Este 10 y 13 de marzo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los concejales Marc Serra y Lucía Martín estaban llamados a declarar ante el juez por una demanda interpuesta por el fondo de inversión Vauras Investment. Este grupo finlandés achacaba a estos altos cargos municipales ocho delitos, prevaricación, malversación, extorsión y prevaricación entre ellos. El motivo: una multa del ayuntamiento de 417.000 euros al fondo buitre por incumplir la ley catalana 24/2015, que obliga a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que van a ser desahuciadas. En este caso, el fondo se había hecho con el edificio conocido como Bloc Llavors y pretendía desalojar a sus habitantes sin ofrecerles una alternativa habitacional vulnerando la llamada ley antidesahucios de Catalunya. La multa fue respondida con una querella, archivada en 2020 y reabierta por la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado año.
Según el Ayuntamiento, se trata de “un nuevo episodio de la ofensiva de lawfare contra Ada Colau y el Gobierno municipal de Barcelona En Comú”, una estrategia de “desgaste mediante querellas y denuncias sin ninguna solidez jurídica”. De las 15 querellas que diversos lobbies, partidos de la oposición y empresas han interpuesto contra el consistorio catalán, diez ya han sido archivadas al ser casos que no podían sostenerse judicialmente.
La falta de consistencia del caso del Bloc Llavors ya fue certificada por la justicia catalana. En diciembre de 2020, la juez titular del caso, Carmen García Martínez, exculpó al consistorio de Barcelona en Comú de los ocho delitos y archivó la causa ya que, según su criterio, los hechos expuestos no constituían delito y estaban atribuidos “sin rigor ni precisión”. Las acusaciones, según la juez, “ni siquiera revisten una mínima e indiciaria apariencia penal”.
En abril de 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó parcialmente un recurso del fondo de inversión, decidió reabrir el caso y llamó a declarar a Ada Colau este 13 de marzo. Ya habían declarado en la misma causa.
Este viernes 10 de marzo, declararon el concejal de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y la jefa de la Unidad Antiacoso de Disciplina de la Vivienda. Según relataron, Vauras formalizó la querella después de que los concejales se negaran a agilizar los permisos de obra de algunos de sus proyectos en la ciudad.
Días antes, la alcaldesa de Barcelona afirmaba estar “muy tranquila” y no desaprovechó la oportunidad de criticar a las empresas que “hacen un mal uso” de la justicia con “recursos y recursos hasta que consigue la imagen de una alcaldesa declarando”.
Desde el Ayuntamiento creen que la querella tendrá poco recorrido: “De nuevo, nos encontramos ante una querella que no tiene ninguna solidez jurídica y que sabemos que acabará archivada, como las otras diez”.
Lawfare urbano
No es la única querella contra Colau y el Ayuntamiento de Barcelona, sino una de las 15 demandas interpuestas en los últimos años por la oposición, grandes empresas y lobbies afectados por las políticas del Gobierno municipal. Todos estos casos tienen una serie de elementos comunes y forman parte de una estrategia para desprestigiar, dilatar, entorpecer y, en el mejor de los casos, impedir las políticas del gobierno de Barcelona en Comú, según argumenta el arquitecto y urbanista Josep María Montaner, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019 en su reciente libro Lawfare urbano: iniciativa judicial contra la Barcelona de Ada Colau (2023, Icaria).
Para este arquitecto, el lawfare urbano es la cara municipal de la guerra judicial de la derecha contra los gobiernos y partidos de izquierda, una modalidad de intervención política monopolizada hasta ahora por la derecha y la extrema derecha que en América Latina ha conseguido deponer presidentes y en España ha logrado inhabilitar políticos de izquierda y desarrollar una amplísima campaña judicial para limitar las aspiraciones electorales de Unidas Podemos.
Se trata, según explica Montaner, de “una estrategia de desgaste planificada para impedir todo cambio que favorezca el bien común y que ponga en peligro los intereses de los lobbies financieros y de las grandes compañías”.
La aprobación de la normativa para limitar el impacto del turismo en la ciudad se tradujo en varias demandas. Entre ellas, la querella de los promotores del hotel Praktik después de que el Ayuntamiento denegara la construcción de un hotel de lujo en el solar de Drassanes. El caso fue archivado en 2018. En fase de instrucción también está el juicio impulsado por London Private Company SL y la Congregación de la Misión contra la teniente de alcalde de la ciudad, Janet Sanz, por haber evitado la construcción de un hotel de lujo en la Casa Buenos Aires, una mansión ocupada por un grupo de vecinos en 2019 para impedir precisamente que este espacio de gran valor cultural se transforme en un hotel.
Otro caso de lawfare urbano fue la denuncia, ya archivada, de MK Premium (Grupo Meseda) contra la concejala Gala Pin por unas declaraciones en TV3 sobre el acoso inmobiliario que sufrían unos vecinos de la calle Lancaster, 13.
En julio de 2022, la Justicia desestimaba los cargos y archivaba la décima querella contra el ayuntamiento al no encontrarse evidencias, pruebas ni caso. En esta ocasión, se trataba de una denuncia de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, casi igual a otra que también se archivó previamente, por subvenciones a entidades sociales. “Han conseguido lanzar la idea de que todos los políticos somos iguales y corruptos”, dijo Colau entonces en referencia a la enorme repercusión mediática que tuvo una denuncia sin fundamento legal.
Uno de los mayores enemigos del Ayuntamiento de Barcelona en Comú es la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar), propiedad del gigante francés Suez. La empresa ha demandado hasta en tres ocasiones al concejal de Emergencia Climática y Transición Económica, Eloi Badía, por los intentos de remunicipalizar el servicio de agua y saneamiento de la ciudad. Según Montaner, se trata de la compañía “más beligerante” con el Ayuntamiento de Colau con “intensas campañas publicitarias”. Todas las demandas fueron archivadas. Según comenta el autor de Lawfare urbano, la “única victoria” de Agbar fue paralizar temporalmente el Reglamento de Participación Ciudadana, que recibió más de 40 demandas, a través de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
Para José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, en Barcelona la estrategia de la derecha política, económica y judicial ha consistido en “utilizar los tribunales de Justicia para eliminar al adversario político”. En el caso de Ada Colau, apunta en el prólogo del libro, “se han traspasado todos los límites que marca el principio de división de poderes y la legitimidad de la función judicial”. Para este antiguo fiscal y ex magistrado del Tribunal Supremo, “la reapertura de unas diligencias penales abiertas contra Ada Colau, reiteradamente archivadas a petición del Ministerio Fiscal, solo puede obedecer a un empecinamiento por parte de los magistrados en mantener a ultranza una sospecha judicial que se pueda prolongar hasta las siguientes municipales”.