La mayoría de las intervenciones públicas del reelegido coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en relación con la identidad política de la formación que dirige y sus relaciones con el gobierno del PSOE han estado marcadas por la difusión de mensajes paternalistas con una mayor orientación hacia la vida interna de la coalición que […]
La mayoría de las intervenciones públicas del reelegido coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en relación con la identidad política de la formación que dirige y sus relaciones con el gobierno del PSOE han estado marcadas por la difusión de mensajes paternalistas con una mayor orientación hacia la vida interna de la coalición que hacia el resto de la población no afiliada.»
Esos mensajes, emitidos con el objetivo de asegurarse un tercer mandato al frente de la coalición, expresaban por un lado que toda la organización debía fiarse de la línea política emprendida -fuesen cuales fuesen los hechos que la contradijeran- ya que en él se consustancia la esencia de la izquierda transformadora. Por otro lado, que la relación por la cual IU asegura la estabilidad del actual gobierno se basa en que los réditos políticos obtenidos de ese apoyo son enormemente beneficiosos para la sociedad, estrategia más inteligente y eficaz que el situarse en la oposición para desde allí ejercer influencia política. Es decir, la oposición exigente e influyente en las propias palabras del coordinador general.
El virus de Aznar
Sin embargo, parece ser que la permanencia de Gaspar Llamazares dentro de la maquinaria del poder ha hecho que olvide que si por algo se distingue a la izquierda es por la concordancia entre el discurso y los hechos que los refrendan. Parece que Gaspar Llamazares se ha contagiado por ese virus de la hipocresía que invadió al PP tras los atentados de Atocha y que les ha llevado a sostener que aunque todo el mundo diga que el caballo blanco de Santiago es blanco, en realidad es negro, y el que diga lo contrario es, no sólo un mentiroso, si no un antipatriota, un colaborador de los terroristas y un golpista en potencia.
Y así es. Cuando en la pasada Asamblea Federal, algunos militantes hicieron patentes las profundas discrepancias entre el discurso llamazarista y su práctica política, aquellos defensores del coordinador los acusaron de mentirosos, de radicales y de querer echar a Llamazares por sin tener argumentos políticos refutados. El problema de esta actitud es que a uno tarde o temprano la realidad le asalta a la vuelta de la esquina y, o se va a dar clases magistrales a Georgetown, o tiene que reconocer su equivocación. Esperemos que Llamazares no tenga amigos tan influyentes como Aznar como para detentar la dudosa responsabilidad de arengar a las clases dirigentes mundiales del futuro y reconozca su error.
Claro está que hasta ahora no se ha presentado en estas líneas ni una sola prueba de la atribuida descoordinación entre los pensamientos y los hechos de la política auspiciada por el señor Llamazares. Pero hete aquí que el pasado proceso asambleario nos ha proporcionado una ocasión única para comprobarla. Ocasión que o hará romper la alianza parlamentaria con el gobierno socialista o dejará en un absoluto ridículo al proceso asambleario vivido, donde aquellos que apostábamos no sólo por la renovación política, sino por la transparencia y por el control de la organización a partir del trabajo de las bases fuimos acusados de irresponsables, de demagogos y de no leales para con nuestros cargos dirigentes.
De la enmienda al proyecto del PSOE
El caso es que la Asamblea de IU de Hortaleza planteó sendas enmiendas (una en la parte organizativa del documento político y otra directamente en los estatutos) para establecer una «Carta del Cargo Público de IU». Esta carta de obligatorio cumplimiento para todo cargo público u orgánico de IU, desde parlamentarios o concejales hasta representantes de IU en organismo públicos, contendría al menos, el currículo profesional y militante; las actividades profesionales a desarrollar durante el periodo en el que se ejerce el cargo; el patrimonio y entidades privadas en las que participa, tanto el cargo público como sus familiares más allegados, y su evolución durante el periodo de mandato público; el salario asignado como consecuencia de su nombramiento, incluyendo dietas, tanto de viaje como de participación en los Consejos de Administración de Empresas Públicas; el compromiso a la generación de informes trimestrales de actividad donde se recojan tanto sus intervenciones públicas como el sentido de las votaciones en las que ha participado y un compromiso a la revocabilidad y condiciones para ejercerla, y el sometimiento a las directrices políticas que emanen de los órganos a los que su cargo se ve adscrito. Es obvio decir que la dirección encontró demasiado radical y desconfiada tales exigencias y que negó la mayor, siendo derrotadas ambas enmiendas (una de ellas en la fase regional de Madrid y la otra en la propia fase federal).
Sin embargo, y a no ser que se demuestre que la oposición influyente de IU en el actual gobierno llega hasta el punto de que este aprueba enmiendas asamblearias propuestas por la base de IU y rechazada por la dirección -eso si que es una verdadera correa de transmisión-, el gobierno socialista ha tenido una iniciativa denominada «Código para el buen gobierno del gobierno». Este código en palabras del Ministro de Administraciones Públicas pretende «aproximar el comportamiento de los altos cargos del Gobierno a las exigencias de los ciudadanos, para incrementar la confianza de éstos en su Administración». La propia vicepresidente lo expresó de otra forma: «se trata de un plan de tolerancia cero contra prácticas corruptas y un intento de ofrecer la mayor transparencia posible». Según reza el anteproyecto de ley presentado ante el Consejo de Ministros, «esta medida legislativa pretende orientar, perfeccionar, premiar y, en su caso, sancionar, el comportamiento que los españoles esperan de los altos cargos de la Administración, así como incorporar al Gobierno de España las mejores prácticas del sector privado y de las democracias más avanzadas. El desarrollo de este instrumento legal persigue el incremento de la confianza que los ciudadanos depositan en la Administración, de forma que ésta responda a las exigencias de la sociedad moderna, y los altos cargos que ostentan el ejercicio de Gobierno estén a la altura en su comportamiento ético.»
Entre las medidas a adoptar se contemplan: la transparencia informativa (los altos cargos proporcionarán información a los ciudadanos y a los medios de comunicación acerca del funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados y, cuando realicen campañas de información, lo harán evitando cualquier actuación que las aleje de su contenido informativo); la austeridad en el uso del poder (los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público), la prohibición de aceptar regalos (se rechazará cualquier regalo, favor, préstamo, servicio u otra prestación económica en condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones).
Además se actualizará el régimen de incompatibilidades (los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, por lo que no podrán percibir cualquier otra remuneración), y se establecerán algunas de las novedades que incorpora la reforma del régimen de incompatibilidades propuesto, con el fin de evitar conflictos de intereses (el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos tendrá carácter público, el contenido de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales se publicará en el BOE o quienes infrinjan la normativa no podrán ser nombrados de nuevo en un periodo de diez años).
A su vez se exigirá la dedicación absoluta y no se podrá compatibilizar la actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado, por lo que no podrán percibir cualquier otra remuneración y los salarios y todo tipo de gratificaciones por el cargo se harán públicos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿Serán coherentes sus señorías de IU?
Es fácil encontrar un paralelismo entre las enmiendas propuestas y el anteproyecto de Ley. La diferencia fundamental es que el propuesto por el Gobierno quiere controlar a los altos cargos nombrados por él mismo, y que la enmiendas pretende no sólo controlar, sino conocer las actividades públicas y logros políticos, de los cargos institucionales cuya existencia y mantenimiento se debe a la actividad de todos y cada uno de los militantes que componen IU.
Por tanto, ya sólo nos queda esperar a los resultados de la oposición exigente e influyente, que seguramente retirará del trámite parlamentario esa iniciativa tan maquiavélica propuesta por el gobierno socialista. Si no es así, y nuestros parlamentarios apoyan tales medidas, no tendremos sino que esperar a que la nueva dirección reconozca su error y, no ya retire las acusaciones de irresponsables, desconfiados y malos militantes que nos adjudicaron a los que presentamos tales enmiendas, sino que incorpore a los estatutos las medidas que ellos mismos desoyeron y establezcan las medidas internas necesarias para hacerlas efectivas. A no ser que en el fondo se trate de algo más simple: «hay que controlar a los altos cargos nombrados por el poder político, no vaya a ser que sus prebendas mengüen las que nosotros los políticos estamos acostumbrados a recibir».