Tal y como estaba previsto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto directamente ante la Sala de lo Penal el recurso de apelación contra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. A pesar de que el pasado viernes el […]
Tal y como estaba previsto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto directamente ante la Sala de lo Penal el recurso de apelación contra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
A pesar de que el pasado viernes el juez transformó su auto en sumario para obligar a la Fiscalía a presentar un recurso ante él antes de recurrir ante la Sala de lo Penal, el departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza ha decidido saltarse este trámite.
La Fiscalía considera que el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal es «procesalmente correcto» , ya que la decisión de Garzón de declararse competente se produjo cuando la investigación se desarrollaba todavía como diligencias previas, que permiten recurrir directamente ante la Sala, y no como sumario.
Dos argumentos
El recurso de la Fiscalía se basa en dos argumentos básicos.
En primer lugar, el departamento de Zaragoza considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil, ya que no es un asunto «sujeto a las reglas de la justicia universal», es decir, que se trata de delitos comunes y no de crímenes contra la humanidad, por lo que correspondería por lo tanto a los juzgados territoriales.
Defiende que el recurso es necesario «en aras de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica»
En segundo lugar, considera que la protección de los derechos de las víctimas «queda garantizada por las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica, cuya aplicación permite igualmente la adopción por las Administraciones Públicas de idénticas medidas de localización de fosas, identificación y exhumación de las personas secuestradas y asesinadas, y la entrega de sus restos a los familiares, medidas que van a seguir adelante con independencia del proceso penal».
La Fiscalía entiende que esta ley «es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas, pues convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de personas, de ofrecer la necesaria reparación moral que su consecución supone para los familiares y allegados de las mismas, y formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica, articulando las medidas precisas para la efectividad de la reparación».
De forma complementaria y a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado quiso dejar claro que el recurso no suspende «las medidas de localización, identificación y exhumación de restos humanos acordadas por el órgano judicial».
Aun así, señala que el recurso es necesario «en aras de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las cuestiones que son objeto de discrepancia».