Ya dijo el escritor William Faulkner que el pasado nunca está muerto ni enterrado. Lo recuerda la historiadora Miriam Saqqa (Madrid, 1986), precursora de una línea de investigación sobre la Causa General del franquismo y cómo construyeron todo un martirologio con sus víctimas para convertirlas en ‘Caídos por Dios y por España’. “Fue un procedimiento judicial y forense de represión y deslegitimación, pero también propagandístico del régimen porque necesitaba justificar su violencia exponiendo la violencia del otro, del republicano, y para falsear la imagen de hermandad entre víctimas”, apunta esta historiadora y antropóloga que forma parte de una nueva generación de científicos interdisciplinares cuyos trabajos están contribuyendo a rejuvenecer la amplia bibliografía sobre la Guerra Civil y a profundizar en su conocimiento.
“Cuando comencé la investigación de mi doctorado me sorprendió comprobar que 80 años después de la guerra se había estudiado muy poco los procesos de exhumación realizados por la dictadura. Por supuesto, existían otros temas más urgentes, como la represión, que resultaban prioritarios para deconstruir las narrativas que instauró el franquismo”, comenta. Miriam Saqqa invirtió cuatro años y medio en elaborar este trabajo. Durante ese tiempo, analizó, valoró y cuantificó 96 piezas judiciales y 227 expedientes de la Causa General que le han permitido esclarecer y eliminar muchos mitos que en algunas trincheras políticas siguen considerando verdades históricas. Por ejemplo, las leyes de concordia aprobadas por gobiernos autónomos del PP y Vox: “Difunden un relato ideológico que no es acorde con los hechos que investigamos ni con las evidencias históricas que exponemos. Hasta el momento no se ha producido una intervención estatal y judicial sobre ese periodo que esté al mismo nivel que la que llevó a cabo la dictadura en la posguerra”, afirma. Esta investigación verá la luz el próximo otoño en forma de libro con un título revelador: Las exhumaciones por Dios y por España. Con jóvenes historiadoras como Miriam Saqqa, el pasado está más vivo de lo que muchos desearían.
Usted forma parte de una nueva generación de historiadoras que están abriendo innovadoras líneas de investigación sobre la Guerra Civil y la dictadura. ¿Cuáles son sus aportaciones?
Cuando comencé la investigación de mi doctorado me sorprendió comprobar que, 80 años después de la guerra, se habían estudiado muy poco los procesos de exhumación realizados por la dictadura. Por supuesto, existían otros temas más urgentes, como la represión, que consideraban prioritarios para deconstruir las narrativas que instauró el franquismo. Fue a través del proyecto Políticas de la Memoria liderado por Francisco Ferrándiz, desde donde se identificó la necesidad de una investigación sobre estas exhumaciones. Las últimas generaciones de investigadores hemos incorporado la interdisciplinariedad, lo que nos permite abordar las temáticas desde diferentes perspectivas. Yo, aparte de historiadora, soy antropóloga forense. Esto me ha permitido abordar mi investigación sobre la Causa General, que es un proceso judicial abierto en 1940 muy complejo ideológica y políticamente, desde varios puntos de vista para mostrar cómo la dictadura organizó todo un procedimiento judicial y forense de reconocimiento de sus propias “víctimas” para convertirlas en “mártires y caídos por Dios y por España”. Desgrané todo el proceso, su cronología y su alcance territorial, hasta determinar quiénes fueron los agentes implicados, qué tipos de exhumaciones realizaron y a que víctimas estuvo dirigido. Sabemos que la dictadura invirtió mucho esfuerzo en distribuir esta narrativa, por ejemplo imponiendo que cada cementerio tuviera un monumento en memoria de esos caídos, pero a la par negaba cualquier reconocimiento legal a las víctimas republicanas. Es decir, la Causa General fue un proceso judicial de represión y deslegitimación, pero también propagandístico del régimen porque necesitaba justificar su violencia exponiendo la violencia del otro, del republicano. Y junto a las exhumaciones se convirtió en una herramienta legitimadora de la dictadura.
Un relato falso de la Historia.
Efectivamente. Las personas asesinadas por los sublevados y la dictadura, y sus fosas, quedaron en un olvido legal. Aun así, mucha gente se arriesgó para que esos enterramientos ilegales no se perdieran. Hay varias investigaciones al respecto. Una de ellas es la de Daniel Palacios González sobre localización de monumentos, sobre fosas exhumadas y no exhumadas en todo el Estado, donde incluso registra los actos de depositar flores sobre ellas en los años cuarenta, con el riesgo que eso suponía. Muchas mujeres, madres y viudas marcaban esos lugares para no perder su localización. Todo eso se empezó a hacer en la posguerra. Es decir, había una resistencia por parte de la sociedad civil para impedir que las fosas comunes y las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura fueran olvidadas. Igualmente, a través de investigaciones como las de la historiadora Zoé de Kerangat sabemos que esa resistencia al olvido se materializó en las exhumaciones de los años setenta y ochenta.
¿Cómo actuó el régimen franquista con sus víctimas?
Lo que ahora evidencia esta investigación es el alcance que tuvo la localización de los cuerpos de los denominados “Mártires y Caídos por Dios y por España”, las exhumaciones que realizaron y el proceso que abrieron para identificar a los culpables. Sabemos que lo hicieron en todo el Estado. En cada municipio hubo un reclamo de información por parte del régimen franquista para saber el número de muertos y los nombres de los “culpables”. Por lo tanto, no se puede equiparar lo vivido por las víctimas de los vencedores con las de los vencidos. Y, además, no es adecuado a nivel de evidencias históricas. Creo que es importante destacarlo. Hasta el día de hoy, las víctimas republicanas no han tenido un proceso judicial abierto sobre los crímenes cometidos por la dictadura y las fuerzas sublevadas. Y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, la mayoría de las investigaciones se han producido a instancias de los movimientos sociales, memorialistas y por parte de investigadores. No se ha producido un proceso de intervención estatal y judicial al mismo nivel que el que llevó a cabo la dictadura durante la posguerra.
Durante los 40 años de dictadura, ¿hubo algún intento de investigar las matanzas o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el bando franquista?
La respuesta rápida es que no hay pruebas, hasta el momento, de que eso haya ocurrido. Es más, hay evidencias de lo contrario. De ocultamiento de víctimas. El marco cronológico que yo analizo para investigar las exhumaciones realizadas por la dictadura y las fuerzas sublevadas va desde 1936 a 1951, porque ese fue el periodo en el que hicieron un mayor esfuerzo para localizar a sus muertos y a los culpables. Repito que no hay que pensar que el único y absoluto interés de la dictadura era dignificar la memoria de sus víctimas y nada más. Todas las investigaciones sobre los “Mártires y Caídos” estaban ligadas a la represión de los otros. Entonces lo que evidencian las nuevas investigaciones de la Causa General entre 1936 y 1951 es que no se investigaron casos de víctimas republicanas. Y si aparecía alguna, por ejemplo, aquellas fosas que en un primer momento no sabían a quién pertenecían en esa asignación ideológica que hacían a los cuerpos no era incluida en el proceso judicial. Por lo tanto, la Causa General fue deliberadamente excluyente. La dictadura construye una figura judicial de víctima únicamente para los “Mártires y Caídos por Dios y por España”. Todo aquel que se escapa de ese margen, de ese marco, no fue considerado víctima ni judicial ni legalmente. Ni siquiera sus familiares podían entrar en esa categoría de viuda, huérfano y demás. Incluso llegaron a falsificar documentación para incluir cuerpos que no eran ideológicamente afines a ellos, con el interés de sumar más muertos a sus listas de “Mártires y Caídos”.
Una de sus fuentes de investigación han sido los sumarios elaborados por jueces y forenses republicanos sobre crímenes extrajudiciales que luego utilizó el régimen franquista.
La investigación parte del trabajo realizado por dos historiadores de la Universidad de Barcelona, Queralt Solé y Oriol Dueñas, sobre el juez republicano Josep Maria Bertrán de Quintana, el cual abrió una causa específica para investigar crímenes extrajudiciales que se produjeron en Catalunya entre 1936 y 1937. Yo amplié el estudio al encontrar documentación sobre investigaciones realizadas por jueces y forenses de la República en Jaén, Extremadura y Madrid. Investigaciones muy rigurosas, con la aplicación del protocolo científico de identificación, la toma de imágenes de los cadáveres, la elaboración de un registro, la descripción de los cuerpos y de los objetos personales encontrados en el lugar. Toda esa documentación fue conservada tras la guerra y utilizada por la dictadura para localizar fosas, identificar personas y construir su propio proceso judicial. La novedad de la investigación es que los sumarios abiertos por el juez Bertrán de Quintana en Catalunya no fueron los únicos, sino que fue una práctica que tuvo lugar en otras zonas republicanas durante la guerra, cuya documentación se insertó dentro de la Causa General incoada por la dictadura.
Durante su investigación descubre un caso paradigmático: el del municipio de Calera y Chozas, en Toledo. ¿Qué sucedió?
Una de mis prioridades era estudiar los procesos forenses en torno a las exhumaciones realizadas durante la dictadura. Y me di cuenta muy pronto de que los médicos forenses actuaban como agentes políticos que favorecían esa narrativa construida por la dictadura, lo que implicaba en ocasiones actuaciones negligentes en sus labores profesionales. En muchos aspectos. El caso de Calera y Chozas, en Toledo, es un trabajo conjunto con la antropóloga física Natasa Sarkic y otros investigadores, en el que a través de una exhumación se localizaron los restos esqueletizados del que había sido el último alcalde republicano del pueblo, Felipe Fernández. Al realizar el estudio antropológico se evidenció una fractura de grandes dimensiones en el cráneo y varias más dispersas por el cuerpo que podían indicar torturas. Paralelamente tuvimos la fortuna de encontrar la autopsia que le realizó un forense durante la dictadura donde consideraba que la muerte del alcalde había sido causada por obesidad y alcoholismo. En el informe realizado por ese médico no se identifica ninguna de las evidencias que nosotros vimos en los huesos. Para nosotros es una prueba del falseamiento forense que cometió el régimen franquista, invisibilizando sus crímenes a la vez que construía toda una narrativa sobre el enemigo como perpetrador.
La Causa General fue la armadura legal del régimen represivo.
La Causa General creó una documentación específica para obtener la información que les interesaba sobre los “Mártires y Caídos por Dios y por España” y sobre los acusados de sus muertes. Esa documentación era enviada a los ayuntamientos de todos los municipios del Estado, que tenían la obligación de responder y de aportar los datos que se les requerían. Cuando eso no se producía o no lo realizaban con la premura que la dictadura exigía, activaban mecanismos de violencia y represión contra sus propios aliados. Así imponían el relato.
Como historiadora y antropóloga, ¿qué opina de las leyes de concordia promovidas por el PP y Vox?
Hay relatos con intereses ideológicos muy particulares que se están difundiendo en varias comunidades autónomas que no son acordes con los hechos históricos que investigamos ni con las evidencias históricas que exponemos. Los miembros de la comunidad científica tenemos la obligación de divulgar nuestros trabajos para que la sociedad civil pueda contar con herramientas que contribuyan al pensamiento crítico.
Por ejemplo, ¿deslegitimando la Causa General de la dictadura?
Sí, porque mi investigación no solo evidencia el carácter ideológico y político de este proceso judicial, sino también su carácter excluyente, represivo, jerárquico y negligente, desde el punto de vista legal y forense. Además de no contar con ninguna garantía procesal o judicial para los acusados. Estos aspectos deben influir en que este proceso realizado por la dictadura no sea utilizado como herramienta que permita considerar no víctimas y/o culpables a las víctimas republicanas, ni apoyar narrativas pretendidamente históricas.