Por su trayectoria académica y personal, Mario Zubiaga, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), conoce en profundidad el carácter y los objetivos de los movimientos populares, y la estrategia de desobediencia civil que algunos de estos impulsan y desarrollan. El fiscal acusa a Zubiaga, como al resto de los miembros de la Fundación […]
Por su trayectoria académica y personal, Mario Zubiaga, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), conoce en profundidad el carácter y los objetivos de los movimientos populares, y la estrategia de desobediencia civil que algunos de estos impulsan y desarrollan.
El fiscal acusa a Zubiaga, como al resto de los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe, de «impulsar uno de los ejes de la estrategia de construcción nacional de ETA». «No sólo es legítima, también es imprescindible» valoró, denunciando a continuación la «rueda diabólica» erigida por la acusación. Le siguió Allberto Frías, a quien no le imputan ningún hecho concreto, pero le piden doce años de prisión.
Mario Zubiaga lleva 18 años impartiendo clases en la UPV en materias como Derecho Constitucional y Teoría Política. Es, asimismo, autor de varios libros y un sinfin de publicaciones, y ha sido ponente en seminarios, charlas, cursos y mesas redondas. El eje de su trayectoria académica, según relató ayer [por el miércoles], son los movimientos sociales y su análisis, y conoce ampliamente la estrategia de la desobediencia civil, íntimamente ligado a los mismos. Dio una lección magistral a la Sala.
Afirmó que se trata de un fenómeno «universal», típica de los movimientos populares de todas las latitudes, y agregó que la desobediencia civil que él explica a sus alumnos, «la clásica», en la misma que se practica en Euskal Herria. Valoró, asimismo, que se trata de una forma de hacer política, «no sólo legítima, sino también imprescindible para el funcionamiento de un Estado de Derecho, para que no se anquilose». Para dar consistencia a su argumentación, citó incluso al sociólogo y filósofo alemán Jurgen Habermas, que es también Premio Príncipe de Asturias, y que describe la desobediencia civil en uno de sus ensayos como de «indispensable para la democracia». «Una rueda diabólica»
El fiscal acusa a Zubiaga, como al resto de los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe, de «impulsar uno de los ejes de la estrategia de construcción nacional de ETA». Respondiendo a esta acusación, el profesor tolosarra denunció que «por la confluencia de unos mismos objetivos» la acusación ha dado por hecho la existencia de una relación orgánica entre organismos sociales, formaciones políticas y la organización armada, en una estrategia basada en la «presunción de culpabilidad». «Se trata de una rueda diabólica, kafkiana, macarthyana, porque somos nosotros los que tenemos que demostrar que somos inocentes».
Agregó que «son los medios los que definen el carácter de una organización, no los objetivos», y apuntó que «lo que hace que ETA sea ETA son los medios que utiliza. Si adoptara una estrategia de desobediencia civil, ya no sería ETA».
Zubiaga es miembro del Patronato de la Fundación Joxemi Zumalabe desde 1996, y al igual que sus compañeros narró el trabajo desarrollado durante estos años en apoyo a los movimientos sociales de Euskal Herria. Colectivos que, como subrayó, «han conseguido que temas que antes no existían en la agenda política, hayan aparecido», tales como la igualdad de la mujer, la violencia de género o la lucha ecológica.
Aprovechando la visita de decenas de representantes de estos movimientos, invitó al fiscal y a los jueces a que, aprovechando un receso, les preguntaran directamente a qué se dedicaban. «Es la mejor forma de saberlo», señaló. También fue preguntado por la iniciativa popular Bai Euskal Herriari, en cuya presentación pública participó, y sobre el Euskal Herriko Naziotasun Aitormena (EHNA). «Criterios étnicos»
«Para hacerlo me pidieron dos fotografías, quince euros y el censo» explicó al tribunal, preguntando si «estos son filtros étnicos y excluyentes o las barbaridades que hemos escuchado durante años». Siguió preguntando: «¿Qué país es capaz de ofrecer la nacionalidad a una persona que simplemente viva o, como se decía antes, trabaje o quiera trabajar allí?». Declaró que «la definición de ser vasco, es estrictamente valontarista, lo que todo aquél que quiere serlo», agregando que «no se han utilizado criterios étnicos para ello desde los años 30 del siglo pasado». Por ello, valoró que las polémicas abiertas a este respecto son «fantasmas particulares que se han trasladado» desde el Estado español, ya que «la construcción de la nación española, desde el siglo XV, sí se ha basado en criterios étnicos y excluyentes».
Antes de finalizar su declaración, Zubiaga se dirigió al tribnal, expresando su esperanza en que «este juicio sirva para cerrar la época autoritaria abierta en 1998, y abrir otra época de esperanza».
A continuación le tocó el turno a Alberto Frías que, a solicitud de su abogado, puso a los jueces al corriente de su dilatada experiencia en el movimiento ecologista, en todas sus vertientes, y que le ha llevado a escribir 25 libros y a ser miembro del Consejo Vasco del Medio Ambiente, principal órgano consultivo de Lakua. El fiscal no le atribuye la realización de ningún hecho concreto, sólo su pertenencia a un órgano colegiado, como es el Patronato de la Fundación Joxemi Zumalabe. Como tal, le acusa de ser miembro de Ekin y le pide doce años por «colaboración con banda armada».
Frías negó la acusación y, a modo de ejemplo, recordó que es el portavoz único de la iniciativa Araba sin Garoña, donde participan organismos de todos los espectros ideológicos, «menos del PP». «¿Creen que aceptarían que su único portavoz fuera de Ekin?», preguntó.
«¿Conoce el fiscal qué es el derecho penal de autor?» En su condición de letrado, colegiado en Araba, y dado que en el extenso escrito de conclusiones del fiscal, tiene 172 folios, sólo se le menciona en una frase, en el folio 103, y para pedirle para 12 años de prisión, Alberto Frías lanzó un órdago a Enrique Molina: respondería a sus preguntas si él respondía a las suyas. La juez respondió por el fiscal que no pudo disimular su enfado al leer su cuestionario. y espetó que «no responderá». Tampoco aceptó incorporar a la causa las dieciséis preguntas del conocido militante ecologista.
«¿Conoce el Ministerio Fiscal qué es el derecho penal de autor?». Así reza la primera pregunta de «un procesado que tras años cinco años y medio no sabe de qué se le acusa y, por tanto, de qué tiene que defenderse». «¿Encuentra parecidos el Ministerio Fiscal entre la aplicación del derecho penal de autor y el que se está siguiendo en en sumario 18/98?», prosigue el interrogatorio de Frías, quien también pregunta a Molina si «¿cree que alguna persona puede ser miembro de una organización sin saberlo?».
También le interroga, entre otras cuestiones, sobre la función «innovadora» de la Audiencia Nacional apuntada por el Jefe de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez. Esta primera intervención dio paso a diversos rifirrafes en los que intervinieron, además del propio procesado, su abogado José María Alosua, el fiscal y la juez Angela Murillo, que retiró la palabra a Frías en varias ocasiones durante su declaración. Este, denunció también el haberse enterado de todas las medidas en su contra a través de los medios.