A mediados de los años 80, los gobiernos de Madrid y Paris, dirigidos por Felipe González y François Mitterrand, pusieron en marcha una estrategia represiva contra los militantes vascos que hoy en día aún acarrea consecuencias para las y los que la sufrieron en primera línea, y también para sus familiares y amigos. El método, […]
A mediados de los años 80, los gobiernos de Madrid y Paris, dirigidos por Felipe González y François Mitterrand, pusieron en marcha una estrategia represiva contra los militantes vascos que hoy en día aún acarrea consecuencias para las y los que la sufrieron en primera línea, y también para sus familiares y amigos. El método, en la mayoría de los casos, consistía en deportar a los militantes a terceros países que, a cambio de mantener en sus territorios controlados a las vascas y vascos, recibían importantes desembolsos económicos que Francia y España cargaban a sus erarios públicos disfrazados de ayudas al desarrollo.
Las deportaciones iniciaron en 1984, supuestamente a propuesta de Paris que buscaba una alternativa a las extradiciones de militantes vascos exigidas por Madrid pero que no convencían al ejecutivo galo por las posibles reacciones en contra que pudiesen suscitarse en Francia contra esa medida. También eran los tiempos del GAL, los grupos parapoliciales españoles que asesinaron a varias decenas de refugiados vascos en el País Vasco norte, bajo administración francesa, y que suponían una presión añadida contra el ejecutivo galo para que implementase medidas represivas contra la comunidad de refugiadas y refugiados vascos residentes en su territorio.
Esta medida represiva afectó a 74 personas, y los países «receptores» fueron los africanos de Argelia, Sao Tomé, Togo, Gabón y Cabo Verde, y también los latinoamericanos de Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá y Ecuador. La mayoría de ellos recibieron a cambio «ayudas» que figuraron en las cuentas de Madrid y Paris como «créditos» del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Y hasta donde se ha podido saber, los montos de algunos de esos «créditos» fueron los siguientes: Argelia 376, 706 millones de euros; Ecuador: 296,260 millones de euros; Venezuela 200,103 millones de euros.
A cambio de esas «ayudas» los países recibían a las y los deportados asegurando a los gobiernos europeos mantener bajo su control a las y los militantes vascos. De esta manera, las deportadas y deportados quedaban en estos países en un verdadero limbo jurídico. Primero porque en el momento de su detención en el Estado francés nunca tuvieron la oportunidad legal de oponerse a la deportación, medida que ya per sé no existe en el ordenamiento jurídico internacional, y siéndoles aplicada una razón de estado sin base jurídica alguna. Y segundo, porque la misma razón de estado que impulsó la medida represiva se hacía extensiva a los países receptores, quienes únicamente respondían a acuerdos políticos y administrativos, sin ningún tipo de base legal, con los gobiernos de España y Francia. Esto ha llevado a que aún hoy en día, 34 años después, algunos de los deportados no tengan documentos de residencia en su país de «acogida».
Las condiciones de vida de los deportados ha sido, y es, muy diversa, tanto como puedan ser las condiciones políticas y socio-económicas de los países donde se encuentran, y algunas veces han tenido que contar con la ayuda aportada desde Euskal Herria para hacer frente incluso a su manutención. Pero en general, las y los deportados se han integrado a esas sociedades, rehaciendo sus vidas lo mejor que pueden y aportando también con su trabajo e iniciativa, aunque el objetivo de regresar a Euskal Herria sigue siendo su sueño más recurrente y su reivindicación más sentida.
A ello hay que añadir el enorme esfuerzo económico, psicológico y humano que ha supuesto la deportación para las familias y los amigos de los deportados, obligados a desplazarse hasta esos lejanos lugares desde Euskal Herria para mantener un mínimo contacto con sus allegados, quienes no hay que olvidar, no viajaron hasta allí de manera voluntaria, sino que fueron objeto de una medida represiva en su contra y nunca han renunciado a su lucha ni tampoco a regresar a su país para seguir aportando en el proceso de liberación de Euskal Herria. Incluso se han dado casos de familiares de deportados a los que se ha prohibido viajar utilizando ciertas rutas aéreas para ir a visitar al deportado simplemente por ser familia del militante, dejando ver que para algunos ser familiar de una o un deportado constituye en sí un delito. Es el caso del hermano y la cuñada de José Ángel Urtiaga, deportado en Cuba, a quienes el gobierno de EEUU prohíbe la utilización de su espacio aéreo simplemente por ser familiares del militante vasco.
Hoy, 34 años después de las primeras deportaciones el limbo jurídico en el que se encuentran estos militantes sigue en sí mismo. Todos esos años no se computan en ningún caso, lo que hace de la deportación una condena añadida. Incluso después de permanecer varios años deportados algunos de ellos fueron extraditados y aún siguen presos en el Estado español. Como en el caso de Iñaki Arakama Mendia, deportado de Argelia a la República Dominicana y de ahí entregado a Madrid. En otros casos, el estar custodiados en todo momento por las fuerzas de seguridad no impidió que fueran torturados salvajemente durante días y días por policías españoles con la complicidad de las autoridades locales. Es el caso de Ángel Aldana y Alfonso Etxegaray en Ecuador. Otros 11 han fallecido por accidentes o causas naturales mientras estaban deportados. También son muchos los que han regresado a sus pueblos y barrios en Euskal Herria a medida que las causas judiciales donde se les implicaba han ido quedando sin efecto.
Ahora aún 12 militantes vascos permanecen deportados en varios países de África y América Latina, padeciendo esta modalidad represiva que, como dicen ellos mismos, «produce un desarraigo total». Y sin embargo, los gobiernos español y francés se han desentendido completamente del tema y ninguna de las denuncias de la situación ha tenido efecto alguno para acabar con una medida represiva que se ha perpetuado en el tiempo a pesar de los nuevos aires políticos que soplan en Euskal Herria y que exigen dar una salida a las consecuencias del conflicto para ir construyendo una nueva convivencia. Y para ello será obligado ir desactivando todas las medidas represivas implementadas que, como la dispersión de los presos, la deportación o la existencia aún de decenas de exiliados, no tienen lugar en esta nueva situación política.
Con el temor a reabrir heridas, pero también con el deber de denunciar y dar a conocer una situación represiva enquistada por la cerrazón de Madrid y Paris para abrir nuevos tiempos en Euskal Herria, nos hemos dirigido a Bixen Mujika, la mujer de Juan Ramón Aramburu, militante de Ordizia deportado por el gobierno francés en febrero de 1989 a Cabo Verde, donde falleció el 10 de agosto de 1989 a los 37 años.
Cuando Juanra fue detenido en Miarritze en 1985 tenía vigente el Estatuto de Refugiado Político, lo que teóricamente le protegía de ser extraditado o expulsado. ¿Por qué el Estado francés violó su propia legalidad y después de cumplir condena en la cárcel de Baiona y ser confinado deportó a Juanra a Cabo Verde? ¿Cuál era la situación de los refugiados entonces en Iparralde?
Cuando Juanra fue detenido en 1985 ya no tenía estatuto de refugiado. Un año antes se les había denegado el estatuto a un grupo muy numeroso de refugiados, por lo que estaba sin documentación para poder residir legalmente en Iparralde. Se vio obligado a vivir en la clandestinidad, con el riesgo permanente de ser detenido. Juanra fue detenido el 25 de noviembre de 1985 en Miarritze, encarcelado y posteriormente confinado en Bar le Duc, en febrero de 1986. 10 días más tarde fue deportado a Cabo Verde.
La situación de los refugiados en aquel momento era muy dramática, la inseguridad era total. La policía francesa trataba de detenerlos y cumplir así la promesa hecha al Gobierno español; el GAL actuaba con total impunidad: cabe recordar el secuestro de Joxi y Joxean, asesinatos de refugiados casi a diario. Se encontraban totalmente indefensos.
¿Cómo vivió la familia esa situación de deportación de Juanra en un país tan lejano a Euskal Herria? ¿Pudieron visitarlo allí? ¿Era fácil comunicarse con él para conocer su situación?
Nosotros vivimos la situación con mucha angustia, ya que no sabíamos adonde lo deportarían. Para entonces ya habían torturado salvajemente a Aldana y Etxegarai en Ecuador. Estuvimos dos días sin tener noticias, hasta que él mismo nos comunicó por teléfono que estaba en Cabo Verde. A los aitas de Juanra les afectó mucho, ya que por su edad avanzada no veían muchas posibilidades de volver a verlo, pero sí pudieron viajar a Cabo Verde para visitarlo. Un año después murió su aita estando él deportado. Fue su despedida. Nosotros, Juanra y yo, teníamos un hijo de 20 meses y en abril de 1986 nos reunimos para vivir con él, hasta su muerte, en agosto de 1989, en Cabo Verde.
El desarraigo que supone estar tan lejos de tu país era más que evidente, la comunicación con la familia, amigos, pueblo, era difícil y la información que recibíamos era escasa, hay que tener en cuenta que entonces no había los medios de hoy en día. En esta situación, mantener un equilibrio físico y emocional no es nada fácil. Estando en Cabo Verde murieron la cuñada y el aita de Juanra. Fueron momentos muy duros.
Alfredo Elejalde, sacerdote vasco residente en Cabo Verde, declaró hace tiempo que los deportados vascos se habían integrado plenamente en la vida del país. Una muestra de ello es que Juanra aprendió portugués, y trabajó en la sección internacional de un diario de allí. ¿Cómo era el día a día de los deportados y deportadas en Cabo Verde?
Tenemos que tener en cuenta que Cabo Verde es un país en vías de desarrollo y allí las necesidades son inmensas, por lo que los deportados intentaron, desde un primer momento, integrarse en el país y aportar aquello que cada uno pudiera. Juanra trabajó en la sección internacional del diario «Noticias de Mindelo». Otros deportados realizaron estudios universitarios de enfermería, psicología, idiomas y han podido trabajar en hospitales, institutos, centros de acogida de jóvenes, etc.
Según algunas fuentes, el gobierno español pagaba al gobierno de Cabo Verde 70,000 pesetas mensuales por deportado. ¿Alguna vez Juanra o algún otra u otro de sus compañeros recibieron ayuda del gobierno español?
Ningún deportado recibió ayuda del Gobierno español, las ayudas que recibían eran de la familia, de los amigos y del pueblo. Agradecemos todas las muestras de apoyo, cariño y solidaridad del pueblo vasco, ya que sin ellas sería mucho más difícil resistir en esta situación. No podemos olvidar a los deportados que todavía están obligados a vivir lejos de su país. Nuestra solidaridad tiene que seguir llegando hasta ellos.
La muerte de Juanra fue un momento de dureza y dolor para la familia y para todos sus compañeros y compañeras. ¿En medio de ese dolor cómo hicieron para trasladar los restos de Juanra a Euskal Herria? ¿Contaron con algún tipo de ayuda por parte de las autoridades caboverdianas o españolas o francesas?
Fue un momento muy duro, en aquel momento estábamos con niños, entre ellos nuestro hijo Garikoitz, que no entendían lo que pasaba. Lo primero que hicimos fue rescatar el cadáver. Con la ayuda de pescadores caboverdianos y otro deportado, Emilio, lo consiguieron, poniendo en riesgo sus vidas ya que el bote era muy pequeño y había que rescatarlo en alta mar.
Inmediatamente, familiares y deportados nos pusimos en contacto con las autoridades caboverdianas. Aunque estas nos ofrecieron todo su apoyo, el traslado del féretro estuvo lleno de dificultades. El Gobierno caboverdiano no veía ningún problema para gestionar su salida, pero el español, en un primer momento no les dió autorización. Una delegación compuesta por Itziar Aizpurua, Juan Mari Olano y una familiar de Juanra llegaron de Euskal Herria y, junto a los deportados y familiares después de varios días de reuniones con diferentes organismos y autoridades caboverdianas, consiguieron desbloquear la situación. Durante este tiempo, los responsables sanitarios hicieron lo indecible para mantener el cuerpo en condiciones para su traslado.
El propio Gobierno de Cabo Verde consideraba a Juanra un gudari vasco y como tal fue tratado. Fue el Gobierno caboverdiano quien asumió los gastos del traslado, ya que el español se negó a hacerlo. Después de terminar con todos los trámites, al cabo de una semana, fuimos despedidos con un aurresku por sus compañeros deportados y amigos caboverdianos en el aeropuerto de Mindelo.
En España, sin embargo, todo cambió. Al llegar a Barajas los policías españoles dijeron a la persona que las autoridades caboverdianas nombraron para que acompañase a la familia hasta Euskal Herria (una autoridad policial de ese país) lo siguiente: «vuelve a tu país, no puedes pasar y tranquilo porque lo que traes aquí no es una persona, es un terrorista, y si los deportados te crean problemas, los solucionas pegándoles dos tiros».
Tuvimos que estar cinco horas en el aeropuerto debido a los impedimentos que pusieron los españoles para hacer todos los trámites. Ya en Ordizia, el pueblo estaba esperándonos, fue un recibimiento muy caluroso y emotivo. No así la actitud de responsables del ayuntamiento. Para no permitir la entrada del féretro, algunos concejales se encerraron dentro, para ellos había sido un simple accidente.
La deportación de Juanra hizo de él un represaliado, su muerte lejos de Euskal Herria donde se le obligó a residir en contra de su voluntad debería suponer que se tratara el caso como «victima del Estado» y recibir así el correspondiente reconocimiento. Sin embargo el Estado español se ha negado a hacerlo en todo momento. ¿Cómo ve la familia esta situación, qué instrumentos legales existen para revertir esa decisión?
Sin duda para nosotros Juanra y todos los militantes que han muerto en la deportación son víctimas del Estado. Seguiremos luchando para que el Estado reconozca, no sólo a las víctimas de la deportación, sino también a tantas y tantas víctimas derivadas del conflicto político que ha vivido nuestro pueblo y que el Estado se niega a reconocer.
34 años después, aún quedan 12 vascos deportados en África y América, varios de ellos en Cabo Verde. ¿Qué puede hacer la sociedad vasca para cerrar definitivamente este triste capítulo de la historia represiva contra Euskal Herria?
Hay que informar de la situación ya que la deportación ha estado olvidada y a veces hemos pensado que era un mal menor, que aunque lejos, vivían en libertad. Es importante informar de lo que supone el destierro durante tantos y tantos años. Es una condena que no se sabe cuando acaba. Jurídicamente los deportados no existen.
Y hay que seguir luchando y reivindicando la vuelta a Euskal Herria de todos los deportados en un breve plazo. Nuestra lucha conseguirá poner fin a la deportación.
Fuente: http://pakitoarriaran.org/entrevistas/la-deportacion-un-castigo-sin-final