El autor analiza la capitulación de los sindicatos mayoritarios en la negociación de los convenios colectivos
Con el acuerdo alcanzado en febrero de este año, son ya seis los pactos de negociación colectiva que han sido firmados entre las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT. Se trata de una estrategia firmemente asentada en las direcciones de ambas centrales, que se sitúan a la vanguardia europea en el sometimiento a los poderes económicos y en la configuración de un escenario socioeconómico marcado por la derrota ideológica de los representantes sindicales.
Los sucesivos Acuerdos Interconfederales de Negociación Colectiva (AINC) no son sino una pieza más del entramado construido en el Estado español desde los Pactos de la Moncloa, que han permitido llevar a la clase obrera a un grado de sumisión que pocos asesores de la patronal se hubieran atrevido a insinuar hace 25 o 30 años. Basados en un supuesto intento de frenar la inflación y de favorecer la competitividad de las empresas -eternos muñecos de guiñol esgrimidos por Gobierno y CEOE-, los acuerdos sirven para frenar en seco las peticiones de aumentos de salario por encima de la previsión oficial del IPC. Por tanto, se renuncia de antemano a incrementos salariales reales y, dada la habilidad de los servicios de estudios gubernamentales, se corre el serio riesgo de perder poder adquisitivo, lo que ha sido una constante entre los trabajadores sujetos al AINC en los últimos años.
La continua utilización de conceptos como la productividad y la competitividad por parte de Gobierno y patronal ha acabado por colonizar los esquemas mentales de los dirigentes sindicales, que han asumido ese lenguaje y, lo que es peor, todo su contenido. En aras a una especie de «responsabilidad nacional» mal entendida, las cúpulas de CC OO y UGT agachan la cabeza ante la sacrosanta CEOE y firman todo lo que les ponen por delante. Ése es el verdadero retrato de la situación, cual Rendición de Breda social.
Ganancias y siniestralidad
Y todo ello en un contexto socioeconómico de enormes beneficios económicos para los empresarios, de pelotazos bursátiles, de compras y ventas millonarias, sustentados en la cada vez mayor precarización de las condiciones de trabajo, tanto en su aspecto contractual como en el salarial. No digamos ya en el de la seguridad, con una siniestralidad laboral que muestra cifras récord en Europa.
La persistente llamada a la moderación salarial en un mercado de trabajo en el que el 40% de la población -unos 19 millones de personas- cuenta con unos ingresos mensuales brutos inferiores a 1.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria, tan sólo se puede definir como provocación lisa y llana. Conviene volver a recordar que el Estado español se sitúa con el índice de salarios más bajos de la Unión Europea -sólo supera a Grecia y Portugal-, con una cifra media de ingresos de 20.430 euros, muy por debajo de la media europea, situada en los 34.412 euros.
Y para terminar de dibujar el panorama laboral, debemos citar la discriminación que siguen sufriendo las mujeres; el fraude masivo en la contratación temporal; los sucesivos abaratamientos del despido o la ingente cifra de trabajadores en desempleo. Pero ese retrato social no perturba en absoluto el ánimo de dirigentes como Fidalgo o Cándido Méndez, que adheridos como lapas al discurso de la responsabilidad, hace mucho que renunciaron a luchar en defensa de los intereses obreros.
* Joxerra Bustillo es periodista.