Mientras se vacía el puerto de Arguineguín, el gobierno crea plazas en distintas instalaciones del archipiélago canario, todas a priori temporales. Al mismo tiempo se pule el mecanismo de deportación y se reactivan las rutas inversas a Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia. Además, se bloquea el envío de migrantes a la Península.
El domingo pasado, cerca de las 23h. se vaciaba el muelle de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán. Casi cuatro meses después desde que se comenzara a usar con lo que se consolidó como un trato inhumano constante a quienes, después de una peligrosa travesía, conseguían llegar con vida a las costas canarias. Perpetuando, una vez más, una política que desprecia los derechos humanos de quienes intentan llegar o llegan a nuestro país. Que desprecia incluso las vidas de todas esas personas que la arriesgan subiéndose a una embarcación con la idea de llegar a Europa. Entre sus costas y las nuestras tan sólo un mar que escupe cadáveres. El fondo de ese mar Atlántico entre Canarias y la costa del continente africano, es el fondo de la vergüenza de Europa. Como lo fue y sigue siendo el del Mediterráneo.
Con 20.000 llegadas en lo que va de año, las muertes podrían llegar a las 1.000 personas ya. Sin contar las personas desaparecidas. No se trata de cifras sino de personas que han conseguido llegar o que han desaparecido detrás de las cuales hay historias de vida y familias. Por mucho que sean usadas para atacar, generar odio, inventar problemas y fortalecer los discursos racistas. Algo a lo que está contribuyendo no solo una parte del arco político.
La política de no traslados llevada a cabo por el Ministerio de Interior desde el mes de febrero, inspirada en la misma política que otrora se habría tomado con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, lejos de luchar contra estos discursos, los han fortalecido e incluso han abonado el terreno para el surgimiento de estos en lugares como el archipiélago canario, donde la hospitalidad y la bienvenida al que llega son una característica casi innata debido a su enclave geográfico tricontinental y haber sido una tierra de emigrantes, tanto a América como al Sáhara Occidental cuando era provincia española.
El Plan Canarias anunciado hace unas semanas plantea abrir 7.000 plazas temporales en campamentos de emergencia en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para así trasladar a las entre 5.500 y 6.000 personas que se encuentran repartidas en 17 establecimientos turísticos de las islas. Otra cifra que ha sido sobrevalorada, en este caso por la industria hotelera que pudo ver durante este tiempo cómo poder mantener cierta actividad y que sin embargo, ahora ha decido que ya no más, que las personas migrantes no les benefician a su imagen y por tanto, han de ser trasladadas a cualquier otra instalación siempre que sea menos digna. Porque el turista y el migrante no merecen lo mismo. Cada uno ha de mantener su lugar en el sistema perfectamente delineado en el que los primeros se sientan en las hamacas del todo incluido y los segundos son explotados al otro lado para que eso pueda pasar.
Además de estas plazas, se habilitarán las instalaciones del Ministerio de Defensa para consolidar una red de acogida con la que se sumarán otras 5.350 plazas. De esta manera, se ha conseguido trasladar a todas las personas que aún se encontraban en el muelle de Arguineguín, después de unos días húmedos, lluviosos y ligeramente fríos en Gran Canaria. En cualquier caso, se crearán plazas en distintas instalaciones, todas a priori temporales, mientras se pule el mecanismo de deportación y se reactivan las rutas inversas de deportaciones a Marruecos, Senegal, Mauritania o como hemos visto recientemente, Argelia, para todas esas personas que se quedan fuera del 10% que estima el ministro Escrivá podrán formar parte del Plan de Acogida.
Si bien la semana pasada se pronunciaba el Defensor del Pueblo sobre la vulneración de derechos en el muelle de Arguineguín y pedía su cierre inmediato, habrá que esperar a sus sucesivas visitas, como la que ha tenido lugar este lunes para que certifique la falta de condiciones adecuadas y las vulneraciones de derechos en los sucesivos campamentos instalados ad hoc. Esperando, probablemente sin éxito que las condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de medidas sanitarias, mala alimentación, ausencia de derechos o incluso falta de protección de menores, no se repitan. Sin embargo, basta una vista panorámica hasta donde los controles policiales permiten del CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) instalado en Barranco Seco para darse cuenta de ello.
Sin vías legales
“Quién utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país, por lo tanto, utilicen las vías legales” manifestó Arancha González Laya en su visita a Senegal. Así de tajante y sin tapujos se manifestó la ministra de Asuntos Exteriores después de su visita a Senegal y su reunión con el Presidente de este país, Macky Sall. Pero, ¿de qué vías legales habla?
A día de hoy sigue siendo imposible acceder a un visado desde Senegal para viajar a España. Y no solo ocurre con Senegal sino con muchos de los países africanos de los que procede la mayoría de la inmigración. Los requisitos para la reagrupación familiar —como los tiempos de residencia, los medios económicos, la cuestión de la vivienda o la necesidad de un seguro médico— la hacen si no imposible sí un procedimiento largo, tedioso y complicado. Los visados de búsqueda de empleo no están adaptados en tiempos a la realidad del mercado laboral. La posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sigue y seguirá cerrada.
En definitiva, no existen vías legales para acceder al Estado español y la única medida anunciada por la ministra ha sido la vinculada a la contratación en origen que, en el mejor de los casos, beneficiaría a varios centenares de personas y sobre todo al empresariado español. Si a esto le sumamos la expulsión del mercado laboral de centenares de personas a cuenta de la crisis derivada del covid-19 puede entonces la ministra anunciar la compensación de las pensiones de las que habrá que ver cuántas personas senegalesas acaban efectivamente beneficiándose.
Las medidas anunciadas orientadas a favorecer la migración circular como esta de las pensiones o la contratación en origen, no tienen efectos a corto plazo y obvian el derecho humano a migrar consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el que tanto se ha escrito. Lejos de esto, la situación en la que se encuentran las Islas Canarias requiere de una respuesta urgente. Urgente con las personas que llegan pero también con las islas y el pueblo canario que no demuestra sino ser una sociedad de acogida.
Una de esas soluciones inmediatas que el Ministerio de Interior se obceca en negar, son los traslados a Península. Contradicho incluso por el propio Pedro Sánchez cuando hacía un llamamiento a “activar las políticas de solidaridad en todo el país“ ante la situación migratoria en Canarias. Las derivaciones a otros lugares de la Península son necesarias desde el punto de vista humano pero también desde el punto de vista legal a nivel territorial.
Son varias las comunidades autónomas que se han ofrecido a acoger personas; Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla y León, además de algunos ayuntamientos como los de Barcelona —este ya comprometido a acoger 50 personas—, Lleida, Valencia o Cádiz, en un intento de demostrar que se trata de una cuestión de voluntad. Al margen de estos ofrecimientos, la ocupación de plazas en Península hace unos meses era de apenas el 50% y ahora, aunque subiendo, sigue contando con plazas disponibles para alojar a quienes deberían ser trasladados a Península.
El pueblo canario y las instituciones insulares no están dispuestas a convertirse en la cárcel de Europa ni en la extensión de los muros que se disponen a lo largo y ancho de los países africanos. Y esto ha generado tensiones entre los distintos niveles de gobierno que ostentan los dos partidos que conforman la coalición estatal. Los socios de gobierno de Podemos han encontrado, como era de prever, un gran escollo en el tema migratorio. Pero también ha generado cierta tensión entre el Ejecutivo canario formado por PSOE y Podemos y el Ejecutivo español. No hay más que escuchar al presidente del Parlamento de Canarias, Ángel Víctor Torres, mientras se erige en el perfil sensato en búsqueda de una solución sin olvidar que lo que está en juego es la vida de personas.
Políticas de control y no de salvamento
A pesar de que se cuenta con precedentes a esta situación, tanto la denominada “crisis de los cayucos” como la “crisis de los refugiados” fueron abordadas como su propio nombre indica como situaciones excepcionales, de emergencia. Sin embargo, no se trata de una situación coyuntural sino de una situación estructural derivada de la forma en que se legislan o intentan legislar las migraciones y la aplicación de esas políticas. No es nuevo el desvío de la ruta migratoria hacia la ruta canaria. No hay más que ver el sucesivo cierre y refuerzo de fronteras del norte de África y del Mediterráneo y cómo los flujos migratorios se han ido desplazando hacia la costa cada vez más Occidental hasta llegar al Océano Atlántico en lo que además se venía avisando suponía un recrudecimiento de la ruta.
La inversión en control y no en salvamento define de nuevo la política migratoria mientras se fomenta el mantra de las mafias. Se trata de una vieja pulsión en los gobiernos del Estado en la que siempre acaba ganando el control, la securitización y la fortificación de Europa desde que el Gobierno de Zapatero y María Teresa Fernández De la Vega con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior idearan el nuevo modelo de migraciones basado en el control y la externalización. Plan África. Centro de detención de Nouadhibou. Subvención a Marruecos.
Y en todo este baile de discursos, ataques y contraataques, nos olvidamos de la madre del cordero. Los motivos por lo que las personas procedentes de los países vecinos, y en concreto Senegal, se ven obligadas a abandonar sus casas. No se trata de una situación nueva, ni tan siquiera que podamos abordarla en su complejidad aquí pero la explotación de sus caladeros y la imposibilidad para seguir viviendo de la pesca se encuentran en uno de los principales motivos para esa huida.
En el año 2006, Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid migró hacia España movido por esta misma cuestión. Ya entonces denunciaba los motivos que le habían llevado a él y otras personas a migrar. Más aún, no es posible no ver estas causa de desplazamiento como una cuestión relacionada con la crisis climática como lo pueden ser las sequías o las hambrunas derivadas de la misma y en tanto desplazamiento forzado ameritaría un poco más de interés y protección por parte de los estados.
Los acuerdos pesqueros de la Unión Europea permiten la explotación por parte de empresas de otros países de las aguas territoriales ante las que las pequeñas embarcaciones ahora usadas para migrar a Europa no pueden competir. Se trata de empresas turcas, chinas o europeas que usan técnicas invasivas como la pesca de arrastre. No parece complicado trazar una línea causal de responsabilidad por la cual España debería defender otra postura en la Unión Europea, lejos de hacer de cancerbero de las puertas de Europa dónde las políticas se diseñan en un despacho muy lejos de esta realidad.