Se polemiza en estos días sobre si los jueces y fiscales deberían actuar a partir de ahora teniendo en cuenta las nuevas condiciones políticas nacidas de la «tregua permanente» de ETA o si, por el contrario, habrían de desempeñar sus respectivos oficios igual que hasta ahora, haciendo como si nada hubiera sucedido ni hubiera de […]
Se polemiza en estos días sobre si los jueces y fiscales deberían actuar a partir de ahora teniendo en cuenta las nuevas condiciones políticas nacidas de la «tregua permanente» de ETA o si, por el contrario, habrían de desempeñar sus respectivos oficios igual que hasta ahora, haciendo como si nada hubiera sucedido ni hubiera de suceder. Quienes sostienen la primera posición argumentan que quienes tienen el encargo de aplicar la ley no pueden ser insensibles a los estados de ánimo y los anhelos políticos de la mayoría social. Replican a ello los que respaldan la segunda opción que la Justicia ha de ser ciega, como la imagen que la simboliza, y no dejarse influir por consideraciones exteriores a las que figuran negro sobre blanco en los códigos.
En contra de la argumentación de estos últimos, está el hecho del abundante recurso que tanto los legisladores como los jueces y fiscales han venido haciendo en España de la circunstancia de «alarma social», cuya toma en consideración es, a todas luces, un reconocimiento de la influencia que tienen en su labor los estados de opinión generales. La tal «alarma social» ha servido en numerosas ocasiones para justificar la aprobación de leyes y la adopción de resoluciones judiciales de carácter extremo. Muy recientemente se ha invocado para alterar -por una vía extremadamente irregular, dicho sea de paso- la legislación relativa al cumplimiento de las penas de cárcel de los miembros de ETA, empezando por Unai Parot.
No se me alcanza por qué habría de ser correcto invocar el estado de ánimo de la ciudadanía para justificar la severidad, pero no la benevolencia.
Si el deseo de alcanzar la paz en Euskadi es realmente mayoritario -eso empiezan a detectar ya los sondeos de opinión-, y si conviene a la consecución de ese deseo una aplicación de la ley lo más apaciguadora y lo menos conflictiva posible, no veo que haya ningún principio insoslayable que lo impida.
Si es justo tener en cuenta la alarma social, nada impide considerar, por las mismas razones, la esperanza social.