En un proceso de luchas populares por demandas compartidas, pero donde los matices existen y son importantes puesto que determinan la profundidad y el alcance de las reformas en la estructura social, lo realmente importante es poder generar dinámicas sociales movilizadoras, amplias y unitarias. Lo sabemos. Las demandas populares forjadas en años de lucha […]
En un proceso de luchas populares por demandas compartidas, pero donde los matices existen y son importantes puesto que determinan la profundidad y el alcance de las reformas en la estructura social, lo realmente importante es poder generar dinámicas sociales movilizadoras, amplias y unitarias.
Lo sabemos. Las demandas populares forjadas en años de lucha social han sido deformadas por las elites políticas de la Nueva Mayoría. Ellas han sido metamorfoseadas en puntos programáticos electoreros, redondeados, austeros, acomodables y digeribles por el sistema de dominación productor de desigualdad social. Pero aún así, en el choque mismo con la estrechez de la institucionalidad postdictadura y con el poder multifacético de las fuerzas reactivas, las necesidades sociales adquieren su propia dinámica extra institucional al ser impulsadas por organizaciones populares y movimientos sociales. Sucede que en la dinámica misma, que se desenvuelve en la complejidad de lo real, suele generarse en los actores populares (o fuerzas afirmativas) la toma de consciencia de lo insuficientes que son y de su vínculo necesario con las otras demandas, para así potenciarlas todas. Y en el plano de la subjetividad ciudadana, en el cuestionamiento del orden establecido, pueden cobrar un sello rupturista, antineoliberal y anticapitalista. Ahí es cuando se abren nuevos frentes, nuevas reflexiones y se imponen nuevas tareas.
Es así como las alianzas sociales se van forjando al calor de la acción colectiva. En estos casos, la prudencia de los pasos no debe impedir la audacia en las perspectivas estratégicas, pero por sobre todo no debe sacrificarse la autonomía de los movimientos sociales en el altar de los intereses de los partidos institucionales.
Es posible aprovechar estos boquetes en la ideología política dominante -que plantea que toda medida legal debe ser resultado del «diálogo» consensuado entre las esmirriadas elites binominales- para acumular fuerzas y no retroceder.
Y si de alianzas se trata, la más fundamental de todas es la alianza por forjar entre los estudiantes y los trabajadores, cuyo valor de aglutinante social es evidente. Es la única de carácter verdaderamente estratégico. Es también la manera óptima de ir potenciando las propias demandas fundamentales de los trabajadores que las burocracias sindicales pro gobiernistas posponen una vez más. Junto con las otras, las invisibilizadas y acalladas por el juego de los imperativos políticos: las de las mujeres por el derecho al aborto libre y gratuito; las del pueblo mapuche y de los pobladores; las de los movimientos ambientalistas por una vida sana sin la depredación de la lógica del capital.
En efecto, si las cúpulas sindicales burocratizadas contemporizan y desvían la atención para no plantear la urgencia de una campaña política que sea amplia y unitaria -con todas las organizaciones sindicales existentes- contra el plan laboral heredado de de la dictadura y tras el objetivo de recuperar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero con la falsa retórica de que estos son «el cuarto pilar» de las reformas prometidas, es porque sus direcciones políticas les han exigido no hacerle «olitas» al Gobierno para no abrir un frente más con un empresariado agresivo. Es, con todas sus letras, un pacto político de postergación de las demandas y derechos del Trabajo ante el Capital.
Las fuerzas reactivas políticas y empresariales junto con los poderes mediáticos se han organizado para hacer bloque obstructivo y opositor a las tibias medidas programáticas de la Nueva Mayoría. Hemos visto como les llegan los apoyos del Imperio y de los medios neoliberales internacionales. El gran empresariado se considera un actor demasiado poderoso e imprescindible del sistema para aceptar las pequeñas y timoratas reformas discutidas. Su arrogancia no tiene límites. La razón: están demasiado presentes en el lugar mismo donde se toman las decisiones; emboscados en el Congreso binominal además de ser empleadores en la esfera privada de los mismos ex políticos y de muchos ministros.
Sólo los fumadores de opio esperan que la clase dominante sea lúcida y acepte acomodarse a las reformas en los márgenes para mantener el sistema de dominación capitalista.
Uno de los problemas políticos que heredamos del siglo XX es saber como tratar la cuestión del poderío de nuestros enemigos. El influyente multimillonario norteamericano Warren Buffet declaraba hace algunos años (*), con una gran dosis de ironía y otra de cinismo: «Por supuesto que hay una lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos que hace la guerra y somos nosotros quienes vamos ganando». Se refería a los del 10%, donde están incluidos los del 1% de cada país, muchos de los cuales se repiten en el porcentaje global.
La política democrática -estamos de acuerdo- se hace discutiendo, buscando, escuchando y recogiendo los puntos de vista contradictorios. No se trata de impedir el diálogo y acallar las oposiciones, pero esa dialéctica de la prudencia y la audacia a la cual nos referíamos debe tomar en cuenta que en toda situación política hay enemigos. Se trata de construir relaciones de fuerza política para aislarlos, desarmarlos ideológicamente y construir hegemonía para crear condiciones y poder transitar a una sociedad sin dominación ni opresiones, donde la igualdad de condiciones y de medios (la educación y el conocimiento entre otros) les permita a los individuos la posibilidad de ser libres y diferentes. Craso error. Esto no se obtiene con «retroexcavadoras» (metáfora mecanicista del progresismo lineal y gradualista en pana de ideas), sino con potentes movimientos sociales organizados tras sus propias demandas históricas. Sin olvidar que las grandes transformaciones sociales no pueden hacerse sin ideas programáticas que configuren un proyecto de sociedad y que ésta -el régimen político y social de lo común que queremos inventar- debe reflejarse en los principios de una nueva Constitución salida del poder constituyente del pueblo ciudadano que garantice a su vez los derechos sociales por los cuales los cuales se lucha.
(*) Lea: http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?_r=0
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