Un informe de Amnistía Internacional señala que, en muchos casos, las fiscalías han cerrado las investigaciones sin haber tomado declaración a los familiares de las personas fallecidas.
Las más de 300 querellas que se han
presentado en las distintas fiscalías por las muertes en las
residencias a causa del covid-19 “se están cerrando sin abrir
investigación”, denuncian desde Amnistía Internacional. Según apuntan
desde esta organización, al menos en 129 casos el cierre de la
investigación se ha hecho sin siquiera haber llamado a testificar a los
familiares de las personas fallecidas para que pudieran participar en el
procedimiento y aportar información. En concreto, según datos de
Amnistía Internacional, el 89% de las investigaciones penales de la
Fiscalía han sido archivadas, a pesar de que desde esta institución se
ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de
derechos fundamentales en las residencias.
Desde
que estalló la pandemia de coronavirus, en España han muerto 92.966
personas por este virus, según los últimos datos difundidos por el
Ministerio de Sanidad, fechados el 28 de enero de este año. De ellas,
más de la tercera parte han muerto en residencias, 35.670 en total.
“Hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el derecho internacional sobre derechos humanos”, señalan desde Amnistía Internacional, que recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo y el Protocolo de Minnesota sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas recoge que la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida.
“Más de 35.000
personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna
persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente
dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y
se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a
quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan
múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se
tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las
adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que se ha
hecho eco de las denuncias de organizaciones de defensa de los derechos
de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias,
entre otras.
Desde Amnistía Internacional ya presentaron en diciembre de 2020 un informe en
el que se documentaban las vulneraciones de derechos sufridas por las
personas que viven en residencias durante la pandemia. “No le derivaron a
un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose.
Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero el médico me
dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a
los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que
su cuerpo aguantara. Fue horrible porque vivo a 300 metros de la
residencia y cada vez que me asomaba al balcón era horrible saber que mi
padre se estaba muriendo tan cerca y no podía cogerle la mano,
despedirme de él”, explica Elena Valero, quien perdió a su padre en
marzo en una residencia de Madrid, en uno de los testimonios recogidos
por Amnistía Internacional en este informe.
Desde
la organización señalan que, ante el cierre de las investigaciones por
parte del Ministerio Fiscal, son los familiares los que están
presentando denuncias y querellas ante los tribunales, lo que supone
“una carga más sobre las víctimas”, denuncian. También destacan que
desde el Consejo General del Poder Judicial no se está realizando un
seguimiento sobre los procesos judiciales relacionados con las muertes
en las residencias. “No lleva a cabo un cómputo de los casos en
tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de
recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento
global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y
transparencia”.
Desde
Fiscalía, según ha comprobado este medio, los últimos datos ofrecidos
sobre las investigaciones en torno a las muertes en residencias datan de julio de 2020,
cuando contaban 228 diligencias de investigación abiertas. Desde mayo,
según resaltan desde Amnistía Internacional, la Fiscalía ha abierto más
de un millar de diligencias civiles sobre la situación de las personas
que viven en residencias, pero no se han realizado inspecciones
presenciales. “Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno
dificulta que la Fiscalía pueda acceder a una fuente directa de
información que podría apoyar una investigación eficaz en los
tribunales”.
Protocolos y falta de asistencia sanitaria
Además
de las denuncias presentadas contras las residencias, desde Amnistía
Internacional señalan que Fiscalía tampoco ha investigado de forma
adecuada los protocolos que las distintas comunidades autónomas
publicaron en torno a la no derivación a los hospitales de las personas
que viven en residencias.
En julio de 2020, la Fiscalía General de Madrid archivó la denuncia interpuesta por la Asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el protocolo que ordenaba no trasladar a los hospitales a los usuarios de residencias. “La Fiscalía se basa sorprendentemente en que el protocolo del 18 de marzo de 2020 eran ‘recomendaciones’ con lo que está negando un derecho fundamental, el deber de socorro”, aseguraban desde Marea de Residencias a El Salto tras una concentración celebrada en noviembre de 2021. En su memoria de 2020, la Fiscalía afirmaba que no se habían hallado pruebas ni indicios de delito respecto a los políticos que dieron las órdenes.
El argumento de
Fiscalía contrasta, sin embargo, con el auto del 10 de enero de la
Audiencia Provincial de Madrid, en el que se estiman parcialmente los
recursos interpuestos por familiares de personas fallecidas en
residencias de Laguna. Este auto “muestra con claridad la necesidad de
investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en
la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias
para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a
los hospitales”, señala Amnistía Internacional, que sí que apunta a
estos protocolos como los responsables directos de la muerte de miles de
personas en Madrid y Catalunya. “Los criterios, además de la
fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo,
no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al
hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio”,
explican desde la organización.
A nivel político, Amnistía Internacional critica que tampoco se han concluido comisiones de investigación. Los parlamentos autonómicos “solo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos”, explican. El parlamento de Castilla y León cerró la única comisión de investigación sobre las muertes en las residencias que aún seguirá en marcha con el adelanto electoral, al igual que pasó en Madrid en julio de 2021. “A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político”, resaltan desde Amnistía Internacional. “Las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones, por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar”, afirma Beltrán.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/fiscalia-archivado-90-investigaciones-muertes-residencias