El petróleo apareció por primera vez en el estado español el 6 de junio de 1964. La fortuna recayó en el Pozo de Ayoluengo (Burgos). 50 años después, con los precios del crudo en caída libre y la amenaza de colapso a escala planetaria, el litoral español se ha convertido en un venero para las […]
El petróleo apareció por primera vez en el estado español el 6 de junio de 1964. La fortuna recayó en el Pozo de Ayoluengo (Burgos). 50 años después, con los precios del crudo en caída libre y la amenaza de colapso a escala planetaria, el litoral español se ha convertido en un venero para las compañías de hidrocarburos. Numerosas peticiones para investigar la existencia de gas y petróleo, que las organizaciones ecologistas denuncian por su fuerte impacto ambiental, se han presentado ante el Ministerio de Industria en los últimos años. En dos meses (agosto y octubre de 2014) el gobierno ha despejado el camino a cuatro sondeos exploratorios, en Tarragona, dos frente a las costas de Vizcaya y Canarias.
Para explorar los recursos gasísticos y petrolíferos en el subsuelo marino, las compañías utilizan cañones de aire comprimido remolcados por un buque. Los disparos, que pueden alcanzar los 7.000 metros de profundidad en el suelo del mar, emiten ondas acústicas de entre 215 y 265 decibelios (las del motor de un avión a reacción se sitúan en los 140 decibelios). Con independencia de los impactos que pueda generar una posterior extracción de hidrocarburos (si los sondeos satisfacen la previsión empresarial), esta primera fase de sondeos exploratorios es, según las organizaciones ecologistas, altamente contaminante. Entre otros impactos, se apunta el «estrés» acústico generado en la fauna marina, la posible liberación de elementos contaminantes del subsuelo (arsénico, plomo o benceno), la afección sobre los hábitats de interés y a los recursos pesqueros.
El Ministerio de Industria ha recibido al menos cinco solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos en el subsuelo del mar, que todavía no han recibido respuesta. El 28 de julio de 2011 Capricorn Spain Limited (filial de la transnacional Cairn Energy) pidió los permisos para indagar la existencia de bolsas de gas y petróleo en cinco áreas del Golfo de León (frente a las costas de Cataluña), sobre una superficie de 1,15 millones de hectáreas. En un ámbito similar (el Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares), Seabird Exploration presentó por primera vez en 2011 una iniciativa de exploración, que fue archivada por la Administración en enero de 2014 por incumplimiento de los plazos. Pero la empresa ha retomado el proyecto y lo ha vuelto a presentar en las ventanillas ministeriales.
La reanudación del proyecto ha avivado la polémica, por la tramitación burocrática y por los impactos ambientales. Aliança Mar Blava, que agrupa a más de 80 instituciones públicas, organizaciones sociales, ecologistas y entidades de los sectores turístico y pesquero de Ibiza y Formentera, ha calificado como «fraude de ley» la nueva tramitación, ya que se pretende la validación de los trámites realizados por la empresa en 2011. Mar Blava critica asimismo el «pésimo» Estudio de Impacto Ambiental presentado por Seabird Exploration, al tiempo que califica el proyecto de «inasumible», «por los múltiples impactos sobre especies de fauna protegida, especialmente tortugas o cetáceos, y también sobre los importantes caladeros de pesca de la zona». Según Mar Blava, gran parte del «área de adquisición sísmica» (así se denomina la iniciativa) prevista, coincide con el Corredor de Migraciones de Cetáceos. Tampoco la multinacional hace referencia a los riesgos de catástrofe, como la ocasionada por la plataforma Deepwater, propiedad de British Petroleum, en el Golfo de México (abril de 2010). Fue el mayor vertido de crudo de la historia, y tardó tres meses en ser controlado.
El Mediterráneo se ha convertido en un «dorado» para las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos. La petrolera escocesa Cairn Energy ha obtenido cuatro permisos de sondeos exploratorios en el golfo de Valencia, y se mantiene a la espera de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emita la Declaración de Impacto Ambiental. Cairn Energy opera también en Reino Unido, Noruega, Marruecos, Groenlandia e Irlanda. Según Mar Blava, «en sus prospecciones en el Ártico ha demostrado ser una empresa opaca y con graves deficiencias de seguridad». En su labor indagatoria en el Ártico, Cairn Energy «se negó durante muchos meses a publicar un plan detallado de respuesta a posibles vertidos en su trabajo de perforación; la publicación del plan demostró que era totalmente inadecuado».
En marzo de 2012 Repsol, CNWL Oil España, Petroleum Oil Gas España (del grupo Gas Natural-Fenosa) solicitaron un permiso en el Ministerio de Industria para investigar en 81.487,5 hectáreas frente a las costas de Tarragona. Es el denominado proyecto «Medusa». La zona es muy rica en caladeros de pesca, además de constituir un área de reproducción de especies como el atún rojo. Destaca asimismo por los cetáceos protegidos (cachalote, rorcual común, zifio de Cuvier, calderón gris y común, así como variedades de delfines y tortugas). Dos terceras partes de esta iniciativa prevista en el Golfo de León se solapan con la parte norte del Corredor de Migración de Cetáceos. Carlos Bravo, coordinador del Secretariado Técnico de Mar Blava, explica que Repsol cuenta con permisos de explotación vigentes frente a las costas de Tarragona desde hace décadas, que ahora pretende ampliar (en torno a la plataforma «Casablanca», que opera desde 1982).
Otras solicitudes son las de Capricorn Spain Limited y Shell Upstream Spain, en agosto de 2013, para cinco áreas de investigación denominadas «Mesana», frente a las costas del País Vasco y Cantabria. La petición para realizar sondeos afecta a 458.625 hectáreas de subsuelo marino. Oil and Gas Capital pidió los permisos para las iniciativas «Culebre 1» y «Culebre 2» en mayo de 2011, para investigar la existencia de hidrocarburos en 37.314 hectáreas marinas y terrestres del territorio asturiano. En septiembre de 2010, la misma compañía solicitó permiso ante el Ministerio de Industria para sondear 19.845 hectáreas terrestres y marinas del País Valenciano. En Cantabria, Castilla-León y el País Vasco, el proyecto «Galileo», presentado en diciembre de 2011, afecta a 77.737 hectáreas.
¿Existe una «fiebre» de los hidrocarburos en el litoral español? El portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià, Carlos Arribas, responde afirmativamente. Alcanzado el «pico» del petróleo, explica, se buscan hidrocarburos en lugares donde la extracción es económicamente mucho más costosa que en la superficie terrestre, por ejemplo, las aguas profundas. Y se utilizan métodos como el «fracking». Además, los sondeos de prospección requieren una fuerte inversión de las empresas, que en muchas ocasiones no resultan fructíferos (las probabilidades de éxito de Repsol en los sondeos de Canarias oscilaban entre el 15 y el 20%). Pero si se explota finalmente alguno de los pozos, la inversión inicial ya es provechosa. Es cierto, además, que el precio del crudo ha caído un 50% en el último semestre, pero «las empresas trabajan con los precios que tendrá el petróleo de aquí a cinco años, y en ese sentido la perspectiva es de precios crecientes», apunta Arribas. El portavoz de Ecologistes en Acció señala la «connivencia absoluta» del ministro de Industria, José Manuel Soria, con los proyectos extractivos, y especialmente con Repsol, «como se ha visto en Canarias o la expropiación de YPF por el gobierno argentino».
Parecida es la tesis de Carlos Bravo. «El propósito final de todos estos proyectos es extraer petróleo en el subsuelo marino, en aguas profundas, por medio de plataformas marinas en alta mar», introduce. Muchas de las propuestas (Repsol en Canarias, Carin Energy en el Golfo de Valencia o el proyecto Siroco en el Mar de Alborán) proceden en muchos casos de la primera década de 2000, cuando el barril de petróleo se situaba en cotas altas. «Hoy los yacimientos de petróleo convencional casi han desaparecido», apunta Bravo. El portavoz de Mar Blava señala la mezcla de intereses políticos y corporativos. «El gobierno del PP agiliza y da alas a estos proyectos extractivos». El Ministerio de Industria, añade, ha pedido en numerosos foros que se le presenten iniciativas para la explotación de hidrocarburos. «Es un planteamiento decimonónico», concluye, que explica la «fiebre» del petróleo. De hecho, el estado español ha perdido la posición de liderazgo en energías alternativas, al realizar una apuesta cada vez mayor (que empezó con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria) por los combustibles fósiles.
En los últimos meses el gobierno ha allanado el camino a varios proyectos de exploración. El 14 de octubre de 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a las iniciativas «Fulmar-1» y «Pelícano 1», promovidas por Repsol y Shesa (sociedad dependiente del gobierno vasco) para investigar el potencial gasístico emplazado a 20 kilómetros de la costa vizcaína. El mismo día aprobó Medio Ambiente otra DIA positiva para el proyecto de «adquisición sísmica» Casablanca, que impulsa Repsol en un área de 732 kilómetros cuadrados, a 18 kilómetros de las costas de Tarragona. El objetivo es indagar las reservas de hidrocarburos ubicadas entre 2.400 y 3.000 metros bajo el mar, en el entorno de la plataforma «Casablanca», donde Repsol opera desde principios de los 80.
En las alegaciones al proyecto, Ecologistes en Acció de Catalunya señala los impactos sobre los parques naturales del Delta del Ebre y las Illes Columbretes, calificados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Sobre estos ámbitos también existe una propuesta ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo), por la relevancia del corredor de migración de cetáceos. «Repsol cuenta con un largo historial de vertidos y delitos ambientales en Tarragona, que han causado grandes daños en la actividad pesquera, turística y el ecosistema marino», denuncia Ecologistes en Acció, al tiempo que recuerda que está pendiente de sentencia el juicio por presunto delito ecológico contra Repsol, por los vertidos en la fase de prospección en los pozos de «Lubina» y «Montanazo» (costa de Tarragona).
Por otro lado, el 11 de agosto de 2014 el Ministerio de Industria autorizó a Repsol para que ejecutara sondeos exploratorios en Canarias (la multinacional española encabezaba para estos trabajos un consorcio con Woodside y RWE). En enero de 2015 la transnacional anunció el final de las exploraciones en Lanzarote y Fuerteventura, al considerar que no había encontrado hidrocarburos en la cantidad y calidad esperada. En otros casos, los proyectos están a la espera de resolución definitiva. La iniciativa «Siroco», que promueven Repsol y Petroleum Oil Gas España (Gas Natural-Fenosa) frente al litoral malagueño (Mar de Alborán), obtuvo Declaración de Impacto Ambiental favorable en junio de 2011, pero no cuenta con la aprobación definitiva de Industria, según fuentes del sector, por temor a que se reproduzcan los efectos sísmicos del proyecto Castor en las provincias de Castellón y Tarragona.
Las organizaciones ecologistas critican la doble regla de mesurar que utiliza Medio Ambiente a la hora de fijar criterios. Se basan en los razonamientos que utilizó el Ministerio para emitir, en octubre de 2014, una Declaración de Impacto Ambiental negativa al proyecto «Chinook», cuatro áreas integradas en el Mar de Alborán (Málaga, Granada y Almería) que la empresa canadiense CNWL Oil pretendía «peinar». En su resolución, el ministerio reconoce que especies de cetáceos como el zifio de Cuvier, el cachalote y el calderón común son «especialmente vulnerables» a la contaminación acústica que producen las prospecciones. «El ruido submarino puede provocar a estos cetáceos daños físicos (pérdida de audición, estrés crónico o hemorragias internas) e incluso la muerte (…). No es posible afirmar que existan épocas de menor sensibilidad ambiental para estas especies». Respecto al zifio de Cuvier, «está demostrada la relación directa entre actividades de prospección sísmica y varamientos». Además, «esta especie es muy difícil de detectar debido a sus hábitats de buceo largo y profundo». Según Mar Blava, con estos criterios se podrían paralizar otras prospecciones validadas por los ministerios de Industria y Medio Ambiente.
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