Traducido del inglés para Rebelión por S. Seguí
El 16 de marzo de 2007, la policía filipina detuvo en la escalinata de la Corte Suprema de Filipinas al veterano periodista, activista, ex prisionero político y torturado Satur Ocampo, diputado del Congreso de ese país. Un día antes, en Washington, la senadora californiana Bárbara Boxer dio comienzo a una audiencia relativa al creciente número de ejecuciones y secuestros a manos de los escuadrones de la muerte que tienen lugar en Filipinas. Casi mil líderes sindicales, religiosos, abogados, activistas de derechos humanos, campesinos y cargos electos de las listas del partido de acción social dirigido por el congresista Ocampo, forman la lista de víctimas.
A la vez que el gobierno filipino, presidido por Gloria Macapagal Arroyo, está siendo investigado por el Senado de Estados Unidos por los recientes asesinatos de sus opositores, el diputado Ocampo se enfrenta junto a otros 50 opositores al gobierno, a la acusación de incitación al asesinato de un grupo opositor a Ferdinand Marcos, hace 22 años. El gobierno no tiene en cuenta el hecho de que Ocampo estaba en esos momentos en prisión, como prisionero político de la dictadura de Marcos.
No escapa al pueblo filipino la ironía que supone que una antigua víctima de crímenes contra los derechos humanos sea acusada de «crímenes contra la humanidad» por parte de un gobierno cada vez más cuestionado internacionalmente. Los filipinos están acostumbrados a comportamientos macabros por parte de oficiales del ejército, que transportan restos humanos (operación conocida como «reciclado de huesos») y hacen desaparecer y reaparecer testigos encarcelados que prestan declaración, luego se desdicen y, al final, acaban testificando de nuevo.
Satur Ocampo es un veterano de la lucha contra Ferdinand Marcos que tiene en la actualidad 67 años y dirige la coalición Bayan Muna (El pueblo, lo primero). Entre los sectores democráticos de Filipinas, hay una seria y urgente preocupación por la seguridad de Ocampo, que en estos momentos se halla bajo custodia policial-militar. El próximo mes de mayo está prevista la celebración de elecciones nacionales y la situación de los derechos humanos se está deteriorando con rapidez. En los últimos seis meses los asesinatos y ataques a los miembros de los partidos de acción social se han incrementado en paralelo al crecimiento de la masa de personas que asisten a sus actos electorales. Los observadores políticos temen que esta campaña culmine con el asesinato o la detención de toda la lista de candidatos de izquierda que realizan campaña para las elecciones al Congreso. Su base electoral entre la población urbana pobre, los trabajadores, los campesinos y las mujeres es particularmente vulnerable a los asesinatos políticos.
A diferencia de los políticos de clase alta y media de los principales partidos políticos de elite tradicionales (conocidos como trapos, por los campesinos de la calle), Ocampo es hijo de campesinos pobres, nacido y criado en Luzón central, crisol de la rebelión campesina. Muchos miembros de la famosa guerrilla comunista Hukbalahap, que combatió la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, provenían de esta región.
En su calidad de joven activista y periodista en los años sesenta, Ocampo participó en la fundación del movimiento nacionalista juvenil Kabataan Makabayan y del Movimiento para el Avance del Nacionalismo. Ocampo es un periodista de prestigio y como tal fue elegido en su día vicepresidente del Club Nacional de Prensa filipino. Cuando Ferdinand Marcos declaró la ley marcial, en septiembre de 1972, se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Más tarde, tuvo un papel importante en la formación del Frente Democrático Nacional, que fue uno de los elementos clave para el derrocamiento del régimen de Marcos en febrero de 1986.
Ocampo pasó nueve años en la cárcel bajo la dictadura de Marcos, durante los cuales fue torturado brutalmente. En prisión, promovió varias protestas junto a otros miles de prisioneros políticos. A pesar de su prolongada detención, nunca fue condenado por los tribunales militares creados por el dictador, y en mayo de 1985 consiguió escapar de la cárcel. Más tarde, en 1986, volvió a la vida pública y presidió las conversaciones de paz entre la nueva presidenta filipina, Corazón Aquino, y el Frente Democrático Nacional. Las conversaciones fracasaron en 1987 cuando Aquino dio orden a los militares de disparar contra los campesinos que habían estado manifestándose en favor de la reforma agraria ante el palacio presidencial, matando e hiriendo a buen número de ellos. Ocampo fue detenido de nuevo en 1989 junto a su esposa, también periodista y académica, pero fue liberado por los tribunales en 1992 por falta de pruebas.
A comienzos de 2001, el gobierno filipino accedió, por presión popular, a permitir la participación de partidos de acción social en las elecciones nacionales. Ocampo encabezó la lista de una coalición de candidatos de izquierda como presidente de Bayan Muna y consiguió cerca del 12% de los votos, lo que permitió a dicha coalición disponer de tres escaños en el Congreso filipino. Por primera vez en muchas décadas, miembros de la izquierda y nacionalistas progresistas dispusieron de un espacio en el Congreso que les permitió debatir y proponer legislación social de alcance popular. Su defensa de reformas socioeconómicas les proporcionó un gran seguimiento entre la mayoría de los filipinos pobres y la participación en sus organizaciones de masas se incrementó espectacularmente. Por primera vez en décadas, los pobres habían conseguido elegir a algunos de los suyos como diputados en el Congreso.
El 16 de enero de 2001 el presidente Joseph Estrada fue derrocado por corrupción y su vicepresidenta, Gloria Macapagal Arroyo, asumió la presidencia. Poco después de las elecciones de mayo del 2001, comenzaron los asesinatos de cuadros, representantes provinciales electos y activistas de Bayan Muna en las partes más remotas del país, como la región de Visayas, Bicol, Mindanao y Mindoro. La presidenta Macapagal aprovechó la declaración de Bush de «guerra al terrorismo» para liquidar a su oposición. Al mismo tiempo, la presidenta filipina se apresuró a comprometerse con la política criminal de la coalición de Bush y procedió a equiparar a sus opositores de izquierda con el «terrorismo global».
Los asesinatos y secuestros se incrementaron e intensificaron paralelamente a la influencia de la ayuda militar estadounidense y a la llegada de sus consejeros militares. Según grupos eclesiales de derechos humanos, la lista de líderes políticos asesinados incluye personas de todos los sectores de la sociedad civil: periodistas, activistas políticos y sociales, líderes sindicales, religiosos, abogados y jueces, líderes campesinos y supervisores de derechos humanos, así como testigos de graves violaciones de los derechos humanos. El modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales se parece, como una gota de agua a otra, al de los batallones de la muerte colombianos aliados al gobierno de Uribe y los militares: jóvenes enmascarados montados en motocicletas disparan sobre sus víctimas a la luz del día, frecuentemente en las proximidades de campamentos policiales o militares. Casi nunca hay detenciones, se liquida a los testigos oculares y nadie es llevado ante los tribunales. Todos los datos señalan la existencia de vínculos importantes entre los escuadrones de la muerte y los militares filipinos, y entre éstos y el gobierno de Macapagal. De los doce militares filipinos implicados por las autoridades, solamente tres, simples soldados de la más baja graduación, han sido acusados en relación con los 840 asesinatos y más de 200 desapariciones.
Desde el 1 de enero de 2007, se han registrado asesinatos de líderes estudiantiles provinciales afiliados alguno de los partidos que forman la coalición Bayan Muna, de jóvenes afiliados a los grupos de acción social de las iglesias protestantes, religiosos de avanzada edad, mujeres participantes y miembros de las ramas provinciales del Partido Feminista Gabriela, jóvenes maestros, alcaldes y concejales, e investigadores de derechos humanos. La amplitud de los asesinatos políticos y la inseguridad general han hecho que las Cámaras de Comercio en Filipinas de Australia, EE UU y Canadá, y los gobiernos de Noruega, Suecia, Canadá y Bélgica hayan presionado al gobierno de la señora Macapagal a fin de que ponga freno a los militares que patrocinan a los escuadrones de la muerte. Un informe de Amnistía Internacional, presentado en agosto de 2006, señala la responsabilidad del Gobierno, documenta los asesinatos, las torturas y el internamiento de activistas y opositores al Gobierno.
El 20 de marzo de 2007, el Financial Times, de Londres, informaba de que incluso grupos de empresas internacionales tan antisindicales como Wal-Mart, The Gap y otros, con negocios en Filipinas, instaban al Gobierno filipino a poner fin a los homicidios de líderes sindicales, abogados y religiosos involucrados en la defensa de los derechos de los trabajadores.
El Gobierno niega la participación de los militares y niega también la naturaleza sistemática de estos crímenes. La presidenta Macapagal acusa a los grupos de derechos humanos y a las organizaciones religiosas locales e internacionales de ser «tapaderas de los comunistas». El alto mando militar-policial atribuye los asesinatos a «purgas comunistas» contra sus propios miembros, a la vez que anuncia una campaña dirigida a «acabar con los comunistas» y con los miembros de las «organizaciones tapaderas comunistas». Parece evidente que la impunidad no mejora la lógica.
El descarado desprecio por la opinión pública internacional queda ilustrado por un reciente hecho: una testigo ocular, que había dado testimonio ante el ponente especial de las Naciones Unidas, Phillip Alston, en relación con el asesinato por un escuadrón de la muerte de su suegro, fue asesinada de la misma manera que su familiar: jóvenes enmascarados montados en motocicletas la mataron a una cuadra de distancia de un cuartel de la policía fuertemente custodiado.
A pesar de la ola de represión y terror, y quizás en abierto desafío a ésta, la coalición de izquierdas dobló su número de representantes elegidos en las elecciones del 2004. En el Congreso, los representantes de los pobres se batieron y consiguieron imponer legislación sustancial en beneficio de los trabajadores de ultramar, las víctimas de la violencia doméstica y la protección de los jóvenes.
En febrero del presente año, el asesor de Seguridad Nacional de la presidenta Macapagal Arroyo puso a ésta sobré aviso del creciente apoyo que están recibiendo los candidatos de los partidos progresistas, a la vez que los describía como «tapaderas comunistas». En términos ominosos, incidió precisamente en su popularidad como razón de más para «descalificarlos» para las próximas elecciones de mayo de 2007. El significado del término «descalificación» se hizo bien evidente cuando numerosos personas, hombres y mujeres, incluyendo varios abogados, líderes de minorías indígenas y campesinos fueron asesinados a los pocos días de presentar su candidatura. «Descalificación» es el nombre en clave que recibe el asesinato por parte del gobierno de la presidenta Macapagal.
Hay un peligro real de que el diputado Ocampo sea maltratado o incluso asesinado si el gobierno o los militares consiguen sacarlo de la capital, Manila, y trasladarlo a la más remota región de Visayas, donde los militares y los escuadrones de la muerte operan en público con total impunidad. Debido a la amplia oposición a la detención de Ocampo, los militares intentaron sacarlo en secreto por vía aérea con dirección a Visayas en un avión privado Cessna, a pesar de la orden en contra de esta medida dada por la Corte Suprema. No obstante, los militares tuvieron que dar marcha atrás en pleno vuelo, debido a una decisión judicial proveniente de Visayas. Está pendiente de tramitación una petición a la Corte Suprema filipina en la que se rechazan las falsas acusaciones contra Ocampo. El propio portavoz de la presidenta informó de que ésta se puso literalmente lívida cuando se enteró de que los abogados del congresista Ocampo habían conseguido hacer aceptar la petición judicial por la Corte Suprema. Al igual que el presidente Bush, Macapagal considera los procedimientos judiciales y constitucionales como limitaciones a su poder absoluto.
Ocampo no está solo. Su compañero del partido Anakpawis (Masas Trabajadoras), el veterano congresista y líder sindical Crispín Beltrán, languidece desde hace 16 meses en el hospital de una prisión militar bajo falsas acusaciones de rebelión durante la dictadura de Marcos, hace más de 25 años.
El gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo (de la que existen grabaciones en las que da instrucciones a sus asesores para manipular la elección presidencial de 2004) ha hecho todo lo posible por aniquilar físicamente a sus opositores políticos y a los líderes de los movimientos sociales, a los que, cada vez más, la gran mayoría de los filipinos considera como sus únicos representantes genuinos. Aparte del apoyo incondicional de la Casa Blanca, su gobierno hace frente a un ostracismo y aislamiento internacionales crecientes. No obstante, a menos que se alcen voces, particularmente en la campaña de las elecciones al Congreso, líderes populares como Satur Ocampo, Beltrán y muchos otros no podrán participar en las elecciones ni quizás escapar a los jóvenes enmascarados de los escuadrones de la muerte de Macapagal.