Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de […]
Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de Rectores de esas universidades. Ha publicado diversos artículos e informes sobre política universitaria y ha coordinado un libro sobre el mismo tema. Es miembro fundador (actualmente su presidenta) del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), un organismo que tiene por objetivo el análisis documentado y crítico para la mejora del sistema universitario en España.
Nuestra conversación se centra en el informe: ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015.
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Mi enhorabuena por el informe que ha publicado. ¿Qué personas han colaborado en su realización? ¿Cuánto tiempo de estudio y escritura le ha llevado?
Han colaborado en el informe otros dos miembros del Observatorio: Albert Corominas, catedrático emérito de organización industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Alfonso Herranz, profesor de historia económica de la Universidad de Barcelona, especialista en historia de las políticas públicas.
¿Ha sido un trabajo de encargo o fruto de su activismo en este ámbito? ¿Qué hace una matemática-geómetra computacional como usted estudiando asuntos de financiación?
Este trabajo es un fruto del trabajo que hacemos desde el Observatorio del Sistema Universitario. No sé si lo llamaría activismo, por mi parte son más bien ganas de hacer algo útil con el conocimiento sobre política universitaria que he ido adquiriendo a lo largo de mis años de actividad profesional.
El informe abarca el período 2009-2015. ¿Por qué 2009 como fecha inicial? ¿Por qué 2015 como límite?
Aunque parezca mentira, hace muy poco tiempo que las universidades públicas españolas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) publican datos de financiación. Se venían publicando hace más tiempo datos sobre el número de estudiantes matriculados , sobre las plantillas de personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS), y también sobre los precios de matrícula, pero no sobre financiación. Todavía en 2014, cuando preparábamos un informe del OSU sobre financiación de las universidades públicas catalanas, tuvimos que pedir los datos a cada una de las universidades, y como no todas nos respondieron, acabamos pidiéndolos a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, que nos los suministró.
Ahora que el MECD ya publica los datos, la serie publicada comienza en 2009. Esta fecha es suficientemente buena para estudiar la evolución de la financiación durante los años de los recortes, ya que en 2009 apenas comenzaban. En cuanto a la fecha final, 2015, nos habría gustado ofrecer una más reciente, pero los datos de 2016 no se publicarán hasta dentro de muchos meses (los de 2015 se publicaron este pasado otoño). Estos plazos tan lentos en la publicación de datos económicos tienen cierta explicación: una vez cierra un ejercicio económico, cada universidad debe someter sus cuentas a una auditoría externa antes de poder aprobarlas como definitivas. Luego deben mandarlas al MECD, me imagino que en un cierto formato, éste debe revisarlas antes de publicarlas,… Se podría seguramente acelerar el proceso, pero no creo que mucho más de unos meses.
Por otro lado, de la financiación de las universidades privadas se sabe poco menos que nada, dado, precisamente, su carácter privado.
¿De cuántos estudiantes hablamos en 2009? ¿De cuántas universidades? ¿Y en 2015?
En 2009 en España había 1.155.765 estudiantes de grado y máster matriculados en las universidades públicas presenciales. Éstas eran, y siguen siendo, 47. El número de estudiantes creció hasta situarse en 1.202.976 en 2011. A continuación ha seguido una evolución descendente, hasta situarse en 1.102.383 en 2015.
¿De dónde ha obtenido los datos para realización de su informe?
Para este informe, las fuentes principales han sido el MECD , la OCDE y el Public Funding Observatory de la European University Association, para los datos de financiación, y el INE para los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB) . Hay que mencionar también que para algunas comunidades autónomas y universidades, los datos que ofrece el ministerio son claramente incorrectos. En esos casos hemos recurrido a los informes de fiscalización que publican los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas correspondientes.
Habla usted en su estudio de «euros constantes de 2009». ¿Nos puede explicar el significado de esos «euros constantes»? ¿Sin contar la inflación o algo así?
Exactamente. Cuando los economistas dicen que «en términos reales» un determinado importe ha variado un determinado tanto por ciento, significa que han descontado la variación que en el mismo período haya sufrido el IPC. Trabajar en «euros constantes» significa lo mismo: es considerar cómo varía un determinado precio o importe una vez descontada la inflación. Si, en cambio, lo que se desea conocer es el valor nominal de un determinado importe, entonces se trabaja en «euros corrientes».
Se estudia la financiación de las universidades públicas españolas, a excepción de la UNED, la UIMP y la UIA por sus características singulares. ¿Por qué sólo las públicas? ¿No hay ninguna universidad privada que reciba ayuda o financiación estatal?
En general, las universidades privadas sólo reciben algún tipo de financiación pública muy específico. Por ejemplo, pueden optar a las convocatorias competitivas de financiación de proyectos de investigación, o pueden obtener subvenciones para la impartición de alguna titulación a precios públicos, entre otras. Ahora bien, en general no reciben financiación ordinaria básica no finalista. Además, conocer los datos de los ingresos de las universidades privadas en España, hoy por hoy, no es posible.
Ahora bien, existen excepciones a lo que acabo de decir. Por ejemplo, en Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat de Vic (UVic) son privadas y, sin embargo, están acogidas al régimen de financiación pública. En el caso de la UOC, por tratarse de una universidad privada creada por la misma Generalitat de Catalunya. El caso de la UVic es distinto: se trata de una universidad privada que fue «rescatada» por la Generalitat de Catalunya cuando estaba apunto de quebrar.
¿Y no es una contradicción que la Generalidad de Catalunya, una institución del Estado, cree una universidad privada? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad?
Lo cierto es que en el ámbito universitario ya hace muchos años que existe una miríada de instituciones privadas que dependen de entidades públicas. La UOC es un ejemplo, pero también lo son las fundaciones de las universidades, que imparten estudios de postgrado no reglados, algunos centros adscritos que, en realidad, pertenecen a las universidades a las que se adscriben y que imparten estudios oficiales a precios «privados»,… En cada caso concreto, las motivaciones concretas han sido diversas, pero siempre se acaban resumiendo en una: la gestión privada es más «flexible». En palabras llanas: el motivo suele ser escapar de la regulación de lo público. En unos casos, se trata de evitar el sistema de gobierno de las universidades públicas, que garantiza la participación de todos los estamentos y la elección por éstos de todos los órganos de gobierno. En otros, evitar las limitaciones (que ya es decir) de la normativa de precios públicos. O incluso soslayar los requisitos de calidad del profesorado que tienen las universidades públicas, y que son incomparablemente más laxos para las universidades privadas.
¿Hay una diferencia muy elevada entre las tasas universitarias de las universidades públicas y de las privadas?
Sin duda alguna. Las universidades privadas son más caras que las públicas. Ahora bien, me gustaría poder indicarte un estudio comparativo de precios, o una web en la que pudieras compararlos fácilmente, pero no me consta que exista. El MECD publica los precios de todos los estudios de las universidades públicas, pero no los de las privadas. Y éstas tampoco los muestran de forma fácilmente localizable en sus webs.
¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de las universidades públicas? ¿Ocurre lo mismo en otros países de nuestro entorno?
La fuente principal de los ingresos de las universidades públicas es la financiación pública, es decir, proviene de los impuestos que paga la ciudadanía. En 2009, constituía el 78% de los ingresos en el conjunto de España. En 2015 había pasado a representar el 71%.
La segunda fuente de ingresos en importancia son las tasas y precios públicos que pagan los estudiantes y sus familias. En 2009 era el 11% de los ingresos de las universidades públicas españolas. En 2015 había pasado a constituir el 18%.
El resto de los ingresos (del orden del 11%) proviene de la Unión Europea, que financia proyectos específicos principalmente de investigación, y de empresas y administraciones públicas que contratan servicios específicos a las universidades o alquilan sus espacios.
Se ha hablado durante esto años de la política de recortes, algunos han usado el término austericida, cuando se han referido a la disminución del gasto social. Se ha comentado también que no había otra, que todos deberíamos estrecharnos el cinturón o lo que fuera. ¿Es así, se puede hablar en estos términos en su ámbito de estudio? ¿Ha habido recortes, pero estos eran necesarios y cualquier otra política era un sueño utópico en una noche de verano, teatro y descanso?
La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en estos años. Concretamente, en el conjunto de España, entre 2009 y 2015 ha caído un 27,7% en términos reales (esto es, una vez descontada la inflación). Téngase en cuenta que, en lo peor de la crisis (esto es, entre 2008 y 2013), la riqueza de España, medida como PIB, descendió un 8,1%. En el período 2009-2015, mientras la financiación pública de las universidades caía un 27,7%, el PIB cayó un 0,3%, y el número de estudiantes un 4,6%. Creo que estos datos pueden dar una idea de hasta qué punto los recortes se han ensañado con la universidad.
Las cifras anteriores son globales, indican la media en el conjunto de España. Por comunidades autónomas (CCAA), los recortes de la financiación pública fueron muy dispares. Las que más recortaron fueron Castilla-La Mancha (38,2%), la Comunidad Valenciana (35,3%), la Comunidad de Madrid (33,7%), Cataluña (32%) y Cantabria (30,1%). Las que menos, aunque recortando más de lo que disminuía su PIB, Aragón (17,0%), La Rioja (17,5%), Navarra (18,4%), Asturias (19,5%) y Castilla y León (19,7%). El resto recortó entre el 20,0% y el 27,7%. Estos datos ponen de manifiesto grandes diferencias entre CCAA. En nuestro estudio mostramos que dichas diferencias no responden a evoluciones distintas del número de estudiantes ni tampoco del PIB. En otras palabras, se trata de decisiones políticas que responden a las prioridades marcadas por cada gobierno autonómico.
Usted explica en el informe que la financiación pública de las universidades proviene de las comunidades autónomas y de Estado. ¿En qué proporción en 2009? ¿Cuál era esa proporción en 2015? ¿Algún cambio significativo en este punto?
La financiación de las universidades públicas presenciales está transferida a las comunidades autónomas. El papel del Estado se reduce a un aporte basal mínimo y a la financiación específica de los proyectos de investigación. En 2009 las CCAA cubrían el 91,4% de la financiación pública universitaria. En 2015, el porcentaje había subido al 94,6%, porque la financiación pública estatal se redujo más que el promedio de la autonómica, de hecho se desplomó a menos de la mitad.
Y estos fondos de financiación investigadora, que supongo esenciales para la tarea investigadora del profesorado universitario, tanto los nacionales como los de las CCAA, ¿también se han resentido? Efectivamente. A este respecto, recomiendo los informes sobre los recursos destinados a I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado que anualmente publica la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de los que se desprende una caída en picado de los fondos en la última década, y los datos que publica la OCDE, que permiten comparar la rezagada situación de España con la del resto de países de nuestro entorno.
En 2009, señala usted, la aportación media por estudiante en las universidades públicas fue de 955€ (con fuertes desigualdades entre las comunidades con mayor aportación, Navarra y Cataluña, y las de menor aportación, Canarias y La Rioja). ¿Cuál fue la aportación en 2015?
Efectivamente, en 2009 cada estudiante pagó en la universidad pública 955€ de media en concepto de precios de matrícula y de tasas (de matrícula, de gestión del expediente, de emisión del título, etc.). Seis años más tarde, la media había subido a 1.412€.
Las diferencias entre CCAA ya eran notables en 2009: el importe pagado por estudiante variaba entre los 759€ por estudiante de Canarias y los 1.267 de Navarra. Seis años más tarde, en 2015, los importes variaban entre los 832€ de Galicia y los 2.123 de Cataluña. El índice de Gini, que es un indicador de la desigualdad que se usa muy frecuentemente, creció en esos años de 10,03 a 14,28.
Del total de los ingresos de las universidades públicas del conjunto de España, en 2009 el 78,4% provino de la financiación pública, el 10,9% de las tasas y precios públicos de matricula y el resto, un 10,7%, de otras fuentes. En 2015, expreso los datos aproximadamente, serían estos: 71%, 18% y 11%. En el caso de las tasas el incremento es de más de 63,5%. ¿Me equivoco? ¡En apenas seis años más de un 60%! ¿Cuánto dinero aportaron entonces el conjunto de las familias españolas en el último curso que ha estudiado?
Efectivamente, es correcto. En el conjunto de España, los estudiantes y sus familias ingresaron directamente a las universidades públicas presenciales 1.556.283.943€ en concepto de tasas y precios públicos, además de lo que aportaron a través de sus impuestos.
Exacto, además de lo que aportaron a través de sus impuestos. Algunas comunidades españolas fueron gobernadas por fuerzas de centro izquierda durante el período que ha estudiado; otras por fuerzas de centro derecha o incluso de derecha sin matices. ¿Se nota esa orientación política en las aportaciones de las comunidades y en las tasas impuestas a las familias?
En cuanto a la financiación pública, las tres comunidades que más la recortaron porcentualmente (Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid) estaban gobernadas por el PP, y las tres que menos (Aragón, La Rioja y Navarra) también (en el caso de Navarra, por UPN). Las comunidades que destacaron por su aumento de precios (Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia) estaban gobernadas por el PP salvo Cataluña, donde gobernaba CiU con el apoyo de ERC. Las que destacaron por la disminución de la aportación del estudiantado a los ingresos (Galicia y La Rioja) también estaban gobernadas por el PP.
Tomemos un respiro si le parece.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, n.º 363, abril de 2018.