació d’Associacions Veïnals de València inició la campaña Impide que tu vecino/a pierda el nombre, con el fin de explicar en los barrios las modificaciones recientes en la Ley de la Propiedad Horizontal; la reforma, de abril de 2025, habilita a las comunidades de vecinos para dar el visto bueno a la instalación de nuevas viviendas turísticas en sus edificios.
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