Las exigencias de la comunidad educativa persiguen la mejora de un sistema educativo vilipendiado tras años de recortes. Estabilización del profesorado, reducción del ratio en las aulas y la construcción de nuevos centros protagonizan sus demandas. Los partidos de izquierdas prometen paliarlas mientras el PP impulsará aún más la “excelencia” escolar.
Las competencias en educación, en manos de las comunidades autónomas, son una de las grandes bazas de los gobiernos regionales. Gestionar el conocimiento de las generaciones futuras se perfila como uno de los grandes resortes de cualquier proyecto político, y así lo demuestra el alto grado de énfasis que cada partido proyecta en este ámbito. La educación de la Comunidad de Madrid, maltrecha por una privatización desmedida y un abandono de la pública, tendrá que afrontar diferentes retos dependiendo quién consiga ser elegido como presidente o presidenta regional.
Más allá de las ideas plasmadas en los diversos programas electorales de los partidos políticos, en este recorrido también marcan su propio camino las asociaciones involucradas en el mantenimiento de una educación pública. ¿Qué piensa el profesorado? ¿Y las familias? ¿Qué necesidades percibe el alumnado? Este tipo de planteamientos, y sus respuestas, determinarán un voto más que disputado tanto en la derecha como en la izquierda en las próximas elecciones del 4 de mayo.
La Marea Verde
Sandra Villa es docente en la Comunidad y portavoz de la Marea Verde de Madrid. Entre las necesidades primordiales que en su colectivo objetivan se encuentran algunas que proceden del pasado, pues sus efectos no se han revertido: disminución de ratios en todos los niveles y etapas educativas, construcción de centros públicos en una única fase y la exigencia de una educación pública laica. La Marea Verde también se pronuncia respecto a la posibilidad de un “pin parental” impuesto por Vox: “Estamos en contra porque atenta contra los derechos del niño y los derechos a la propia expresión de género y opción sexual en la infancia y adolescencia”.
Esta profesora también incide en la necesidad de financiar la educación pública con el 7% del PIB de la región, y se remite a los fondos europeos y los millones de euros que se destinarán a educación: “Este dinero tiene que ser para la pública y que se usen, por ejemplo, para llegar a una presencialidad del 100% con ratios de un máximo de 15 estudiantes por docente”. Asimismo, se posiciona a favor de la denominada “revuelta escolar”, que busca la pacificación de los entornos educativos y se pronuncia sobre las consecuencias de la alta tasa de temporalidad entre el profesorado: “Los periodos que nuestras alumnas y alumnos están sin recibir clase y la imposibilidad de realizar proyectos educativos, pero hay otras más sutiles que tienen que ver con el arraigo del alumnado y el profesorado difíciles de medir, para aprender y enseñar es importante la confianza y la estabilidad”.
Hablan los padres y madres del alumnado
Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Giner de los Ríos, además de criticar los “años continuados de recortes” y la falta de miles de plazas en la Formación Profesional, agrega que “la falta de participación y democracia en los centros escolares es una de las grandes preocupaciones de las familias”. “La administración de la Comunidad se ha posicionado claramente ante un tipo de escuela, y es la privada-concertada”, sentencia. En cuanto a la falta de centros públicos en algunos distritos y localidades, como Las Tablas, Parla, Paracuellos y Valdebebas, la FAPA afirma que apuestan por “la ampliación de una red de centros pública, que garantice el acceso a los servicios públicos sin segregar alumnado y ofreciendo igualdad de condiciones a todos y todas, independientemente de su sexo, identidad sexual, creencias, discapacidad o características socio económicas”.
En cuanto al “pin parental”, Morillas responde que “la diversidad es riqueza y la Escuela es un lugar privilegiado para poder aprenderlo y ponerlo en práctica” y que dicha medida “es una vulneración de los derechos de la infancia, es censurar la libertad de los derechos de nuestros hijos e hijas y un ataque a su dignidad”.
Respecto a la situación entre los diferentes tipos de colegios, la presidenta de la FAPA aporta algunas cifras al respecto: en el curso 2018-2019, de los 844 centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria, 324 (el 38,1%) eran de titularidad pública, 398 (el 46,8%) privados concertados y 129 (el 15,2%) privados sin concierto; y determina: “Una de las grandes debilidades del sistema educativo madrileño es la falta de implicación y de voluntad política en la construcción de centros públicos”.
Preguntada por el estado de la digitalización de la escuela madrileña, Morillas responde que el sistema educativo no estaba preparado para la teledocencia y que “a la denominada brecha digital tenemos que añadir la brecha social”, aludiendo a los más de 1.700 niños que continúan sin luz en la Cañada Real. Por otra parte, alude a la pandemia y sus consecuencias en la educación para constatar que “la bajada de ratios y la presencialidad han sido factores que han mejorado la atención individualizada y personalizada del alumnado”. Respecto a la alta temporalidad, Morillas finaliza diciendo que “se da el caso de centros educativos en los cuales la plantilla puede cambiar cada curso en unos porcentajes de más del 50%”.
El alumnado y sus demandas
Hugo Pérez Ayán, portavoz de la asociación de alumnos y alumnas del instituto al que pertenece, el concertado Colegio Lourdes de la Fundación Hogar del Empleado, aporta la visión del estudiantado. Afirma que “nuestro sistema educativo sigue anclado en el siglo XX y basado en un modelo del XIX”, por lo que insta a las fuerzas políticas de todo el espectro a que se sienten a debatir y negociar una nueva ley que duré más de un lustro y garantice un nuevo sistema eficiente y moderno. Asimismo, se muestra en contra del “pin parental”, y así lo argumenta: “Los hijos no somos del Estado, pero tampoco somos propiedad de los padres, somos personas autónomas con derechos, entre ellos el derecho a recibir una educación de calidad y en valores que nos permita desarrollar el pensamiento crítico y nuestra conciencia social, cívica y ética”.
En lo que respecta a los recortes presupuestarios, Pérez responde que “no se pueden hacer recortes en la educación porque la educación es la base de todo el sistema y de ella depende nuestro futuro”. Como estudiante de 1º de Bachillerato que ha experimentado el nivel de digitalización de la escuela madrileña, el portavoz estudiantil incide en que “el estado de digitalización público es pésimo” y reclama la renovación del material tecnológico de los centros.
El programa del Partido Socialista
El PSOE, partido político con mayor representación en la cámara madrileña, defiende en su programa eliminar para el curso educativo que entra los recargos por segunda matrícula y posteriores en lo que respecta a la educación superior. El documento de 84 páginas recoge hasta 37 medidas, de un total de 350, íntimamente ligadas a la educación, incluyendo la rama universitaria. Ángel Gabilondo pretende incrementar la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid, muy por debajo actualmente de la media nacional, y crear 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño, además de incorporar nuevo profesorado para reducir las ratios, todos ellos unos apuntes que se repetirán en los demás programas electorales de los partidos de izquierda.
Otra medida que lleva el socialista en su programa es el refortalecimiento del sistema de becas y ayudas a la educación, así como las becas de comedor; al igual que el refuerzo del alumnado con 2.000 docentes de apoyo para evitar que el impacto de la pandemia vaya a más. A su vez, promete implementar un Plan de Digitalización Educativa, mejorar la enseñanza de idiomas en todos los centros públicos y fomentar la cooperación entre el centro, las familias y la comunidad. Su programa también recoge mejorar la oferta pública de FP y la garantía de “una educación no sexista y en igualdad”.
El PP refuerza la excelencia
La segunda fuerza más representada en la Asamblea de Madrid es el PP, que con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza ha presentado un programa en el que la educación ocupa 27 puntos de las también 350 medidas en total. La primera, en el número 17 del programa, apuesta “por una educación pública de la mayor calidad, compatible con la libertad de elección de las familias entre educación pública, privada y concertada (…)”. Sus promesas, ya cumplidas o en curso, tal y como se explicita en el programa, también pasan por el incremento de los programas de “excelencia” del estudiantado, el refuerzo de la lengua española y la creación de un Instituto de Formación del Profesorado, además de impulsar “un plan de incentivos para aquellos docentes que se comprometen con más horas y más esfuerzos en los centros educativos (…)”. Pese a que apenas se pronuncian sobre alguna necesidad esbozada por la comunidad educativa, desde el PP aseguran que impulsarán la FP dual como garantía de inserción laboral.
Las promesas de Más Madrid
El tercer partido más representado en la Asamblea ha preparado un programa de 191 páginas en el que la educación ocupa 51 medidas. Desglosadas en diferentes capítulos, la apuesta liderada por Mónica García pretende impulsar un Plan de Equidad e Inclusión contra la segregación educativa, e invertir tanto en nuevas infraestructuras allí donde sean necesarias como en la creación de escuelas infantiles públicas. Asimismo, evaluarán el actual Programa Bilingüe con participación de la comunidad educativa y promoverán “una enseñanza más personalizada y capaz de detectar precozmente las dificultades de aprendizaje”.
MM responde a las demandas a consecuencia de la alta temporalidad del profesorado con la promesa de aumenta la oferta de plazas convocadas para la Función Pública e incrementar las plantillas para revertir los recortes, según explicitan. También pretenden abrir los centros educativos fuera del horario escolar “potenciando la función social de la escuela” y elaborar un Plan de extensión de la oferta de plazas públicas para la FP, suprimiendo las tasas en los ciclos de Grado Superior.
Unidas Podemos defiende su programa
Por parte de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, han presentado un programa de 162 páginas con 146 medidas en total, de las cuales 58 corresponden a educación, dejando de lado la universitaria. Tras una decena de páginas en las que la formación morada realiza una análisis de la situación actual en materia de educación en la Comunidad y en las que se refieren al “pin parental” como “la negación de la educación en valores”, UP plantea la oferta de plazas públicas en función de la demanda demográfica, la garantía del derecho a la educación en condiciones de igualdad y la reducción de los ratios en las aulas, tal y como también plantean los demás partidos de izquierdas.
Agustín Moreno, exdirigente de Comisiones Obreras, maestro y ahora número 5 en las listas de UP, explica a El Salto que “la necesidad de la Comunidad en materia educativa es enorme, pues la política de recortes del gasto y las privatizaciones que ha llevado a cabo la derecha en la región ha supuesto una agresión brutal al sistema público”. Él mismo señala cómo la Comunidad de Madrid casi invierte en educación la mitad que la media estatal en cuanto a PIB se refiere (2,225% frente al 4,27%). “En Madrid capital las cifras de escolarización de la pública ya están por debajo de la concertada, lo que está relacionado con la búsqueda del beneficio económico, pero también del ideológico y el mantenimiento de una sociedad desestructurada, clasista y sin cohesión social”, en palabras de Moreno.
En cuanto a la financiación, el partido de Pablo Iglesias promete destinar el 7% del PIB de la Comunidad a educación, garantizar la gratuidad de la educación pública, incluida la infantil de 0 a 6 años, un nuevo sistema de becas y la instalación de paneles solares en los centros educativos, así como el fomento de la autonomía y la participación democrática, el mejoramiento de las condiciones laborales del profesorado y su estabilización y el incremento de la oferta de plazas de FP en los centros públicos en función de la demanda.