La destrucción y la reconstrucción del movimiento obrero, una cuestión de lucha de clases

«…tal y como está la situación hoy, el trabajo como enemigo del capital se ve obligado a defender sus intereses no sólo con una sino con las dos manos atadas a la espalda. Una de ellas amarrada por fuerzas abiertamente hostiles a los obreros y la otra por sus propios partidos reformistas y los dirigentes de los sindicatos»i.

La Transición fue el comienzo de la aceptación de la lógica del enemigo

No es posible analizar pormenorizadamente aquí el largo camino recorrido por los entonces sindicatos de clase, hoy reconvertidos en «agentes sociales», hasta llegar a ser los mejores aliados de la patronal y el gobierno de turno. Pero sí es preciso identificar el origen, el punto de ruptura, el principio del cambio ideológico.

Un sofisticado engranaje ideológico, político, cultural y mediático se puso en marcha durante los años de la Transición con el objetivo de incorporar a determinados dirigentes políticos y sindicales de la izquierda marxista a las filas del consenso en torno a los «intereses de Estado», incluida de forma destacada la política antiterrorista, más allá de la lucha de clases. Los nuevos «grandes estadistas» – y si alguno no encajaba en el papel como Marcelino Camacho, se le cesaba – se encargarían de llevar a cabo los necesarios cambios ideológicos y políticos en sus organizaciones, expulsando a los rebeldes, sustituyéndoles en los aparatos de dirección por elementos más dóciles y, sobre todo, más sensibles a las ventajas materiales con las que Estado y patronal estaban dispuestos a endulzar la difícil pero trascendental tarea. Se trataba de domesticar y neutralizar el poderoso movimiento obrero y popular construido en la lucha contra la Dictadura.

Los Pactos de la Moncloa, tres décadas después, son perfectamente identificables como el momento del comienzo de la demolición, paulatina e ininterrumpida, de todo el sistema de protección social y de derechos laborales duramente conquistados por la lucha obrera durante la Dictaduraii.

Doce días después de que el Parlamento, con los votos de PSOE y PCE, amnistiara los cientos de miles de asesinatos, robos y torturas perpetrados por el franquismo se firmaron los Pactos de la Moncloaiii.

Año y medio antes, gobernando Suarez, con los sindicatos prohibidos y sus dirigentes encarcelados, se había promulgado una Ley de Relaciones Laboralesiv muy progresiva y que venía a generalizar las conquistas logradas por los sectores más avanzados de la clase obrera. Se establecía por primera vez como objetivo general la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la contratación indefinida, precisamente cuando, de la mano de las políticas neoliberales, los ordenamientos jurídicos de la Europa Occidental evolucionaban hacia la «flexibilidad». La lucha de clases y la correlación de fuerzas mandaban.

Eso es justo lo que enterraron los Pactos de la Moncloa. No hablaban de depurar de fascistas los aparatos de estado o empresas públicas, en contra de lo que difundió la dirección del PCE. Su eje vertebrador era la búsqueda, a toda costa, de la competitividad para hacer frente «unánimemente» a la crisis económica. La clase obrera se solidarizaba con los empresarios y aceptaba la introducción de un contrato por dos años, con despido libre, para jóvenes y parados de larga duración y la anulación de la obligación de readmitir al trabajador en un despido declarado improcedente.

El proceso que entonces se inició continuó con la «reconversión industrial», vendida como un sacrificio necesario – otra vez de la clase obrera – para entrar a la CEE, el paraíso de los derechos sociales. Le siguió la venta a precio de saldo de empresas públicas tan rentables que hoy son las estrellas de La Bolsa, precisamente por tratarse de sectores estratégicos. Así la banca pública, Argentaria, hoy BBVA, CAMPSA convertida en REPSOL, TELEFÓNICA, ENSIDESA, IBERIA, IBERDROLA, IZAR, SEAT, etc.

La sustitución de centenares de miles de puestos de trabajo fijos y con derechos se inició con la «reconversión industrial» de principios de los 80 y continúa con el reguero interminable de «reestructuraciones de plantilla», «desvinculaciones», «externalizaciones», «subcontratas, «deslocalizaciones o EREs.

Mientras era evidente que los gobiernos de turno ejecutaban una política de carácter general, perfectamente planificada, las burocracias sindicales asistían impávidas al derroche de energía de los trabajadores de cada empresa, solos, cuando al mes siguiente saltaba una empresa tras otra. La respuesta obrera, aislada, devaluada y fragmentada se abocaba una vez tras otra a la derrota.

No solamente se separaban empresas y sectores. Como muestra con genial claridad la película de Fernando León de Aranoa, «Los lunes al sol», la dinamitación de la solidaridad y de la unidad de clase – negociando cada fragmento de trabajadores su situación, mirando para otro lado cuando despedían a las diferentes categorías de temporales, de subcontratados, cada grupo pensando salvarse a sí mismo, hasta que les tocaba a los últimos y no había fuerza para resistir- es el impagable rédito para el capital de un camino que no tendrá fin, a no ser que se cancele, colectivamente, un proceso que lleva al desastre.

Los ejemplos son innumerables. La estrategia es siempre la misma: convencer a los trabajadores y trabajadoras de que no vale la pena luchar y que hay que aceptar lo que hay y «sacar lo que se pueda».

Hay veces que no lo consiguen, bien porque dirigentes del propio sindicato encabezan la huelga o bien porque es dirigida por otros sindicatos no controlados. Entonces se pone enmarca el plan B. CC.OO. y UGT, autoproclamados «sindicatos más representativos» y, sobre todo, reconocidos como tales por patronal y administración, ningunean al comité de empresa, dejando en evidencia a sus propios afiliados, al comité de huelga y la asamblea de trabajadores, firmando acuerdos sin el consentimiento previo de los afectados, ni de sus representantes inmediatos.

Solamente alguien que lo haya vivido de cerca puede explicar el efecto demoledor que provoca la percepción directa de la traición de clase entre gente que está viviendo en toda su dureza la tensión de la lucha, las amenazas y la represión. La derrota va acompañada de humillación y de desconfianza en los dirigentes y en la propia fuerza de clase. La patronal bien puede brindar al grito de «¿Quién da más?»

Recuerdo algunos de los casos más recientes y de mayor trascendencia pública: el acuerdo firmado por el Comité Intercentros de Telefónica a espaldas de la espléndida lucha de los trabajadores de SINTEL, la actuación de ambos sindicatos firmando a espaldas de la plantilla el ERE de SEAT, la compleja trama de intereses urbanísticos sindicales y políticos en torno al cierre de La Naval en Gijón – ayuntamiento gobernado por PSOE e IU – y que llevó al escándalo del encarcelamiento de Cándido y Morala por denuncias del consistorio, la intervención del secretario general de UGT en la huelga de la limpieza del metro de Madrid (CC.OO., directamente no convocaba) y tantos y tantos etcéteras que constituyen la negra historia no escrita que millones de trabajadores y trabajadoras han padecido.

La evolución del porcentaje de participación de los salarios en el PIB, reflejo de la lucha de clases, muestra las consecuencias de la intervención de la política en la Transición para ganarle el pulso al movimiento obrero y alterar falazmente la correlación de fuerzas. Su caída en picado desde 1975 hasta ahora desenmascara la «democracia».

Año salarios/PIB %

1964. 41,4

1975. 51,5

1982. 50,4

1996. 49,6

2006. 46,4

Lo que pagan por los servicios prestados. Babcock, Citibank, las pensiones de los funcionarios: botones de muestra.

Ya es vox populi que, al calor de cada uno de estos procesos y estrictamente «poniendo en valor» su capacidad de neutralización del conflicto, se ha constituido un poderoso aparato de sindicalistas vividores que, por una parte se apropian personalmente de jugosos beneficios, y por otra parte, contribuyen al mantenimiento de «la casa».

El camino seguido en el proceso de privatización y desmantelamiento de Babcock, la principal empresa de bienes de equipo de Euskal Herría, es un buen ejemplo de lo sucedido en tantas otras empresas.

La página web www.laotrafsp.com, de críticos de UGT relata así el procedimiento seguido por CC.OO. y UGT para obtener beneficios de esta crisis:

«Babcock contrata un seguro con una financiera para pagar las prejubilaciones de los trabajadores; el seguro lo paga la SEPI (dinero público). La empresa contrató a Atlantis Asesores como intermediaria para la contratación del plan de pensiones de los trabajadores prejubilados. Atlantis Asesores es una empresa del grupo Atlantis participada al 100% por CC.OO.

Atlantis Asesores se dirigió por carta a varias aseguradoras españolas (MAPFRE, BBVA Seguros, La Estrella, Vitalicio, Caser, y algunas más) para notificarles el interés de la multinacional holandesa en la formalización de un plan de pensiones para 283 trabajadores. Ya avanzaba Atlantis que los gastos externos (comisiones de intermediación) ascenderían al 1% del total de la póliza (unos 90 millones de €). UGT no iba a quedarse fuera de juego y, como todavía no era accionista de Atlantis, recomendó (a través de su Federación del Metal en Asturias) a otra intermediaria de nombre Bango.

De esta forma, los sindicatos que negocian el futuro de una empresa que llegó a contar en 1978 (cuando estaba nacionalizada) con 5.160 trabajadores, y que ahora no pasa de 325, se ha beneficiado del dinero público que la SEPI ha ido inyectando (122 millones de € anuales). Y la historia está inconclusa. No hace falta más que introducir en cualquier buscador el término «babcock» para observar que siguen reduciendo la plantilla y el interés de los representantes sindicales en continuar prejubilando hasta la total desaparición de la empresa. Hay que chupar de las comisiones – que paradoja – hasta el final.

Intentar distinguir en los tiempos que corren entre el mundo empresarial y el sindical implica un esfuerzo que sólo los ingenuos o los muy interesados en chupar de la burocracia sindical afrontan. Detrás de cualquier pensión; detrás de cualquier ERE; detrás de cualquier crisis donde se hable de prejubilaciones y reducciones de plantilla estarán los sindicatos a la caza de «comisiones» y beneficios a través de sus variopintas empresas.

Y, claro, como no tienen que rendir cuentas a nadie (sería ofender a quien lea estas líneas mencionar las Comisiones Gestoras de Cuentas) y trasvasan fondos de aquí para allá cuando les conviene, el negocio es redondo. No pasará mucho tiempo para que les veamos cotizar en bolsa».

Los sindicatos LAB y ESK, minoritarios en el comité de la citada empresa, han denunciado estos días en rueda de prensa quev «varios representantes sindicales de ELA, CCOO y UGT se beneficiasen de aumentos salariales irregulares para obtener prestaciones de oro derivadas de la jubilación anticipada, mientras sus propios compañeros pasaban a la situación de prejubilados en peores condiciones económicas, es algo que refleja la catadura moral de dichos sujetos y deslegitima toda su actuación sindical».

Las jugosas «mejoras» en las prejubilaciones ascenderían a tres millones de euros y no han sido aceptadas por la SEPI. Ambos sindicatos manifestaron que ahora entendían porque los tres sindicatos beneficiados se negaban a recurrir el ERE, aunque cuando, dijeron, «las corruptelas no son algo nuevo; ya ocurrió con otras prejubilaciones». Las mismas fuentes criticaron también a las Federaciones del Metal de CC.OO y UGT cuyos sus representantes cobraron millones de euros en dietas tras ser colocados en el Consejo de Administración de Babcock para actuar como «técnicos asesores de los mercenarios asesores contratados por la empresa».

El escándalo de Citibank, destapado por Interviú, constituye una misma punta del extensísimo iceberg. El citado banco pagó 650.000 euros a CC.OO., UGT y FITC a cambio de su participación en una negociación que culminó con un importante recorte de plantilla y la eliminación de derechos adquiridos por los trabajadoresvi. Además a los «sindicalistas negociadores», incluida la secretaria general de banca de CC.OO, Mª Jesús Paredes y su marido, se les regalaron viajes a EE.UU. (Nueva York y S. Antonio – Texas) y entradas para ver un partido de Los Ángeles Lakers. Muy ilustrativas fueron las declaraciones de esta última, sorprendida por el escándalo que producían «práctica habituales» en cualquier negociación colectiva. Los hechos denunciados por CGT fueron confirmados por la sentencia judicial.

El mayor pelotazo, por sus dimensiones y porque es de carácter permanente, lo constituye el lucrativo negocio de las pensiones de los empleados públicos, a quienes se les detrae – sin su consentimiento – el 0,5 % de la masa salarial con ese fin. Una Comisión de la que formaban parte CC.OO. y UGT «eligió», mediante concurso público, para la gestión de esos fondos a la empresa Gestión de Previsión y Pensiones cuyos accionistas son: BBVA 70%, CC.OO. 15% y UGT 15%. Nadie objetó irregularidad alguna.

La realidad palmaria es que ambas centrales sindicales, hace tiempo reconvertidas a «sindicatos de servicios», han pasado a ser auténticas empresas «modernas» que realizan inversiones especulativas y que obtienen importantes beneficios. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el «valor» que producen y que se cotiza tan caro? Generan el bien más preciado por la patronal y sus gobiernos: paralizar la capacidad de respuesta de trabajadores y trabajadoras.

Lo que hay que enterrar y lo que está naciendo

Dos huelgas recientes, largas y duras, la de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y la de las conductoras y los conductores de los autobuses de Barcelona, ejemplifican perfectamente la larga agonía de un modelo sindical y el incipiente pero firme alumbramiento del nuevo movimiento obrero.

La huelga de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia

Los trabajadores y sus representantes sindicales (CC.OO. CSI-CSIF, UGT y STAJ) han protagonizado dos meses de huelga y movilizaciones ejemplares en todo el Estado. El altísimo grado de unidad y combatividad alcanzado, utilizando inteligentemente la campaña electoral para sus denuncias y rechazando en un referéndum un preacuerdo considerado insuficiente, se forjó en una actividad asamblearia que les dio fuerzas para aguantar la tensión y el cansancio, al tiempo que profundizaba la confianza de los huelguistas en si mismos y en sus representantes. Sentían aquello que tanto teme la patronal, en este caso el Ministerio de Justicia: la enorme fuerza de su unidad.

Cabe destacar el importante papel dirigente y aglutinador desempeñado por el Sector de Justicia de CC.OO, de los pocos que controla el Sector Crítico, y en especial por Javier Hernández, cuya coherencia y honradez es reconocida por todos.

Aquí se aplicó el plan B, el que se utiliza cuando los representantes directos de los trabajadores anteponen la fidelidad a los mismos y a la democracia obrera, a las mieles que se consiguen doblegándose ante el poder.

De la manera más brutal, los secretarios generales de las Federaciones de Servicios Públicos (FSP) de CC.OO y UGT, ninguneando a sus propios afiliados y afiliadas y a los compromisos contraídos por estos ante las asambleas de que no se firmaría nada que no fuera aprobado por ellas, ultimaron el acuerdo con el Ministerio de Justicia, se comprometieron a no consultar a la plantilla y desconvocaron la huelga. Con todo desparpajo y como conjurando un peligro, el máximo responsable de la FSP de UGT, sentenció: «Nadie va a inventar el sindicalismo hoy; se toman decisiones y se asumen responsabilidades». El intento de CSI-CSIF YSTAJ de mantener la convocatoria de referéndum quedó arrasado por el potente golpe de mano.

Más allá del contenido concreto del acuerdo, no es difícil imaginar el sentimiento de humillación, rabia e impotencia de los trabajadores y de sus representantes directos. Hay dos modelos de conclusiones que pueden sacarse. El primero, el más primario y extendido, es que no hay nada que hacer, que no vale la pena luchar: ellos son poderosos y nosotros débiles. El segundo, continuaría la frase: ellos son poderosos y nosotros débiles…mientras sigamos manteniendo y formando parte de estructuras que han repetido mil veces la misma jugada y que, objetivamente, se alinean en el equipo de la patronal.

La huelga de los conductores y conductoras de los autobuses de Barcelona.

En este caso la huelga fue propuesta por CGT y ACTUB y aprobada masivamente en asamblea a pesar de la oposición de CC.OO y UGT y del sindicato corporativo, SIT.

La reivindicación central, dos días de descanso semanal – un objetivo sentido por la plantilla y demandado desde hace tiempo – fue eficazmente explicado y comprendido por la población, como una medida necesaria para reducir el desgaste y que redundaría en una mayor seguridad del transporte público. El tipo de sindicalismo basado en el debate colectivo y en la toma de decisiones en asambleas, adoptó también, desde el primer momento, medidas de movilización social.

El trabajo realizado por el «Comité de Descansos» ha buscado en todo momento el apoyo de la ciudadanía, vinculando su lucha a la defensa del transporte público. Se distribuyeron 60.000 ejemplares del periódico «Dos dies!» y se formó una «Plataforma d’Usuaris pels dos dies». Se organizaron piquetes en las cocheras. Se editó un bono de ayuda de 2 euros que permitía a los usuarios no pagar mientras durase la huelga. El texto decía: «Tarjeta de usuario en huelga, por los dos días de descanso semanal, sin reducción salarial, sin aumento de tarifas, sin sanciones».

El comité de huelga controló los servicio mínimos y denunció con firmeza a los esquiroles. Se promovieron manifestaciones en la calle y ante las instituciones. Se buscó en todo momento la solidaridad activa del conjunto del movimiento obrero, vecinal y de los estudiantes. Se pudo así vencer una importantísima campaña mediática (cientos de miles de dípticos y utilización de todos los medios de comunicación contra los trabajadores), con dinero público, tan escandalosa que fue denunciada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

La victoria de la huelga y la movilización frente a un bloque aparentemente todopoderoso: la patronal de TMB, el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno del Tripartito, y la burocracia de CC.OO. y UGT, fue rotunda. La actitud de estos últimos, oponiéndose primero a la movilización, y luego intentando boicotear la lucha, mientras aceptaban una tras otra las propuestas de la patronal que a su ver eran rechazadas masivamente por las asambleas de trabajadores, les ha confirmado como lo que han sido: esquiroles al servicio de la patronal y de los poderes establecidos. La ruptura pública de carnets y las desafiliaciones masivas han sido la respuesta.

Las palabras del Comité de Descansos, tras la victoria, resuenan -y eso es lo que la patronal más teme en cada lucha- en los oídos de la clase obrera: «Hemos demostrado que se pueden conseguir mejoras laborales sin necesidad de que intervengan vividores sindicales y hemos demostrado que cuando la plantilla está unida y toma sus acuerdos en asambleas, reaparece entre nosotros, a pesar de las diferencias de opinión que puedan haber, la solidaridad de clase y la lucha colectiva».

La lucha de los trabajadores y trabajadoras de TMB no es un hecho aislado. Lentamente el descrédito de CC.OO. y UGT entre los trabajadores se va extendiendo y sus cúpulas perciben que se mueve el suelo bajo sus pies porque otro sindicalismo se está forjando. Un curioso hecho refleja su preocupación: ambas centrales sindicales se dirigieron recientemente a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid exigiéndoles que no tuvieran relación con «sindicatos minoritarios». Afortunadamente su petición fue desatendida.

Un nuevo sindicalismo va abriéndose camino. El método no es nuevo. Se trata de algo tan antiguo como la construcción del movimiento obrero y la conciencia de clase. El instrumento decisivo, el requisito indispensable es construir la propia fuerza independiente a partir de las asambleas en las que se forja la unidad y la conciencia del poder obrero, para así asegurar que todos los esfuerzos de la patronal para dividir, para instilar en las mentes el sentimiento de impotencia, de derrota preventiva, puedan ser vencidos.

Esta victoria es un paso decisivo. Tiene la fuerza demoledora de la realidad, del hecho concreto, del método útil y validado de la democracia obrera vinculada a la movilización social. Es esa fuerza material real, la que es capaz de barrer de un plumazo, como a desechos inútiles, a las burocracias sindicales.

La reconstrucción del nuevo sujeto de clase, sindical y político, solo puede surgir de experiencias de lucha unitarias, desde la base, que reconstruyan la unidad de clase, obrera e inmigrante, que respondan con nuevas formas organizativas a la precariedad, que sean capaces de vincular la difícil lucha de las mujeres trabajadoras contra su doble explotación y que enfrenten la depredación capitalista del medio natural.

Seguramente para la militancia honesta que queda en CC.OO es doloroso enfrentarse a la evidencia de que todas las huelgas que se erijan sobre la independencia de clase y la democracia obrera serán traicionadas por sus cúpulas sindicales, pero negar la realidad y tropezar una y otra vez con el mismo muro es, cuando menos, una irresponsabilidad.

Nada está garantizado, pero las alternativas empiezan a mostrar el camino. Ninguna de ellas se puede vincular a la pervivencia de las burocracias de CC.OO y UGT. Como bien han demostrado son un cáncer para el movimiento obrero y, como tal, deben ser enviadas cuanto antes al baúl de los objetos inservibles.

Notas: