Los grupos contra las llamadas redadas racistas piensan que la nueva circular policial no terminará con esta práctica no permitida en la Ley de Seguridad Ciudadana. A Juan Bautista, un vecino del barrio madrileño de Las Californias, lo detuvieron por la calle y lo encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche […]
Los grupos contra las llamadas redadas racistas piensan que la nueva circular policial no terminará con esta práctica no permitida en la Ley de Seguridad Ciudadana.
A Juan Bautista, un vecino del barrio madrileño de Las Californias, lo detuvieron por la calle y lo encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche por no tener la documentación en regla. Su historia sería una más entre las de miles de personas detenidas durante los controles de identidad a la búsqueda de sin papeles si no fuera porque, con sus más de 50 años de edad, Juan Bautista llevaba viviendo en España desde que a los cuatro años de edad se lo trajeron adoptado desde Venezuela.
«Es que es muy morenito», decía su mujer como explicación para su detención e internamiento, mientras meneaba la cabeza, como si no se explicara cómo su marido no se había acordado en 40 años de sacarse la nacionalidad. «Hasta la crisis no he tenido ningún problema para trabajar. ¡Si hasta tengo mi número de la Seguridad Social!», comentaba Juan Bautista entonces, cuando un grupo de vecinos le visitaba en su casa poco después de salir del CIE en 2008.
Los controles policiales por perfil racial resultaban entonces tan contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana como el 21 de mayo de 2012, cuando la Dirección General de la Policía publicaba una circular -la X/2012- que las prohibía expresamente. Como recordaban las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, los artículos 19 y 20 de la actual Ley de Seguridad Ciudadana ya establecen que los «controles en las vías, lugares o establecimientos públicos […] al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos» están permitidos sólo «para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social». La mera estancia irregular no es delito en el Estado español.
«Aquí en el centro seguimos teniendo a la policía a nuestras puertas 12 horas al día», cuenta Carlos Serrano, de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Sevilla, cuando ya habían pasado dos semanas desde la publicación de la circular. Se refiere al centro social del Pumarejo, que en este barrio sevillano sirve de centro de reuniones, escuela de castellano y comedor popular. «Aquí las redadas se han seguido produciendo en el transporte público y en los lugares donde los inmigrantes tienen que hacer gestiones o aprender castellano», relata.
Natalia, una de las tres activistas de las Brigadas Vecinales que se reunió con la delegación del Gobierno de Madrid para tratar el tema de los controles, explica que desde la publicación de la circular «al menos nosotras no hemos presenciado ninguna redada directamente». Según cuenta, en las últimas semanas estos grupos contrarios a los controles sacan a la calle una media de dos brigadas a la semana con el objetivo de documentar los controles que se encuentren e informar a la población. Pero la activista advierte que «entre el 9 de marzo y el 29 de mayo teníamos 260 avisos de controles de identidad, y desde la publicación de la circular hasta el 29 de mayo, 41 avisos». El 9 de marzo, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hizo unas declaraciones en las que daba por terminada esta práctica en la Comunidad de Madrid.
Los Gobiernos habían negado la existencia de los controles policiales por perfil racial desde que saltara la polémica de los cupos de detenciones de inmigrantes sin papeles en enero de 2009. El anterior ministro de Interior y actual jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo negó dos veces en sede parlamentaria. «No hay redadas, no existen», aseguró el 9 de octubre en el Senado. Ese mismo año, según datos de Interior en su balance anual de «lucha contra la inmigración ilegal», fueron expulsadas de territorio español 13.278 personas.
Pese a que la circular policial reconoce de facto la existencia de este tipo de controles al prohibirlos, el temor sobre su persistencia permanece. «Nos preocupa que la circular diga que se puede identificar por la calle a las personas que infundan sospechas. ¿Sospecha de qué exactamente? ¿De ir a cometer un delito? Si la sospecha es por temas administrativos casi están legalizando las redadas de perfil racial», señala Pablo Rodríguez, de la red madrileña Ferrocarril Clandestino.
Dentro del discurso institucional existe un espacio ambiguo entre inmigración y delincuencia. Desde la creación de la Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (Bedex) en 2009, cada año el ministerio de Interior justifica las cifras de expulsiones (56.173 desde 2007) con el argumento de que en torno al 80% de las personas expulsadas habían cometido algún tipo de delito. Al respecto, la circular X/2012 incluye planes de actuación para expulsar personas extranjeras en situación irregular «sujetas a procedimientos penales», pero no necesariamente condenadas.
En la redada policial contra vendedores del top manta que terminó con dos detenciones y dos disparos al aire en Madrid (ver abajo), ninguno de los dos detenidos había estado vendiendo. Modou, el vecino que apareció como «el mantero detenido», simplemente estaba en el bloque de pisos en el que irrumpieron los agentes que perseguían a los manteros. «Es un chico bajito y muy flaco», explicaba Malick, que le conoce desde hace años. «Por eso se lo llevaron a él», piensa. Todo lo demás, como su raza y vecindario, le convirtieron en sospechoso.
DOS DISPAROS AL AIRE EN UNA PERSECUCIÓN EN MADRID CENTRO
La Policía Municipal madrileña investiga oficialmente los sucesos del domingo 27 de mayo en el barrio de Lavapiés, durante los cuales un agente de paisano realizó dos tiros al aire en el transcurso de una detención. Tal y como captó un vecino con su teléfono móvil, dos agentes de paisano estaban reduciendo en la calle a un detenido de raza negra y, tras ser increpados por más vecinos, uno de ellos encañonó a la gente que trataba de impedir la detención. Tras recular unos metros, el agente efectuó dos disparos al aire.
El suceso, que terminó con dos personas detenidas, indignó a la comunidad senegalesa de Lavapiés, que denunció la constante persecución de la policía en una reunión con el vicecónsul de este país celebrada en una plaza del barrio. Pese a que oficialmente los agentes se encontraban persiguiendo a unos vendedores de mercaderías copiadas, testigos presenciales contactados por la asamblea local del 15M niegan que los detenidos hubieran estado vendiendo esa mañana.
Fuente: http://diagonalperiodico.net/La-Direccion-de-Policia-prohibe.html
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