El sábado 11 de noviembre, en la Asamblea Extraordinaria Provincial de IU Salamanca, la dirección regional llamó a la Polícía Nacional y a la Guardia Civil para que desalojaran de la Asamblea a 30 miembros del PCE que exigían que se les dejara participar en ella. Es la primera vez que una dirección de IU […]
El sábado 11 de noviembre, en la Asamblea Extraordinaria Provincial de IU Salamanca, la dirección regional llamó a la Polícía Nacional y a la Guardia Civil para que desalojaran de la Asamblea a 30 miembros del PCE que exigían que se les dejara participar en ella. Es la primera vez que una dirección de IU acude a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que intervengan en una asamblea y según denuncian los afectados «asegurar de esta forma la elección del candidato de la dirección».
Virginia Carrera explicó que la situación tiene su origen en Mayo de 2005, cuando en una Asamblea Regional a más de 30 personas de las Juventudes Comunistas y del PCE que venian trabajando en IU apoyando al Consejo Politico Provincial no se les permitió votar. Entre estos, se encuentran dirigentes históricos del PCE e IU, miembros de la Ejecutiva Provincial y varias Ejecutivas de Rama de CC.OO., exConcejales de IU en el Ayuntamiento de Salamanca, miembros del Claustro de la Universidad de Salamanca, excandidatos al Congreso y al Senado, dirigentes de la clandestinididad y excombatientes de la Guerra Civil, incluído un antiguo miembro del 5º Regimiento. En esa Asamblea se esgrimió que dichos militantes no tenían las cuotas al día, aunque muchos de ellos estuvieran pagando su cuota a Salamanca para poder mantener la sede de IU en dicha ciudad, y otros fueran jóvenes a los que se les había eximido de pagar la cuota de momento. Para más inri, el Coordinador Provincial Jesús Santos -uno de los que llamaron a la Guardia Civil el sábado 11- había sido nombrado en dicho cargo sin estar afiliado, al igual que la miembro del Consejo Político Provincial, Maria Asunción Barandiarán, madre de Gorka Esparza.
Es de destacar que hasta la Asamblea de Mayo de 2005, no habían existido indicios de diferencias irreconciliables entre los futuros expulsados y los expulsores. Gorka Esparza fue cabeza de lista al Congreso en 2003 con el apoyo total de los hoy excluídos. Tanto el entonces Director de Campaña como la Candidata al Senado y el Responsable de la Campaña de Juventud se encuentran hoy entre los 30 expulsados.
Tras la impugnación de la Asamblea, los treinta militantes comunistas solicitaron su afiliación formal a IU, y durante el último año y medio no han tenido respuesta, a pesar de haberse solicitado de manera reiterada, por lo que el caso ha llegado hasta los juzgados.
El pasado 11 de Noviembre, un año y medio después del primer conflicto, se celebró en Santa Marta de Tormes una Asamblea Provincial Extraordinaria. Hasta entonces IU-Salamanca ha sido dirigida por una Gestora impuesta por la Dirección Regional, excediendo el límite temporal que debe tener una Gestora.
Según uno de los expulsados «a esa asamblea acudimos 30 personas que habiamos solicitado la afiliacion a IU y que se nos había negado diciendo que no compartíamos los principios de IU». Un militante del PCE dijo al periódico larepublica.es «Pedimos el censo de afiliados, ante lo cual, la Asamblea se niega a mostrarlo y dice que no tenemos derecho a verlo. Tampoco se nos da respuesta a nuestra solicitud de afiliación». En esta asamblea, los integrantes de la Gestora tampoco permitieron hablar a dos miembros de la Permanente Federal de IU que habían asistido a defender el derecho de los excluídos a participar en la Asamblea.
«Habíamos acudido con una pancarta que decía QUEREMOS PARTICIPAR EN IZQUIERDA UNIDA, ante lo cual, la dirección de IU llamó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que entraron en el lugar de la Asamblea a expulsarnos y permanecieron en la puerta comprobando acreditaciones», afirmó uno de los expulsados, Jose Sarrión. Tras desalojar la sala, la Guardia Civil comprobó una a una las acreditaciones de los allí presentes, impediendo el paso de los que no la tenían. Uno de los excluídos se había olvidado la mochila en la sala y tuvo que ser escoltado por un agente para recogerla. Por su parte, los miembros de la Gestora aseguraron al periódico Tribuna de Salamanca que se trataba de un «grupo de ultraderechistas que pretendían boicotear la Asamblea», ante lo cual, dicho diario tuvo que rectificar la noticia al día siguiente contando lo que realmente sucedió.
Ante estos hechos, ayer miércoles, el Comité Provincial del PCE de Salamanca hizo pública una resolución aprobada por unanimidad en la que denuncia «los gravísimos hechos ocurridos en la Asamblea Provincial de Salamanca de Izquierda Unida celebrada en Santa Marta de Tormes (Salamanca) el pasado 11 de Noviembre de 2.006»
Los comunistas manifiestan su «preocupación ante la deriva antidemocrática en la que tras la mencionada Asamblea Provincial se ha situado Izquierda Unida de Salamanca» y protestan por el hecho que en la misma se impidiese la participación con plenos derechos de todos los que son, forman y han formado parte de Izquierda Unida de Salamanca, así como por el hecho que no a todos los delegados en la misma se les reconociese los derechos básicos de participación.
El PCE en Salamanca considera como contrario a las normas básicas de democracia «que no se permitiese debatir y votar enmiendas a los documentos oficiales, se impusiese una Presidencia de la Asamblea compuesta exclusivamente por miembros de la Presidencia Regional de Izquierda Unida de Castilla y León, no se remitiese a los compañeros que lo solicitaron con antelación, los censos de afiliados con derecho a participar en dicha Asamblea y no se admitiese la candidatura que encabezaba Angel Sánchez».
En la resolución, el Comité Provincial del PCE de Salamanca afirma que no puede reconocer la Asamblea y los acuerdos que se adoptaron en ella como válidos, «ya que los mismos no han sido adoptados en base a unas mínimas normas democráticas», de modo que tampoco reconoce la nueva dirección «elegida» en la Asamblea ni la «elección» del «supuesto nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida de Salamanca».
En la resolución, el PCE insta a sus militantes a no participar en ninguna actividad del nuevo consejo político provincial de IU «hasta que las normas democráticas y de participación vuelvan a imperar en Izquierda Unida de Salamanca». Finaliza con la confianza en que la Comisión Federal de Garantías de Izquierda Unida, resuelva con la mayor brevedad posible las mas de veinte impugnaciones que a fecha de hoy ya se han presentado contra la mencionada Asamblea y conforme a ellas anule la misma y todos los acuerdos adoptados.