Presentado en octubre de 2022, el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España apunta que las Fuerzas de Seguridad registraron 1.802 delitos e incidentes de odio en 2021, un 28,6% más que en 2020.
La mayor parte de los delitos corresponde a racismo/xenofobia (639), seguido de los relacionados con la orientación sexual e identidad de género (466); ideología (326); discriminación por sexo/género (107) y creencias o prácticas religiosas (63). “La mayoría de las detenciones/investigados por delitos de odio son de nacionalidad española (75,6%)”, añade el reporte.
En el País Valenciano se registraron 194 casos en 2021, de los que 52 estaban vinculados a la orientación sexual/género; 51 al racismo/xenofobia y 23 a la discriminación generacional, entre otros.
“Para mí inmigración ilegal es igual a delincuencia”, afirmó el pasado 14 de octubre el entonces Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris (fue destituido del cargo tras conocerse las declaraciones). La Fiscalía Provincial de Valencia remitió al Juzgado Decano de Valencia, el 26 de diciembre, la información sobre los hechos, “para que se incoe el oportuno procedimiento penal”, según la documentación facilitada por la ONG València Acull.
“Los hechos denunciados (las palabras del exinspector) podrían ser constitutivos de delito o falta cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución”, argumenta la Fiscal Teresa Gisbert, que hace referencia al Artículo 510 del Código Penal (delitos de odio).
La decisión de la Fiscalía valenciana tiene como punto de partida la denuncia contra el alto cargo policial, presentada por 30 organizaciones de derechos humanos por la presunta comisión de un delito de odio (el escrito se registró el 2 de noviembre en la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la discriminación de la Fiscalía valenciana).
En el escrito de denuncia, las ONG detallan que Ferris equiparó “inmigración ilegal” y “delincuencia” el 14 de octubre de 2022, en una Jornada sobre Inmigración y Seguridad Ciudadana organizada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), en cuyo Patronato figura el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal; el acto contó con el apoyo de la asociación Una Policía para el siglo XXI.
Según consta en la transcripción literal del discurso, “(…) la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil pues son extranjeros, son gente que viene de fuera en el sentido un poco más amplio de la palabra de lo que ustedes puedan imaginar. No estoy hablando simplemente de estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes”, afirmó el excomisario.
En la denominada Mesa de Seguridad Ciudadana, el periodista de esRadio-Valencia (cadena vinculada al editor Jiménez Losantos) y también exdirector de la emisora pública autonómica Ràdio 9 (2003-2007), Jesús Wolstein, presentó a Ferris como miembro –durante cinco años- de la Brigada de Información anti-ETA en San Sebastián y Pamplona; de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Tarragona y Torrent (Valencia); además de asesor de Seguridad Ciudadana a tres delegados del Gobierno.
El INE contabilizó 410.842 delitos en 2021, de los que 308.969 fueron cometidos por personas de nacionalidad española; la estadística oficial añade que la mayoría de los condenados en 2021 tenía esta nacionalidad (75,2%). En cuanto al País Valenciano, se registraron ese año 50.917 delitos, de los que 37.948 tuvieron como autores a ciudadanos españoles.
El pasado 23 de enero, las ONG ampliaron la denuncia ante la Fiscalía, después que el ministerio público informara a las entidades de la incoación de las Diligencias de investigación penal, así como de la designación de fiscal instructor para que tuviera conocimiento de las mismas.
“Ricardo Ferris ha reiterado sus manifestaciones racistas y xenófobas en las múltiples entrevistas que ha concedido a medios de comunicación y a canales de difusión masiva on line”, argumentan las entidades solidarias. “No ha dejado de exponer su tesis de que las personas migrantes que llegan irregularmente son ‘delincuentes’ que vienen a ‘enriquecerse’ (…)”, añaden.
En otro parágrafo de la denuncia (ampliada), argumentan los denunciantes: “Aunque el inspector de policía ha intentado matizar sus declaraciones señalando que sólo se refiere a los inmigrantes ‘ilegales’, sus afirmaciones contribuyen a incrementar los estereotipos y prejuicios no sólo contra quienes carecen de permiso de residencia, sino contra cualquier persona que se haya visto obligada a dejar su país de origen”.
Las ONG detallan, asimismo, el extremo al que llegan las imágenes estereotipadas difundidas por el policía, “incluso contra descendientes de migrantes con nacionalidad española (‘españolizados’, los llama), a quienes acusa de integrar ‘bandas multiétnicas’ que cometen todo tipo de delitos”.
Por otra parte el 1 de febrero, València Acull informó del archivo del expediente sancionador de expulsión de un ciudadano de nacionalidad hondureña, que la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Burjassot (Valencia) remitió a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana; el acuerdo de iniciación del expediente se produjo el 17 de octubre.
La subdelegada del Gobierno ordenó –el 17 de enero- el archivo de las actuaciones contra el ciudadano migrante, ya que se observa “que no concurren suficientes elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad (…)”.
El comunicado de València Acull recuerda el origen de los hechos; el joven hondureño recibió un fuerte golpe en el estómago por parte de un agente de la policía local de Rocafort; en el operativo policial -desplegado el 17 de octubre en Burjassot- participaron dos policías nacionales de Burjassot y dos agentes de la Policía Local de Rocafort; los cuatro agentes han sido citados por el Juzgado de Paterna al juicio por la agresión (23 de marzo).
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