Después de doscientos años, de vida independiente y ejercicio del poder público, aparentemente democrático, Colombia sigue sumida en una encrucijada política, institucional y socioeconómica, que le impide lograr desarrollo integral nacional. Resolver dicha encrucijada, es difícil pero no imposible.
Albert Einstein, en su visión del mundo, en su época, precisó: “Tengo plena consciencia de que para que una sociedad pueda lograr sus objetivos, es necesario que haya alguien que piense y dirija y asuma, en términos generales, la responsabilidad.” Y en el caso colombiano, tenemos la gran incógnita. Quién y cuándo será.
Si aceptamos y entendemos el axioma político-social de Einstein debemos recordar la premonición hecha sobre Colombia, hace más de treinta años, por un político candidato a la presidencia, al comprobar, en su campaña a la presidencia, las evidencias políticas, administrativas y sociales arraigadas y dominantes, que lo hicieron concluir: “Colombia está dominada por una oligarquía política que convirtió la administración del Estado colombiano, en un botín que se reparten a pedazos”.
Hoy, después de más treinta años de asesinado ese candidato, comprobamos que la encrucijada política, socioeconómica e institucional colombiana, se ha agudizado hasta límites que tipifican y caracterizar un Estado Fallido.
Bajo esas fatales condiciones, nunca será excesivo recabar y desenmascarar la endémica crisis política, socioeconómica, institucional, ética y moral, en la que sumieron a Colombia y tienen que padecerla sus habitantes.
Los responsables únicos, del caos político, socioeconómico e institucional y precario desarrollo integral nacional, son los sucesivos gobiernos y la clase político-económica, que ha secundado y protegido su permanencia en el poder.
Esa caracterización política, interpretada por un político activo, hace más de treinta años, se ha cumplido rigurosamente durante la sucesión al poder público, disputado durante más de doscientos años, entre dos partidos.
Durante ese lapso de tiempo, el soporte económico, de dirigentes políticos y élites sociales, fue la tenencia de la tierra y el poder público, condición que perdura, con crecientes variables, a partir del plebiscito de 1957.
Desde esos años, la politiquería, el clientelismo, el oportunismo y la corrupción, sustituyeron las escasas ideas y principios, que tenuemente diferenciaban a conservadores y liberales.
Los períodos del frente nacional, fueron suficientes para dinamizar y consolidar la politiquería y el clientelismo y hacer del poder político el soporte inequívoco del poder económico y fuente de enriquecimiento de los representantes y usufructuarios del poder.
Los mismos que sistemáticamente se opone a toda reforma socioeconómica, como lo están demostrando actualmente, contra las Reformas presentadas por el actual gobierno.
Bajo esas condiciones políticas e institucionales, llegó Colombia, hasta la encrucijada político-económica e institucional que padecen sus ciudadanos.
Los gobiernos, con su secular irresponsabilidad en el ejercicio del poder, se niegan a responder al electorado, por la satisfacción de sus derechos básicos. Con sofismas y malabares discursivos, se disculpan de lo que constituyen sus irresponsabilidades y perversidades en el ejercicio del poder.
Por su misma esencia perversa e irresponsable, los gobiernos, no toman medidas para combatir y derrotar la corrupción, la criminalidad, la impunidad y la inmoralidad pública. Son condiciones convertidas en instrumentos eficaces para mantener el poder político y económico. Bajo tales raceros, resulta imposible mejorar las condiciones socioeconómicas y de vida de los colombianos.
El manejo económico de la nación ha sido y es absolutamente errático, perverso e irresponsable. El poder ha sido ejercido por gobernantes lacayos y sumisos a los poderes y objetivos del capital nacional y transnacional. Los últimos gobiernos, en estricto cumplimiento de lo ordenado en el Consenso de Washington (1989), impusieron la Apertura Económica y entregaron a los privados, lo que quedaba del patrimonio público, en particular, sectores de servicios fundamentales, como la salud y la educación.
Ya no hay que privatizar, excepto el presupuesto público, Ecopetrol, la casa de Nariño y el capitolio nacional. Otros bienes públicos, como los parques urbanos, vías terciarias y otros que no les ofrecen ninguna rentabilidad, no tienen postor.
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, permitieron que llegara al Poder Ejecutivo, a un colombiano, con una visión y objetivos políticos, que definitivamente marcan profunda diferencia, sobre la visión, objetivos y propósitos de los 118, anteriores gobernantes, que mal-gobernaron a Colombia, hasta el 7 de agosto de 2022.
Los ciudadanos colombianos, honestos y responsables social y moralmente, debemos entender, que el nuevo presidente, llegó a ejercer solamente una rama de los tres poderes públicos.
Debemos ser conscientes que el actual Presidente, tiene que gobernar, con un marco legal institucional, esencialmente estructurado, por anteriores gobernantes, para satisfacer intereses exclusivos y garantizar todo lo que les sea favorable a las élites usufructuarias del poder y al modelo económico-social dominante.
El poder de las élites, u oligarquía político-económica, es el que ha impedido el desarrollo nacional integral y ha propiciado e impuesto el estancamiento, el atraso, la inequidad socioeconómica y la injusticia social.
Son hechos y realidades que las mayorías nacionales, debemos entender, sobre la problemática nacional. El poder público, en sus tres ramas, ha sido ejercido por las élites u oligarquía política-económica. Por esa razón, han impedido el desarrollo nacional integral y han propiciado e impuesto el estancamiento, el atraso, la inequidad socioeconómica y la injusticia social.
Bajo esas condiciones, transformar la institucionalidad, el poder, la cultura ciudadana y sobre todo, la mentalidad de los usufructuarios y pretendidos dueños del Estado, es un desafío gigantesco. Son las condiciones que el actual gobierno, trata de interpretar y de encontrar salidas al asedio y amenazas, impuestos por los otros poderes públicos; la Fiscalía y la Procuraduría, con todas sus ramificaciones, influencias y deshonestidades. Esa realidad inocultable lo ha obligado a convocar al Pueblo, en quien reside la soberanía del poder.
El artículo 3º, de la Constitución vigente, precisa: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes …..” Si alguna Rama del Poder Público, ataca a otra Rama, el representante de la Rama atacada, tiene plano derecho a convocar al pueblo, a defender sus derechos.
Por ejemplo: las Altas cortes. Quienes las integran. No son sabios. Menos científicos. Por lo que en ellas ocurre, muchos de ellos ni siquiera pueden acreditar perfil de intelectuales. Algo más aberrante: la ausencia de ética y moral, en algunos de ellos. Colombia cuenta con magistrados de la Corte Suprema, prófugos de la justicia y otros condenados por delinquir. Igual ocurre con congresistas y altos burócratas.
La reconstrucción de Colombia, demanda radicales reformas socioeconómicas y reconstrucción integral de los órganos de poder y el marco institucional que los regula.
La gran encrucijada colombiana, socioeconómica-política, institucional y moral, en todas las instancias del poder público y el marco jurídico-legal que lo rige, se reflejan y evidencian en la actitud y oposición mezquina y soberbia, de todos los sectores económico-financieros, que a toda costa buscan frustrar el desarrollo, con apoyo de los Órganos de Poder y sus representantes en el Congreso. Es la absoluta realidad nacional.
Bogotá, 10-02-2024
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