Poca gente se habrá enterado de que el pasado 24 de mayo algo más de un millar de personas se manifestaron por las calles de Madrid para protestar por el hecho de que un fiscal pida un total de cincuenta años de cárcel para nueve jóvenes. El atroz crimen por el que al parecer han […]
Poca gente se habrá enterado de que el pasado 24 de mayo algo más de un millar de personas se manifestaron por las calles de Madrid para protestar por el hecho de que un fiscal pida un total de cincuenta años de cárcel para nueve jóvenes. El atroz crimen por el que al parecer han de ser tan severamente castigados consiste en haber reivindicado en concentraciones pacíficas el derecho a una vivienda digna y desde luego haber intentado evitar ser apaleados por la policía. Sobra añadir que ni la manifestación del 24 de mayo ni los motivos por los que se convocó han merecido ocupar espacio alguno en los medios de comunicación. Disponiendo de las zozobras de Rajoy o la polémica sobre nuestra participación en Eurovisión, a qué reparar en asuntos sin importancia.
Cuando en mayo de 2006 empezaron las sentadas reivindicativas del derecho a una vivienda digna, de las que luego nació un movimiento social que dio en llamarse V de Vivienda, numerosos medios se hicieron eco de las protestas. Resultaban vistosas, sorprendentes por su espontaneidad y la gran cantidad de jóvenes que participaban en ellas y además llamaban la atención acerca de un gravísimo problema social del que ya era imposible dejar de hablar. Coincidieron más o menos en el tiempo con la eclosión de escándalos de corrupción inmobiliaria, lo que pudo hacer bien visible que durante años los poderes públicos, en connivencia con empresarios voraces, habían apuntalado un orden social en el que, mientras una elite se forraba obscenamente, cerca de ocho millones de ciudadanos veían negado un derecho que dice garantizarles el artículo 47 de la Constitución. En un país, por cierto, en el que se acumulaba cerca de la mitad del volumen de construcción de toda la Unión Europea y había sin embargo más de tres millones de viviendas vacías.
No quedaba más remedio que hablar de ello, no fuera a ser que el malestar ciudadano se desmandara, o, peor aun, que los ciudadanos empezaran a pronunciarse sin líderes que los apadrinaran. Y los dirigentes de los grandes partidos políticos comenzaron a hablar de ello. Claro que sólo para arrojar a la cara del adversario sus casos de corrupción y justificar los propios, o bien para alardear de políticas de vivienda que en la práctica han demostrado ser catastróficas, porque aquí nadie ha querido, ni quiere, matar a la gallina de los huevos de oro del ladrillo y la especulación. A los ayuntamientos -o, mejor dicho, a sus gestores públicos- les ha ido de maravilla con el tinglado y a los partidos políticos digamos que no les ha estorbado.
Inaugurado el debate donde convenía, es decir, en las tribunas de los mítines, los parlamentos o los grandes medios de prensa, en las que todo asunto puede transformarse en disputa electoral, los que sobraban eran los ciudadanos, salvado sea su mero papel de oyentes. A medida que las asambleas de base por una vivienda digna fueron madurando, y según fueron desvelando la escandalosa maraña de intereses económicos que se beneficiaban de la miseria de la mayoría de la población, la atención en general de la prensa hacia ellas se fue enfriando hasta casi olvidarlas por completo, con las fugaces excepciones de breves notas casi siempre alusivas a enfrentamientos con la policía. Entristece ver cómo un movimiento ciudadano independiente de burocracias sindicales, de los aparatos de los partidos y desde luego de grupos empresariales, y capaz no obstante de armar una alternativa social propia, se vuelve de inmediato por ello sospechoso. Entre nosotros, la democracia no abarca a aquellas expresiones que no se canalicen por estructuras de poder bien reconocibles.
Se tolera y a veces hasta se estimula que la ciudadanía se queje de algún mal social y reclame el cumplimiento de un derecho. La demanda cívica se puede manejar a gusto de cada demagogo para tratar de obtener ventaja en los foros mediáticos. Es bien sabido que todo autoritarismo precisa para su sostenimiento de la invocación constante al pueblo soberano, siempre que la soberanía del pueblo no pase de mero adorno. Ésa parece ser la tendencia de cualquier forma de poder, incluso la de Estados liberales, por más que en éstos la elusión de la voluntad popular recurra a procedimientos más sutiles, como en su día advirtió Tocqueville. A la llamada opinión pública se le dará la ocasión de quejarse o, como mucho, de dar respuestas simples, de ésas que caben en las encuestas al uso. Pero si la ciudadanía, o siquiera una minoría dentro de ella, aparte de quejarse, comienza a señalar las causas profundas de los males sociales, la cosa se vuelve preocupante. Y ya si se atreve a organizar una alternativa consciente de cambio, se desencadena la alarma.
La marginación en tal supuesto es un primer paso para ahogar la gran o pequeña rebeldía que haya despertado. Para los jóvenes de las protestas por la vivienda se busca además un escarmiento ejemplar. Y no es el único caso. Ya no resultan insólitas las condenas a prisión de huelguistas -recuérdese a los sindicalistas que inspiraron la película Los lunes al sol-, de manifestantes antiglobalización o de estudiantes. Y la condena lleva siempre aparejada un odioso estigma social; los que alzan la voz al margen de una u otra oficialidad son convenientemente catalogados como «antisistema», «radicales» o «extremistas». Habitan el subsuelo de la comunidad aceptable. Estremece comprobar lo fácil que resulta el encasillamiento, aunque un movimiento como V de Vivienda esté denunciando ni más ni menos que lo que son conclusiones de un informe sobre la vivienda en España de la ONU que se publicó en enero de este año y sobre el que también, qué casualidad, se abatió el silencio.
El simple hecho del atroz castigo que para estos jóvenes se pide debería mover a escándalo. Piensa uno que si el novelista Norman Mailer, quien atravesó el cordón policial que resguardaba el Pentágono en la mítica marcha contra la guerra de Vietnam en 1967, hubiese tenido similar ocurrencia hoy y aquí podría haberse pasado un lustro a la sombra. Pero lo más grave es la represión de la disidencia que se pronuncia sin poderes políticos, económicos o mediáticos que la amparen, esto es, con absoluta libertad. La mayoría silenciosa tendría que empezar a preguntarse qué democracia es ésta que repudia la ciudadanía activa, saludablemente desconfiada con el poder y que no se conforma con votar cada tantos años y responder encuestas de opinión. No tendría que olvidar, en fin, las manidas palabras del pastor Martin Niemöller que se atribuyeron a Brecht: «Cuando vinieron a por los comunistas guardé silencio…».