Las asociaciones Al Quds de Málaga y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe personadas como acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra siete militares israelíes han criticado la petición de la Fiscalía de este Tribunal en el sentido de que se archive la denuncia contra los responsables israelíes que, […]
Las asociaciones Al Quds de Málaga y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe personadas como acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra siete militares israelíes han criticado la petición de la Fiscalía de este Tribunal en el sentido de que se archive la denuncia contra los responsables israelíes que, en el año 2002, ordenaron atacar una zona de Palestina densamente poblada con una bomba de una tonelada, lo que ocasionó catorce civiles muertos y numerosos heridos, en una usual instrucción de asesinato ‘selectivo’.
Ante el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional halla solicitado el archivo de la querella, las organizaciones denunciantes consideran esta petición «como un despropósito y que está en contra de la persecución de delitos y crímenes de lesa humanidad».
Puntualizan que «los motivos alegados por la fiscalía, asumiendo la doctrina de los tribunales israelíes de considerar ‘normal’ el asesinato sin juicio, provocarían un radical alineamiento con la barbarie y con la ‘ley de la fuerza’, abandonando las normas de derecho de cualquier sociedad civilizada».
Ambas organizaciones solidarias añaden que «es inverosímil y nos avergüenzan los planteamientos de la fiscalía aceptando las normas y hábitos judiciales israelíes de acatar como instancia última las decisiones de su Ejército de Ocupación, los asesinatos, matanzas, torturas, presidio administrativo, etc. Desde la creación del Estado de Israel y después de conocer matanzas continuas, se desconoce que haya habido sentencias condenatorias».
Además «la idea de que los demandantes, familias de los asesinados asesorados por el Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, recurran a la Corte Penal Internacional de Justicia, es un sarcasmo. Israel no responde, ni acata ninguna jurisdicción internacional, véase por ejemplo el dictamen contra el Muro que sigue construyendo en los Territorios Ocupados Palestinos. De ahí, que las víctimas tengan la necesidad de recurrir a los Tribunales que contemplan enjuiciar crímenes de lesa humanidad, como en el caso español».
Por último, la acusación popular considera que «al solicitar el archivo de esta causa con esa argumentación endeble que busca una alianza con las argumentaciones de la embajada israelí, entendemos que caricaturiza a la Fiscalía y hace un flaco favor al señalar al Ministro Moratinos interesado en impedir la demanda y de apoyar el cambio de las normas españolas para impedir nuevas demandas contra la impunidad israelí. Creemos que el mandato del Ministerio Fiscal no debiera ser buscar las añagazas procesales interesadas en evitar el juicio, sino en la persecución de los actos criminales, sea quien sea la persona, entidad o estado que lo cometa, concentrándose en el fondo de la cuestión ¿ha habido crímenes?, si los ha habido y quiénes los han realizado, dado que nunca han rechazado los acusados su participación en ellos, confirmar las pruebas y recabar los testimonios, hasta lograr una sentencia justa».
[Nota complementaria de Al Quds-CSCA]
La causa, admitida en la Audiencia Nacional, cuya acusación particular la promovieron familiares de las víctimas, impulsado por el Centro de Derechos Humanos de Gaza (PCHR), dirigido por Raji Sourani, afecta al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito de guerra contra la humanidad tras el ataque en la Franja de Gaza (Territorio Ocupado de Palestina) el 22 de julio de 2002 en el que fueron asesinados un líder de Hamas y catorce civiles.
La querella se remonta al año 2002 pero como es lógico no se descarta presentar nuevas demandas documentadas de otras matanzas israelíes.
La Comunidad Internacional, la Unión Europea, los Gobiernos estadounidense, europeos, desde Rodríguez Zapatero a los demás, han dejado hacer siempre, con impunidad, e incluso premiando al ocupante y agresor israelí, obviando la ocupación, el bloqueo, las expropiaciones, expoliación de recursos o las matanzas periódicas israelíes. La ayuda humanitaria y las conferencias de donantes, periódicamente necesarias ante la destrucción impune israelí, son parapetos de inacción política o de abierta complicidad con el agresor, al que se recurre como proveedor de esa ayuda material a las víctimas, alimentando su economía colonial y de guerra.
Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, hacen dejación de su papel político dado que no tratan, en ningún caso, de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.
El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza ha iniciado y lleva casos abiertos por las acciones del ejército israelí en países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos Nueva Zelanda, Suiza y Holanda. Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.
Documentación:
http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/pdf/querella.pdf
(1) http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti300.html
english: http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti301.html
http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti302.html
sobre Raji Sourani: http://www.nodo50.org/csca/agenda06/palestina/sourani_5-07-06.html
Otros casos: http://www.nodo50.org/csca/palestina/procesamiento_shar_7-01.html