Colombia y Latinoamérica hacen parte de la intrincada economía mundial desde los tiempos de la conquista y la colonización española. El oro, plata y platino extraídos con trabajo esclavo financiaron el surgimiento y desarrollo del capitalismo europeo. Después, durante el siglo XIX nuevos productos como el tabaco, la quina y el añil aportaron riqueza a […]
Colombia y Latinoamérica hacen parte de la intrincada economía mundial desde los tiempos de la conquista y la colonización española. El oro, plata y platino extraídos con trabajo esclavo financiaron el surgimiento y desarrollo del capitalismo europeo. Después, durante el siglo XIX nuevos productos como el tabaco, la quina y el añil aportaron riqueza a los imperios inglés, francés y holandés. Luego vinieron el café, cacao, banano, petróleo y algunos productos manufacturados (textiles, otros), los que se convirtieron en productos de exportación, y ayudaron a crear empresas nacionales y a activar un mercado interno con una relativa dinámica propia.
Ahora – en el siglo XXI – estamos de regreso a la extracción intensiva de oro, petróleo, coltán y otros recursos naturales. El plan de la oligarquía – en acuerdo con el imperio -, es instalar y fortalecer en el campo una industria exportadora de agro-combustibles, productos forestales y cafés robustas. Va en la dinámica de la reprimarización total de la economía colombiana. Además, dado que se ha desarrollado una profunda re-colonización neoliberal de nuestra producción y mercado interno, el principal género de exportación es el mismo capital, que está representado en las ganancias de grandes y poderosas empresas transnacionales (imbricadas con empresas de origen nacional) que explotan el trabajo nacional en todas las áreas de la producción de bienes y servicios.
Entre enero y septiembre de 2011, las cerca de 4.500 empresas extranjeras que operan en Colombia ganaron 10.220 millones de dólares. El Banco de la República dijo que la cifra representa un aumento de 39,2 por ciento respecto a la de igual periodo de 2010, la cual fue de 7.340 millones de dólares. Las multinacionales que más utilidades registraron pertenecen a los sectores minero-energético, manufacturero y financiero (Portafolio). «Los giros al exterior por excedentes de las transnacionales llegaron en 2000 a 673 millones de dólares y en 2007 a 6.535 millones de dólares, registrando un crecimiento cercano a 1.000 por ciento. En 2012 el desangre económico, representado en las utilidades que las transnacionales envían a sus casas matrices, se acercó a 10.000 millones de dólares.» [1]
Ésta situación corresponde al avance y copamiento del mundo entero por parte del gran capital monopolista financiero, que en el caso colombiano, no se había expandido totalmente por efecto de la sobrevivencia de relaciones de producción pre-capitalistas hasta los años 70s del siglo pasado, el acaparamiento de la tierra con capitales del narcotráfico durante los años 80s y 90s del siglo XX y la primera década del siglo XXI, que le dieron soporte a grandes compras y despojo de tierras con fines especulativos. Además, la permanencia del conflicto armado impedía esa propagación capitalista transnacional. Hoy, están dadas las condiciones en el campo para realizar grandes inversiones para lo cual la burguesía requiere desmovilizar a las guerrillas y cooptar políticamente al movimiento campesino y agrario.
Colombia enfrenta en el momento actual una nueva ofensiva neoliberal que hace parte de un proceso de expansión del capital financiero internacional y global (estadounidense, europeo, ruso, chino, brasilero, etc.) que pretende enfrentar su crisis sistémica re-localizando sus inversiones en África, Asia y América Latina. Recurre a una estrategia de desposesión de todos los bienes públicos (energía, agua, biodiversidad, basuras, etc.), despojo y desterritorialización de las comunidades rurales (mestizos, afros e indígenas) para apoderarse de los saberes ancestrales y cotidianos de las comunidades, los recursos naturales y sobre-explotar la mano de obra nativa, en una especie de nueva acumulación originaria o primitiva que pretende eternizarse en el tiempo.
Algunos teóricos y estudiosos de la economía política mundial le denominan a éste proceso como una acumulación por desposesión, expropiación y despojo, y no por generación de riqueza. [2]
Ésta ofensiva del capitalismo ha transformado todo el proceso productivo a nivel mundial, mediante varios procesos que aparecen desde los años 70s del siglo XX – llamada la «reestructuración post-fordista» -, que se ha traducido en fenómenos como la transectorización, deslocalización, desconcentración y descentralización de los procesos productivos, usando los avances digitales, computacionales, cibernéticos y de automatización, y los nuevos desarrollos tecnológicos de los medios de comunicación.
Transectorización al convertir el proceso productivo centralizado en una serie múltiple de sectores y factores de la producción que pueden mutar y ponerse al servicio de la fabricación de variadas mercancías; deslocalización interna y externa en los países industrializados en la búsqueda de mercados baratos de mano de obra y de materias primas en todas las regiones del mundo; desconcentración de funciones y procesos productivos de factorías y fábricas que se fueron desmantelando y convirtiendo en pequeños talleres y micro-empresas vinculadas a centros de montaje; y descentralización del aparato administrativo generando variadas formas de producción en donde el trabajador del conocimiento y la información tiene vínculos de diversa categoría con las empresas y los centros de producción y control financiero.
Por otro lado, el capitalismo avanza en Colombia hacia una segunda fase de neoliberalismo, dirigida a la apropiación y explotación de los recursos naturales (tierra, bosques, selvas, áreas de turismo, recursos mineros, agua, etc.), que subsume la vida humana y natural a los intereses de acumulación de capital, arrasando a comunidades enteras, descomponiendo lazos comunitarios en campos y ciudades, y degradando la naturaleza a niveles inimaginables. Así aparecen formas de acumulación de capital como la economía del narcotráfico, la trata de personas, el comercio legal e ilegal de armas y toda una economía vinculada al delito, la violencia y la descomposición moral de la sociedad. Algunos teóricos le llaman a ese fenómeno como la aparición de una lumpen-burguesía que controla al sector financiero, los medios de comunicación, el comercio y el manejo de los mismos Estados con criterios y prácticas delincuenciales y mafiosas.
Colombia desde los años 90s del siglo XX con la aplicación de la apertura económica vive otro fenómeno global que es la financierización de la economía. El gran capital transnacional consigue crear y apropiarse de los bancos, aseguradoras, fiducias, fondos de pensiones y cesantías y la bolsa de valores, por medio de los cuales reducen todo el valor intercambiado (tanto tangible como intangible, tanto contratos futuros como presentes, etc.) a un instrumento financiero. El propósito original de la financierización es lograr convertir cualquier producto del trabajo o servicio en un instrumento financiero intercambiable – especialmente en dólares o euros -, controlando toda la economía y obteniendo pingues ganancias sólo por tener el control de la moneda.
Todos estos fenómenos económicos han traído como consecuencia una transformación profunda de las clases sociales en la órbita planetaria, en donde a pesar que en términos absolutos la clase obrera industrial (y agro-industrial) ha seguido creciendo, en términos relativos se encuentra en retroceso frente a una población que trabaja en la economía informal, el rebusque comercial, la prestación de servicios ocasionales (moto-taxistas, vendedores ambulantes, y todo tipo de trabajos «irregulares»). Además, ha surgido una gran capa de trabajadores asalariados que trabajan con el cerebro, muchos de ellos profesionales proletarizados que anteriormente eran parte de las llamadas profesiones liberales (médicos, abogados, contadores, etc.) pero ahora han surgido nuevas profesiones fruto de un proceso de súper-especialización del trabajo cognitivo, que convierte a esos trabajadores en un nuevo proletariado ya no manual (obrero) sino mental (cognitivo).
Incluso, amplios sectores de las llamadas clases medias (pequeña-burguesía) han entrado en una fase de proletarización creciente. Los medianos, pequeños y micro-pequeños empresarios cada vez se ven más subordinados y subsumidos a la dinámica de los grandes consorcios y conglomerados transnacionales que los explotan al máximo y les reducen a diario sus ganancias, controlando y programando sus procesos productivos mediante el control de la información y la dominación del capital, convirtiéndolos en una especie de «proletarios con empresa», en donde el empresario muchas veces trabaja más que sus propios empleados y trabajadores recibiendo ingresos cada vez más reducidos.
El capitalismo depredador y despojador del siglo XXI ha adecuado las legislaciones estatales en lo laboral y la contratación oficial para poder romper e impedir cualquier tipo de organización de los trabajadores, flexibilizando las relaciones laborales y precarizando las formas de contratación al extremo de que el mundo del trabajo se asemeja mucho a la época en que el capitalismo salvaje de las épocas de acumulación originaria obligaba a los trabajadores a laborar extensas jornadas. Ahora lo hacen aparecer como jornadas de trabajo flexibles, múltiples horarios, diversos empleadores, pagos por hora y a destajo, e infinidad de formas de trabajo que hacen imposible la aparición de relaciones de solidaridad y reciprocidad entre los trabajadores, sumiéndolos en una competencia feroz entre ellos, lo cual facilita su explotación y control tanto social, político como ideológico y cultural.
Ello explica que en Colombia y en el mundo el número de trabajadores afiliados a sindicatos sea muy reducido. En Colombia no llega ni al 4%, aunque aquí el fenómeno también se explica por la persecución violenta de los activistas sindicales como parte de la criminalización de la lucha social, el recorte creciente de los derechos civiles y políticos, la necesidad de bajar los costos de la mano de obra para incentivar la inversión internacional, y en general, la búsqueda brutal de la maximización de las ganancias del gran capital.
La economía colombiana y la crisis sistémica del capital
Las siguientes citas del escrito «Colombia, 2014» de Libardo Sarmiento Anzola ilustran la situación del país frente a lo que ocurre en el ámbito internacional:
«La condición de país periférico y dependiente implica que las políticas públicas y la dinámica económica de Colombia estén encadenadas a los ciclos, cosmovisiones, necesidades e intereses del centro y grupos de poder que controlan el sistema mundo capitalista. Los ciclos del sistema amplifican sus efectos en la periferia y obligan a redefinir su aparato productivo según las demandas de los mercados internacionales y los determinantes de los cambios en la división internacional del trabajo. Al modelo de desarrollo colombiano lo caracteriza las actividades extractivas agenciadas por transnacionales, el rentismo financiero, la economía de servicios y su precaria sostenibilidad en el mediano plazo. La economía del país ha sido beneficiaria de los elevados precios de las materias primas en los mercados internacionales.»
«Para 2014 la economía mundial crecerá en promedio 2,9% y la colombiana 4,5%; el comportamiento «sobresaliente» se explica por un auge coyuntural de inversión pública en infraestructura y proyectos de vivienda social, las exportaciones de recursos naturales y energéticos, la especulación financiera, los agro-negocios (biocombustibles, en particular) y los altos beneficios de la comercialización de bienes y servicios aupados por los tratados de libre comercio. En general ésta es una sociedad consumista, poco generadora de valor agregado y con un componente de bienes importados que supera el 50% de lo que consumen los hogares. En una economía mundial que no logra salir de la crisis estructural, pese a las breves y débiles recuperaciones promovidas con inyecciones de capital por parte del Estado, la inestabilidad del país es un factor condicionante del inmediato futuro.» [3]
El surgimiento de la burguesía transnacionalizada
Es así como en Colombia la burguesía con «orígenes nacionales» pero que desde el siglo XIX y primera mitad del XX tenía grandes vínculos internacionales, se alimenta desde la década de los años 70s y 80s del siglo pasado con dineros de la economía del narcotráfico a través de la ventana «siniestra» del Banco de la República y de los «dineros calientes» que se irrigan «legal» e ilegalmente en el proceso económico, y a finales de los años 90s y principios del siglo XXI, irrumpen en la economía internacional (especialmente en Centroamérica, Perú, Ecuador, Chile, pero también en EE.UU. y España) con inversiones en el sector financiero, eléctrico, cemento, construcción, minas y otras áreas productivas. [4]
Esta burguesía transnacionalizada establece desde un principio una intrincada coalición con el gran capital transnacional, se apropian de las principales empresas estatales y semi-estatales, de las compañías de la Federación de Cafeteros (Avianca, Flota Mercante, Banco Cafetero, otras), inician la privatización de los servicios públicos domiciliarios, acaban de desmantelar las vías férreas, y controlan las importaciones de alimentos y otros productos ante la devastación programada de gran parte del aparato productivo nacional.
Se constituye así una burguesía transnacionalizada conformada por unos pocos grupos económicos como el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Santodomingo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño, Grupo Carvajal y otros, que subordinan a sus intereses a la débil burguesía industrial, comercial y burocrática, que hasta entonces eran importantes fracciones de la oligarquía colombiana. Esa burguesía transnacionalizada se vuelve hegemónica dentro del bloque de poder frente a los herederos de los grandes terratenientes y latifundistas, que paralelamente y en medio del conflicto interno venían fortaleciendo su poder económico y político en diversas regiones (Urabá, Costa Atlántica, Llanos Orientales, Magdalena Medio) en alianza con grandes transnacionales agrícolas (Chiquita Brands y otras) y mineras (Drummont y otras), que utilizaron a los grupos paramilitares para ensanchar su control territorial, realizar asociaciones con campesinos ricos y medios, y desarrollar una estrategia contra-insurgente.
Sin embargo esa burguesía transnacionalizada es débil políticamente. Por un lado no necesita crear su propia expresión política dado que utilizan a los políticos tradicionales (burguesía burocrática, Samper, Serpa y cía.), a las nuevas expresiones políticas de origen cívico (Mockus, Fajardo, etc.) y aún, establecen relaciones con formaciones socialdemócratas y «liberales de izquierda» (Navarro, ONGs, etc.). Hasta ahora se habían negado a organizar sus propias y nítidas expresiones políticas porque han evaluado las experiencias negativas que han tenido en Argentina (Menen, Cavallo, De la Rúa), Bolivia (Lozada) y Ecuador (Noboa), en donde el pueblo los identificó con toda claridad y los derrotó políticamente mediante una serie de levantamientos y alzamientos revolucionarios.
La burguesía transnacionalizada usa a Uribe y al paramilitarismo
Es por ello que en momentos de crecimiento y fortalecimiento político-militar de la guerrilla (especialmente las FARC) y de avance del movimiento popular, la burguesía transnacionalizada asesorada por el gobierno estadounidense y con su financiación y asistencia estratégica, establecen una asociación con Álvaro Uribe Vélez, la mafia narcotraficante y los políticos tradicionales en todas las regiones, tanto para debilitar política y militarmente a las FARC como para arrasar y destruir las expresiones populares de organización social.
Una vez logrado ese objetivo y ante el crecimiento desmedido de las pretensiones «nacionalistas» del latifundismo «uribista» (que tiene un programa de carácter nacional-socialista con la teoría del «Estado comunitario» [5] ), que penetró todas las instituciones especialmente el ejército, la policía y el DAS, le dio vida a nuevos contratistas del Estado (los Nule, William Vélez, etc.), se desmadró en la violación flagrante de los DD.HH., realizando desapariciones extrajudiciales llamadas «falsos positivos», una serie de acciones criminales como la interceptación de comunicaciones o «chuzadas», asesinato de sindicalistas, conformación de un verdadero aparato fascista y corrupción generalizada, la burguesía transnacionalizada – también con el visto bueno de los EE.UU. – hace a un lado a Uribe y coloca, por primera vez, un verdadero oligarca (Santos) frente al manejo del Estado.
Colocar a Santos en la presidencia de la República no fue algo casual. El imperio y la élite burguesa entendieron que la guerrilla no podría ser exterminada mientras existiera la economía del narcotráfico y por tanto, sus multimillonarias inversiones no tendrían un ambiente propicio para obtener ganancias en un territorio tan estratégico como el de Colombia. Tal convicción los ha llevado a diseñar una nueva política que los ha enfrentado sector latifundista y burgués de catadura conservadora, y se han decidido a experimentar una nueva salida «democrática».
La «nueva apertura democrática» y el proceso de Paz
La burguesía transnacionalizada ha diseñado una estrategia dirigida a crear las condiciones para la nueva fase neoliberal. Una nueva versión de «apertura democrática» se está impulsando al calor de los diálogos con las FARC en La Habana pero sin ceder en lo más mínimo en aspectos fundamentales de su política neoliberal. La intención es cooptar a los campesinos y colonos de regiones de colonización donde tienen influencia las FARC para integrar al mercado capitalista a las economías campesinas que han surgido de la acumulación de capitales del narcotráfico y de paso domesticar un movimiento campesino que reclama titulación de tierras, programas de sustitución de cultivos, apoyo crediticio, asistencia técnica, inversión social en infraestructura y mercadeo agropecuario, pero que – por ahora – no tiene entre sus prioridades la re-negociación de los TLCs u otras políticas esenciales para el gran capital.
Al calor de esa apertura democrática la burguesía transnacionalizada está dispuesta a compartir espacios de gobierno con sectores de la izquierda moderada y de la misma guerrilla, al estilo de lo que ha hecho con «Lucho» y Angelino Garzón, aprobando todo tipo de garantías «democráticas» para la participación de los partidos de oposición y de las organizaciones sociales en los espacios institucionales de poder (congreso, asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones), siempre y cuando no vayan más allá de lo que estableció la Constitución de 1991 en cuanto a prevalencia del interés privado sobre el público (artículos 332-337 de la Constitución Política sobre Régimen Económico y de Hacienda Pública), como lo demuestra la reacción del establecimiento capitalista frente a lo impulsado por el alcalde de Bogotá Gustavo Petro con su nuevo modelo de recolección y reciclaje de residuos sólidos (basuras) y el espíritu del Plan de Ordenamiento Territorial POT que coloca en primer plano el problema ambiental y golpea con fuerza los intereses de los monopolios de la construcción y del urbanismo depredador.
Mientras tanto la gran burguesía no está dispuesta a ceder en nada a los medianos y pequeños productores agropecuarios de cultivos permanentes y transitorios (café, cacao, panela, papa, leche y ganadería, frutales, hortalizas, etc.), para los cuales – los que según sus teóricos neoliberales no son competitivos – sólo les ofrece cambiar de renglón productivo y asociarse con grandes empresarios agro-industriales para sembrar palma africana, caña de azúcar, cultivos forestales u otros, bajo la modalidad de asociaciones productivas que es una especie de «aparcería moderna», en donde los riesgos corren por cuenta del campesino mientras que el inversionista se lleva las ganancias del procesamiento y la operación financiera (modelo aplicado en el Suroriente Asiático, Malasia, Tailandia, y otros países).
Para implementar dicha estrategia la burguesía sabe que debe cederle cuotas de poder a la «burguesía burocrática» representada tradicionalmente por un sector de la burguesía que siempre ha vivido de los contratos estatales y del control de la burocracia, que en las actuales circunstancias ya prepara, en alianza con ONGs dirigidas por «socialdemócratas», los programas sociales para la etapa del «post-conflicto» y la «transición» hacia la Paz, mientras mantienen intactas las estructuras de los grupos paramilitares convertidos en supuestas «bandas criminales» (bacrim), que están intrincadas con las mafias politiqueras regionales y se ponen al servicio de los intereses de las grandes transnacionales mineras para asesinar a los líderes populares que se opongan a sus planes.
En medio de ese juego están sectores de la «burguesía nacional» sobre todo agraria e industrial (grandes empresarios y exportadores ganaderos, lecheros, cafeteros, azucareros, textileros, fabricantes de autopartes de automóviles, etc.) que está dispuesta a dar la lucha económica y reivindicativa por obtener del Estado «compensaciones monetarias» (subsidios) por los efectos causados por la firma e implementación de los Tratados de Libre Comercio TLCs. – como ocurrió en el pasado paro cafetero -, pero no está dispuesta a luchar al lado del pueblo cuando los objetivos de la movilización están dirigidas contra la esencia de la política neoliberal – como ocurrió en el paro nacional agrario -. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, no ha entendido el carácter débil y vacilante de esa burguesía nacional, su oportunismo histórico, y que frente a un verdadero proceso revolucionario, esa burguesía nacional siempre tranzará con la oligarquía y el imperio para traicionar los intereses nacionales del pueblo colombiano.
Incluso, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que plantean las FARC puede convertirse en una herramienta de cooptación y domesticación del movimiento popular (social y político) ya que se convocaría en el marco de la institucionalidad burguesa, con las reglas del gran capital y en condiciones en donde la derecha latifundista y la centro-derecha burguesa nos colocaría mayorías electorales, y nos impondría un nuevo «pacto de clases» al estilo de lo que ocurrió en la Constituyente de 1991.
El nuevo auge de la lucha popular y la revolución democrática
Durante las tres anteriores décadas el movimiento popular y de los trabajadores fue aplastado por la violencia paramilitar, estatal y empresarial, y paralelamente sufrió un proceso de cooptación a través de las ONGs socialdemócratas que condujeron a muchas expresiones del movimiento popular hacia el «proyectismo», la gestión empresarial, el cooperativismo, el «autonomismo económico», y otras formas de engaño y domesticación. La participación electoral con visión política reformista y con criterios localistas, también fue otra forma de asimilar y descomponer a cientos de dirigentes sociales y populares, que terminaron administrando el Estado adaptándose a la normatividad neoliberal burguesa (municipios, gobernaciones, cabildos y ETIS indígenas).
Ahora – después de esa larga noche de oscurantismo y terror -, desde 2008 con la Minga Social y Comunitaria, el Paro de los Trabajadores Azucareros («corteros de caña») y el paro de ASONAL-Judicial, se inició una nueva etapa de ascenso de la lucha popular que ha tenido su mayor cúspide entre 2011 y 2013 con el paro estudiantil por educación pública; las luchas de los obreros petroleros contra la tercerización laboral; y las movilizaciones agrarias campesinas e indígenas con los paros cafetero, agrario nacional y la minga indígena, como punto máximo. Además se han desarrollado múltiples luchas y resistencias contra la privatización de los servicios públicos, los mega-proyectos energéticos y mineros (Urra II, El Quimbo, Santurbán, La Colosa, Marmato, otros) y la lucha contra la Ley 100 y por una reforma estructural de los servicios de salud.
Es precisamente para detener esa insurgencia social que amenaza con llegar a las ciudades por lo que la burguesía se esfuerza en diseñar esa política de «apertura democrática», para canalizar la fuerza del movimiento popular hacia la institucionalidad burguesa e impedir un alzamiento revolucionario que ponga en peligro su dominación.
Nuestra táctica
En la actualidad existen numerosos revolucionarios proletarios (anti-capitalistas, socialistas, comunistas, libertarios) dispersos en partidos dirigidos por las diferentes fracciones de la pequeña burguesía y de los trabajadores estatales (maestros, trabajadores de la salud, empleados del aparato gubernamental), que vacilan entre la burguesía y el proletariado, entre la línea reformista y la revolucionaria.
Estos partidos de «izquierda» están influidos, por un lado, por la política de la «burguesía nacional» (Polo-MOIR), y por el otro, por la «burguesía burocrática» (PTC, Alianza Verde, Unión Patriótica). Ninguno de ellos está preocupado por crear verdaderos órganos de poder popular (gérmenes de un Estado proletario y popular), aunque algunas organizaciones sociales (Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Movimiento Indígena) han creado, por la dinámica de la misma lucha y por tradiciones ancestrales acumuladas, formas organizativas que podrían adquirir en un proceso revolucionario esa función de auto-gobierno y poder popular.
No existe en Colombia una organización que se haya colocado la tarea de reorganizar a los trabajadores industriales que todavía quedan (petroleros, fabriles, metalúrgicos, jornaleros agrícolas, corteros de caña) ni tampoco que haya estudiado a fondo las novísimas condiciones del nuevo proletariado que ha surgido en todo este proceso de «reconversión post-fordista» y que esté dispuesto a trabajar, inventar y crear formas adecuadas de organización con esos trabajadores «precariados».
Ello nos obliga a priorizar la tarea de ayudar a construir ese partido o movimiento proletario, en medio de la lucha democrática y revolucionaria que el pueblo colombiano está desarrollando en este instante. Para tal efecto la estrategia de construir «corriente de pensamiento proletario» como una fase del proceso de nucleación de los revolucionarios dispersos, creando lazos de confianza y actitudes respetuosas frente a las diferentes escuelas, orígenes, experiencias y actuales militancias, es un método que se puede constituir en una herramienta apropiada para el momento.
Sin embargo la coyuntura nos exige ponernos de acuerdo mínimamente en una táctica. La que se propone en este documento se sintetiza así:
– Elaborar y proponer al movimiento popular (social y político) un «Programa de Transición» o Plataforma de Lucha, que recoja la esencia y síntesis de la lucha democrática y popular que se ha venido desarrollando en los últimos años, que debiera contemplar los siguientes puntos:
1. Nacionalización de los recursos naturales mineros y energéticos.
2. Renegociación o anulación de los Tratados de Libre Comercio.
3. Renegociación de la Deuda Pública (externa e interna).
4. Reforma agraria democrática y apoyo integral a la economía campesina.
5. Educación y salud universal, pública, de calidad y financiada por el Estado.
6. Industrialización de nuestras materias primas y desarrollo de un modelo productivo respetuoso de la naturaleza.
7. Recuperación de los servicios públicos domiciliarios para «lo público» y lo comunitario.
8. Nuevo proceso Constituyente para una Nueva Democracia Participativa.
9. Integración social, política, económica y cultural de los países de Latinoamérica colocando el espíritu bolivariano al servicio de los trabajadores y los pueblos.
– Una estrategia revolucionaria de construcción de un proceso Constituyente «desde abajo» por la Nueva Democracia Participativa, por un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que sea expresión de la alianza entre los trabajadores, los campesinos pobres y la pequeña-burguesía en proceso de proletarización, en donde se gane o neutralice a la pequeña-burguesía media y alta, y se aísle y derrote políticamente a la oligarquía, como primer paso hacia una sociedad post-capitalista
Esa estrategia revolucionaria puede y debe impulsarse en el seno del actual movimiento popular, luchando contra la influencia de las burguesías «nacional» y «burocrática» que hacen carrera y permean a la pequeña-burguesía, apuntándole a nuclear en medio de éste proceso a los revolucionarios proletarios.
Es evidente que ésta estrategia debe tener en cuenta la división existente en el seno del bloque de poder. No para apoyar a uno de esos sectores (Santos) por temor al poder del guerrerismo autoritario (Uribe), lo cual generaría falsas ilusiones en supuestos «sectores progresistas» de la burguesía, sino para denunciar las características de cada sector oligárquico ante el pueblo, identificar sus debilidades y fortalezas, alertar sobre sus maniobras, denunciar sus intentos golpistas y sus estrategias engañosas, y hacerle ver al pueblo que ninguna de sus propuestas es solución para los graves problemas que vive y sufre nuestro pueblo.
Las metas a conseguir con ese programa de transición y estrategia revolucionaria son:
– Posicionar un programa revolucionario en la mente del pueblo y la convicción de que sólo un gobierno de los trabajadores es capaz de llevarlo a la práctica plenamente.
– Nuclear a los revolucionarios proletarios y construir un partido de los trabajadores y campesinos pobres durante el transcurso de la revolución democrática en desarrollo.
– Establecer relaciones de solidaridad y apoyo con otros movimientos y partidos proletarios de otros países con visión internacionalista.
– Ayudar a construir formas de poder popular, comités revolucionarios, basados en la democracia directa, como órganos de poder para contar con una fuerza con qué enfrentar la fase de predominancia de la pequeña-burguesía y acumular poder para la revolución socialista.
– Denunciar la debilidad política de la burguesía nacional y burocrática que las lleva a oponerse a la revolución nacional y democrática, y desenmascarar a los partidos de la pequeña-burguesía por su incapacidad para romper con la burguesía.
Hoy se respira cierto escepticismo y apatía entre el pueblo frente al proceso electoral. El voto en blanco es una opción para muchos sectores. Los partidos de «Izquierda» hacen ingentes y desesperados esfuerzos por obtener el umbral en medio de una gran dispersión. Debemos apoyar a los candidatos y expresiones políticas que garanticen y estén dispuestos a profundizar en el debate sobre la coyuntura actual y que estén dispuestos a desarrollar un Nuevo Proceso Constituyente «desde abajo».
[1] Sarmiento Anzola, Libardo. «El negocio de la guerra»: http://palabrasalmargen.com/
[2] David Harvey, El nuevo imperialismo. Madrid. AKAL, 2004; Eric Toussaint, La crisis global. Barcelona. El viejo topo, 2010.
[3] Sarmiento Anzola, Libardo. «Colombia, 2014»: http://palabrasalmargen.com/
[4] El informe del Banco de la República indica que la inversión colombiana en el exterior pasó en el primer semestre de 2013 de 492 millones de dólares a 1.445 millones de dólares, con un crecimiento de 193,6 por ciento. El monto, aunque está aún lejos del record del 2011, que fue de 8.304 millones de dólares, refleja un repunte importante. La multi-latinas colombianas que se expandieron más fuerte en el exterior en la primera parte del año pertenecen a los sectores de minas, establecimientos financieros y servicios empresariales. (Portafolio).
[5] Desentrañando el proyecto uribista: http://lahistoriadeldia.
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