La noticia parece pasar inadvertida. En la primera semana del presente mes, se modificaron en España algunas leyes. Los jueces ya son competentes para juzgar crímenes cometidos contra la humanidad, aunque estos, se cometan fuera de su territorio nacional y sean cometidos contra ciudadanos no españoles. La noticia pasa inadvertida aunque la síntesis de la […]
La noticia parece pasar inadvertida. En la primera semana del presente mes, se modificaron en España algunas leyes. Los jueces ya son competentes para juzgar crímenes cometidos contra la humanidad, aunque estos, se cometan fuera de su territorio nacional y sean cometidos contra ciudadanos no españoles. La noticia pasa inadvertida aunque la síntesis de la modificación señala que la nueva «competencia universal» está por encima de los intereses nacionales, lo quiere decir, que Madrid rechaza, en un principio, que el someterse a una presión económica o política, pueda hacerle retroceder.
España ha alcanzado este punto, dentro de un prolongado proceso que comenzó a desarrollarse a finales de los años setenta, partiendo desde un país latinoamericano, Guatemala. Entonces, el país estaba sometido a un gobierno militar, se cometieron crímenes entre los años 1978 y 1986. A finales de 1999, Rigoberta Menchú y otros, presentaron demandas judiciales contra tres dictadores que se alternaron en el poder y contra cinco generales que les sirvieron. La denuncia tuvo un especial eco, por ser la Sra. Menchú, una de los premios Nobel de la paz. Coincidió la denuncia con la presentación por parte del famoso juez Baltasar Garzón, de una orden de búsqueda y captura contra el dictador Pinochet, lo que condujo a su famosa detención en Londres, cuyos episodios, aun siguen latentes en su propio país hasta el momento. El fundamento de la denuncia de la Sra. Menchú, se basó en que las autoridades guatemaltecas atacaron a unos refugiados dentro de la embajada española matando a 37 personas, entre los cuales, se encontraba su padre, lo que le otorga a ella, el derecho exclusivo para presentar la demanda y compromete a Madrid para corresponder, por estar la capital de España, directamente implicada. Ésta tesis, fue fortalecida con la reafirmación de una comisión de investigación establecida en Guatemala más adelante, y en la que se da fe sobre aquel periodo negro cuando fueron asesinadas 150.000 personas y 50.000 más, desaparecieron entre los años 1962 y 1996, de un número total de los habitantes de Guatemala, que no superaba los diez millones. Al ser la mayoría de los asesinados de etnia maya, entonces, la definición de genocidio es aplicable en éste caso, lo que hace de éste crimen, un crimen contra la humanidad que está fuera de la consideración de ser prescrito por el paso del tiempo. Y como Guatemala se negó a activar su jurisdicción, el recurrir a España se convirtió en una necesidad. La respuesta española fue limitada, ya que la jurisdicción consideró tener derecho a enjuiciar a los culpables por dañar, estrictamente, a los españoles en dicho ataque. No obstante, más tarde, la respuesta ha evolucionado para abrazar la idea de la «competencia universal». Sin embargo, los Tribunales no esperaron, ya que, dictaron sentencia hace diecisiete meses en contra de un oficial argentino, condenándole a 640 años de cárcel por cometer crímenes contra la humanidad.
España, entonces, ocupó el lugar de Bélgica en lo que se refiere a las competencias de los Tribunales. El asunto es importante, cuando se recuerda lo que ha ocurrido con la demanda judicial contra Ariel Sharon en Bruselas, y como ha sido frustrada. Bélgica, sigue intentando la aplicación del principio de la «competencia universal» que fue aprobado en 1993, para luego vaciarlo de su contenido. Uno de estos intentos, fue el mes pasado cuando se presentó una demanda en contra de Husein Hibri. Se ha discutido mucho sobre la demanda judicial que se presentó en contra de Ariel Sharon que a punto estuvo de llevarle a juicio. Sin embargo, Bélgica, tuvo que modificar sus leyes después del aumento de las demandas, su dispersión y su trivialización: una en contra de George Bush padre, otra en contra de Colin Powell, otra en contra de Dick Cheny, otra en contra de Fidel Castro y otra en contra de Tony Blair. Éste caos, condujo a la introducción de modificaciones que recortan el derecho a demandas judiciales, limitándolas a algunos casos como que el asesino tenga que ser belga o residente en Bélgica; en el caso que si las victimas fuesen belgas, también, aunque es más complicado.
No obstante, el referido caos, no fue la única causa ni la más destacada para dar marcha atrás, porque y sin duda alguna, Bruselas lo tuvo que hacer a raíz de las presiones ejercidas por la campaña conjunta de Israel y EEUU. Tel Aviv se armó con un formidable arsenal de conocidos pretextos para impedir enjuiciar a Sharon: desde la acusación a Bélgica de antisemitismo, hasta centrar el enfoque sobre el hombre que ya había sido interpelado y castigado por su papel en las matanzas de Sabra y Shatila. Pero EEUU, llegó hasta el límite de amenazar con trasladar la sede de la OTAN de Bruselas, si puedan llegar a ser perseguidos sus militares delegados en la organización. Dicha posición norteamericana, dio luz dentro del contexto de su tajante rechazo a la idea del Tribunal Penal Internacional y a la posibilidad de que el TPI, osara solicitar la comparecencia de algún general o diplomático norteamericano ante el mismo. Se sabe que Washington prefiere establecer Tribunales Especiales, sin embargo, rechaza la existencia de una Audiencia Nacional o Internacional con competencias universales, además de castigar a todo aquel país que se une al TPI, a no ser que acepte y firme previamente, un acuerdo con EEUU donde se excluyen sus cuidadnos de las acciones de dicho Tribunal.
EEUU e Israel se han beneficiado del clima pos 11S para obligar a Bélgica a retroceder y modificar sus leyes. Entonces, se tomó en cuenta lo que está haciendo EEUU por todo el mundo más lo que está haciendo Israel por los territorios ocupados, y que podría ser utilizado para la presentación de demandas judiciales interminables, que a su vez, podrían «entorpecer la guerra contra el terrorismo». Ambas partes, no se conformaron con éste triunfo parcial, porque lo que se ha observado más adelante y a nivel mundial, es la reconversión de Ariel Sharon de un villano de las matanzas de Sabra y Shatila, a un héroe de la paz en Oriente Medio. Parece que ese intento ha tenido éxito después de la supuesta retirada de Gaza, prueba de ello, es lo que llaman la caída del muro del rechazo árabe-islámico a establecer contactos con Israel y la pomposa recepción que encontró el hombre en la Asamblea General de la ONU.
El señalado paso español, podría devolver el asunto hacia su punto de partida, porque ya es posible trasladar la demanda judicial contra Sharon a Madrid. Es una oportunidad, tal vez, para responder a la propaganda de «el hombre de la paz». No obstante, es un paso cuyo patrocinio institucional por parte árabe o internacional, es más que dudoso.
¿Podría alguna de las organizaciones de la sociedad civil tomar la iniciativa?