Jesús Redondo, 57 años, sicólogo y doctor en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Deusto, España; director académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinador del Programa de Doctorado en Sicología, forma parte del comité directivo de Clacso y de la Comisión Institucional de Educación […]
Jesús Redondo, 57 años, sicólogo y doctor en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Deusto, España; director académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinador del Programa de Doctorado en Sicología, forma parte del comité directivo de Clacso y de la Comisión Institucional de Educación de la Universidad de Chile. Es director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) y especialista en sicología educacional y pedagogía social. Sus investigaciones, artículos, libros y tesis, suman decenas.
Sobre la crisis de la educación, el profesor Jesús Redondo ha dicho: «La educación pública en Chile está declarada en estado de extinción por el efecto combinado de cuatro razones: la ideológica, que se relaciona con la decisión de privatizar los colegios; la política, cuyo efecto se agravó tras los veinte años de la Concertación, que quiso mejorar el sistema pero dentro de la misma lógica del gobierno militar; la económica, en que los grupos más acomodados han hecho buenos negocios y la social, dada por la falta de articulación coherente de las protestas desarrolladas sobre estos temas que se han realizado a lo largo de estos años».
A este especialista pedimos su opinión sobre la anunciada reforma educacional.
¿La desmunicipalización resuelve la crisis de lo que se llama la educación pública?
«Es un elemento necesario, pero no suficiente. La crisis del sistema educativo es más amplia que la mera ubicación de dónde se va a gestionar el sistema público. Lo de fondo es sacar la educación pública de la gestión regida por parámetros de mercado. Este es el tema nuclear. El sistema actual no garantiza el derecho a la educación ni consigue mejorarla. Cuando se habla de municipalización, se habla de lo que se hizo para abandonar la educación pública. Algunos municipios han hecho cosas interesantes pero dada su distribución, diversidad y financiamiento, en el fondo ha sido una forma en que el Estado dejó de hacerse cargo de la educación. La LGE, que no resolvió el problema porque no lo abordó en el fondo, llevaba como segunda ‘patita’ la ley de reforzamiento de la educación pública. Pero eso nunca llegó. En este caso el orden de los factores sí altera el producto. Puede ser correcto exigir gratuidad, desmunicipalización, carrera docente, fin al lucro, etc. El problema es que la secuencia en que eso se haga, va a definir resultados distintos».
¿Y cuál sería ese orden?
«Primero hay que crear el aparato público de educación. Mientras tanto, es inútil hablar de terminar con el copago, por ejemplo. Un Servicio Nacional de Educación debe ser descentralizado. Tiene que haber un financiamiento estatal del cien por ciento para la educación pública y que desaparezca la subvención, porque se trata de un servicio público. Luego, tendrá que haber financiamiento al colegio particular subvencionado sobre la base de que cumplan una función social. Un buen servicio público no niega la libertad de enseñanza. Hay que valorar a la educación subvencionada, pero con un eje de educación pública de alto nivel. Si todo acto educativo es un derecho, deberíamos tener una regulación que impida el lucro, incluso en los colegios pagados».
Eso apunta al corazón del criterio de la derecha que defiende la educación como actividad económica…
«La educación es una actividad que tiene aspectos económicos. Pero no puede ser un negocio, por la naturaleza del bien. Hay un tema que se discute a nivel mundial luego de cuarenta años de neoliberalismo: hay cosas que son bienes públicos tradicionales, administrados por el Estado, y bienes privados que se rigen por el mercado. Pero hay otros que son los bienes comunes, que no son ni del Estado ni del sector privado. Un bosque, el agua: nadie puede ser propietario de esos bienes».
LA DEMOCRACIA SOMETIDA
A SECUESTRO PERMANENTE
¿Pero se puede pensar en un sistema de esa naturaleza en Chile? Porque aparecería como una excepción dentro de un sistema consolidado…
«Chile tiene muchas excepcionalidades a nivel mundial; y las tiene, aparte de su tradición histórica, por ser demasiado ‘aristocrático’. Las llamo ‘sistema de fundos’. La dictadura tomó decisiones que en ningún otro país se habrían podido adoptar. Pero treinta años después, existe la evidencia de que el proyecto no funciona. No es solo una discusión teórica. Tenemos pruebas de que no funciona. Y lo que impide que se cambie, es el mismo grupo que impuso este modelo. Tenemos una democracia sometida a un secuestro permanente».
Algunos plantean que toda modificación al financiamiento, a la carrera docente y a la desmunicipalización, colisiona con la Constitución.
«Puede ser, según cómo se enfrente el proceso. La LGE dice que es un delito que los particulares subvencionados lucren. Pero todos sabemos que las universidades llevan treinta años lucrando, y no se han puesto en marcha los dispositivos para sancionarlas. El Ministerio de Educación presta muchos servicios a la educación privada.
Los padres llevan a sus hijos al colegio que creen mejor. Se vuelcan a los colegios en donde hay más ‘orden’, ‘seguridad’, ‘garantías’. Pero si hubiera un buen sistema público, el 70% preferiría ese sistema».
Algunos piensan que este proceso será muy largo y que las trabas constitucionales, las colisiones políticas y los intereses en juego son tan grandes, que no se puede esperar mucho de lo prometido.
«El sistema tal como está, ha sido capaz de procesar las protestas sociales como un elemento que favorece la desaparición de la educación pública: después de cada año de protestas, el número de padres que cambian a sus hijos de colegios municipales a los subvencionados, aumenta».
UN PROCESO CONSTITUYENTE
¿Entonces el movimiento social debería dar un salto cualitativo, hacer propuestas más concretas, estructurase de otra manera?
«Creo que el movimiento social se ha dado cuenta que no se puede resolver el problema de salud, de educación, de AFPs, de leyes laborales, etc., porque el límite que pone la Constitución no permite ir rápido. El asunto entonces es hacer un gran proceso constituyente. Ese tema está claro en todos los grupos sociales».
Pero plantear hoy un proceso constituyente corre el riesgo que esa idea la coopte el sistema, como hizo con el cambio de Loce a LGE…
«La LGE se hizo desde los parámetros de la Constitución actual y con una correlación de fuerzas del sistema binominal, por lo tanto, la derecha se impuso en los temas orgánico-constitucionales. Por eso creo que la LGE no es una ley de educación, sino de ‘fundos educativos’, los sostenedores están a cargo de todo.
Sin eliminar el concepto de Estado subsidiario, es inviable todo cambio serio. Eso es un elemento nuclear. Pero un Estado no subsidiario no quiere decir que no pueda ejercer subsidiaridad respecto a los intereses particulares. Todo Estado es subsidiario respecto de los intereses, pero no puede ser subsidiario respecto de los derechos. Esa es la diferencia. Y hay que tener claro que la educación es un derecho, no es un interés. Eso es lo que tiene que garantizar el Estado».
Volviendo a la Constitución, la duda consiste en que dentro del marco binominal -y con la desarticulación del movimiento social-, un intento de reforma constitucional se realice en las condiciones que impone el mismo sistema…
«Ese fue el intento que hicieron con la LGE y no funcionó. Creo que tampoco les va a funcionar ahora, en la medida en que esos procesos políticos son posibles cuando la ciudadanía no tiene información. Pero hoy, a pesar que controlen los medios de prensa, no es posible un control absoluto. Es mucho más difícil ‘un proceso constituyente engañoso'».
Algunos países de América Latina hicieron procesos constitucionales profundos, sólo después de ganar importantes cuotas de poder. Aquí los movimientos sociales, antes de articularse y sin logra ningún grado de poder formal, están impulsando un proceso constituyente. Puede suceder que una «nueva» Constitución cambie algunas cosas, pero mantenga el legado…
«Sí, puede ocurrir. Puede haber gente que intente hacer un cambio aparente. Para un cambio constitucional serio se requiere hegemonía. El tema es cómo se logra. Los movimientos sociales están trabajando por ganar hegemonía en distintos frentes. El abandono por parte del Estado de las problemáticas del país ha sido de tal nivel, que todo ayuda a ganar esa hegemonía. Es el rol de la auto organización. La opinión en un sentido amplio, se divide entre los que dicen: no más Estado, mejor lo hacemos nosotros. Pero al mismo tiempo, se da la razón al que dice: Yo tampoco quiero más Estado, prefiero la iniciativa privada. Luego ambos se tocan, porque no quieren que los controle nadie. Eso sí, que los financien, porque todos quieren que el Estado los financie.
No veo una hegemonía suficiente que diga: hagamos un Estado razonable, que permita la libertad pero bajo reglas claras. Hay que ir aprisa, pero haciendo algún tipo de cambios. Hay que llegar a un acuerdo que creo que es al que se está llegando, como mínimo, al ordenar el tema fiscal, que no va a hacer más que eso. Pero ya es mucho.
En el tema educación también se puede avanzar en ordenar el sistema público. Ahí está el punto central».
Sería como esperar que se vaya extinguiendo el sistema particular subvencionado…
«Extinguiendo no, acomodando al ‘no al lucro’. Puesto que va a tener un cien por ciento de fondos públicos, debería ordenarse para constituir fundaciones no lucrativas».
SABER QUÉ PASA CON LA PLATA
¿Para desincentivar a aquellos que buscan el lucro?
«Exactamente. Decirles: mire, usted hizo su inversión, bueno ahora tiene diez años para recuperarla. En ese sentido no podría alegar un menoscabo económico.
En la Constitución los derechos sociales prácticamente no existen, y en el caso del derecho a la educación hay una mezcla entre lo que es el derecho a la libertad de enseñanza con el derecho a hacer negocio con ella. Esa mezcla en otras Constituciones no se produce. Una de las pocas cosas interesantes que tiene la LGE es que obliga al giro único. Ahora, por lo menos, se puede saber qué pasa con la plata. Antes ni siquiera se podía saber eso».
Hay varias ideas de desmunicipalización, pero no se ve claro que se considere esa temporalidad y gradualidad que usted plantea…
«Una ley de no al lucro y gratuidad, pero de mediano y largo plazo, establecida con fechas. Pero la primera etapa es el sistema público de educación, concentrarse ahí. Luego, viene el detalle: qué entendemos por público, y en ese sentido la discusión con las universidades es muy interesante. Una cosa es que toda la educación sea pública, por lo tanto cualquiera que la hace está haciendo un bien público, y otra es el sistema público, que jurídicamente es del Estado. Da igual la organización que adopte, eso no es el tema. Lo primero es el financiamiento basal y con presupuesto estatal, ahí no corre subvención sino un financiamiento de la estructura misma y habrá que delimitar cómo se considera la estructura en cada territorio. El valor de un servicio de calidad no puede ser igual para un niño de una zona desértica que para uno de la comuna de Providencia. Por lo tanto, hay que financiar para que tengan el mismo nivel de calidad; cueste lo que cueste en cada caso».
CAMINANDO HACIA LA LOCURA
Usted comentaba las experiencias de gestión municipal en el mundo. Si consideramos la extensión y diversidad del territorio chileno, la Municipalidad debiera jugar un rol…
«Creo que debe jugar un rol la sociedad territorial, a través de la Municipalidad, el gobierno regional, la universidad pública, los sindicatos, los estudiantes, los padres, los profesores, las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales. En un sistema público, debiera haber alguien con atribuciones ejecutivas, pero el Consejo Escolar del Territorio, por llamarlo de alguna manera, debe contar con la participación de todos y ser deliberativo y decisorio, con facultad para evaluar el sistema. No se trata de estándares y logros, sino qué pertinencia guarda la gestión con la realidad del territorio.
Un buen estándar puede ser un mal criterio de progreso educativo en un territorio determinado. La escuela tiene que volver a la tradición en su sentido de fondo; tiene que hacerle sentido a la comunidad: es su escuela. No es la escuela globalizada que rinde estándares.
Para activar la educación pública y desactivar la educación como mercado, es necesario eliminar el Simce como planteamiento sensal, aunque se mantenga como muestral. Que sea un indicador, pero no un mazo para darle a la escuela todo el día. Este año hay diecisiete pruebas distintas. Hemos estado yendo hacia la locura. En ningún otro país del mundo ocurre eso. La educación se desarrolla solo cuando la gente se involucra. Y la gente se involucra cuando las políticas tienen sentido. La escuela se convierte en un aliado del desarrollo local. Esto es más importante que los estándares fabricados con base en comparaciones internacionales tan alucinantemente distintas, que siempre ganan los mismos.
Hay un tremendo miedo al cogobierno, y resulta que este país está cogobernado con los empresarios y los militares; las empresas dirigen la salud desde las Isapres y laboratorios; la educación desde los negocios, y a nadie esto le hace problemas.
Prefiero un cogobierno donde la mayoría se exprese. Aparecerán diferencias, y seguramente los padres serán rigurosos en lo que exigirán a los profesores. Pero serán rigurosos razonablemente, desde la pertinencia social. No desde un abstracto que no sabemos a quién está sirviendo»
Publicado en «Punto Final», edición Nº 804, 16 de mayo, 2014