Cinco años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, su aplicación prima a los operadores privados frente a su inclusión en los servicios públicos. La economía informal: otra vez una cuestión de sexo La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue uno de […]
Cinco años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, su aplicación prima a los operadores privados frente a su inclusión en los servicios públicos.
La economía informal: otra vez una cuestión de sexo
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue uno de los estandartes de la política social del Gobierno socialista en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco años después de su aprobación, y a pesar de que su apliación ha generado miles de puestos de trabajo, la norma podría desparecer si el PP lleva a cabo las medidas difundidas en campaña.
Mariano Rajoy ha anunciado que en su Gobierno no habrá dinero para dependencia porque, en su opinión, la aplicación de la ley es inviable. Las asociaciones en defensa de las personas dependientes reaccionaron con concentraciones en distintos lugares de España y advierten que redoblarán su lucha si el futuro Gobierno no apuesta por desarrollar la Ley de Dependencia en todo el Estado.
En este momento, el desarrollo de la norma en las Comunidades Autónomas se ha estancado y el dinero para atender a las personas con discapacidad sufre graves retrasos o no llega. El número de personas con derecho a prestación en España asciende a 1.045.624, aunque podrían ser más puesto que un 28,9% de las solicitudes todavía no se ha resuelto.
Además, no todas las personas beneficiarias están recibiendo la prestación, sino que 305.675 (casi el 30%) se encuentran en lista de espera, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad con fecha 1 de octubre. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que cubre 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de tele asistencia, realizará un paro de diez minutos al mes en todos sus centros como medida de presión para que las administraciones paguen los cerca de 1.300 millones de euros que les deben, una deuda que, en opinión de la patronal del sector, está poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto del Estado de bienestar, las empresas, los puestos de trabajo y la estabilidad del servicio.
El presidente de la FED, José Alberto Echevarría, denuncia que muchas empresas están en quiebra técnica, sin poder pagar las nóminas de sus plantillas porque no les llega el dinero de los ayuntamientos, encargados de cubrir las ayudas a domicilio, ni el de los gobiernos autonómicos, que se reparten con el Gobierno central, al 50%, el resto de gastos, como el derivado de los centros de día y de mayores.
Desequilibrios territoriales
Además, el desarrollo de la ley presenta desigualdades territoriales en función de los gobiernos regionales, según señala Raúl Beltrán Benagues, experto en dependencia. En su opinión, se aplica «con mayor éxito» en las comunidades autónomas donde se desarrolla sobre la base de un sistema de servicios sociales públicos y de proximidad, mientras que «es más deficiente» en las regiones donde se basa en la externalización de servicios, como la valoración del grado de dependencia, porque de ello se deriva una menor o mayor cobertura y la celeridad con la que se reconocen los derechos y se asignan recursos.
Asimismo, explica Beltrán, hay mucha disparidad entre los servicios que ofrece cada Comunidad Autónoma. Las regiones que menos han implantado la ley «han hecho un uso abusivo» del internamiento residencial y de las ayudas para cuidadores informales, no profesionales (situadas en torno a los 400 euros) mientras que en las comunidades donde se ha desarrollado más, se ha tratado de implantar servicios de proximidad como centros de día o servicios de atención domiciliaria, tal y como exigen las asociaciones de personas dependientes. Raúl Beltrán agrega que el hecho de que gran parte de las ayudas hayan sido destinadas al internamiento en residencias o a pagar «un salario muy escaso» a quienes ya venían cuidando a sus familiares, «no ha mejorado mucho el derecho de estas personas a una vida más digna».
En este sentido, el presidente de la FED, José Antonio Echevarría, también critica que se haya generalizado la concesión de prestaciones económicas a cuidadores informales, cuando esta opción se contempla en la ley de forma excepcional. «Se está dando prestación a una persona que no retroalimenta al sistema, porque la mayoría de estos cuidadores son miembros de la familia y la inversión económica no revierte al Estado», manifiesta Echevarría. Le da la razón un reciente informe de Comisiones Obreras que indica, por un lado, que la aplicación de la ley, entre los años 2009 y 2010, ha creado 145.000 puestos de trabajo y, por otro, que de esta inversión pública las administraciones han obtenido un retorno económico situado entre el 60% y 65%.
El presidente de la FED señala que la falta de liquidez no es excusa y se trata de priorizar el gasto en los «sectores esenciales, es decir, en los tres pilares del Estado de bienestar» que a su juicio son la educación, la sanidad y la atención a la dependencia, allí donde los recortes presupuestarios no deberían llegar.
Las cuidadoras informales
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) estima que en España el porcentaje de personas mayores dependiente se encuentra entre el 10% y el 15% de los mayores de 65 años y, en general, es la familia quien asume lamayor parte de las tareas de cuidado. Además, la mayoría de los cuidadores son mujeres: el 43% son hijas, el 22% son esposas y un 7,5% son nueras de la persona dependiente. La presidenta del Fórum de Política Feminista de Madrid, Teresa Nevado, sostiene que «los cuidados son cosa de mujeres» que, además, en muchos casos se encuentran fuera del mercado laboral por tener que atender a sus familiares dependientes.
Nevado sostiene que la feminización de los cuidados responde al desempeño de un rol tradicional que merma de participación social de las mujeres y resta valor a las tareas de cuidado como trabajo remunerado. Por su parte, Josefa Amat, portavoz de IU en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, piensa que «está muy generalizado ver la dependencia como auxilio social» y promover que los cuidados los asuma el familiar más cercano, el cuidador informal, abusando «de la ayuda de los 400 euros».
De este modo, añade, «está ayudando a matar dos pájaros de un tiro» porque se paga a las mujeres por quedarse en casa y encargarse de las tareas de cuidado de sus familiares dependientes pero, a su vez, «se les aparta del mercado laboral y, cuando terminen de ser cuidadoras, no estarán en edad de trabajar». La portavoz de IU recalca que la asistencia es una profesión que necesita preparación y «nadie cogería los 400 euros si hay plaza en un centro», asevera Amat.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-dependencia-vista-como-auxilio.html