La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito Juan Carlos I la apertura de diligencias relativas a su fortuna en junio, en noviembre y en diciembre de 2020, según informa El País. Esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse, según informa Europa Press.
Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020 cuando el emérito presentó una regularización fiscal, una declaración voluntaria, ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
Ya entonces, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado en noviembre a la defensa del rey emérito, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el exmonarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. También le había informado de las diligencias con respecto a la adjudicación de las obras del AVE a la Meca.
Tras esa primera regularización, se produjo una segunda (conocida en febrero de 2021) por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y por medio de la que Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según adelantaron los diarios El País y El Español. Esa segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.
Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y añadido que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.
La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Dado que aún no se ha presentado querella contra el emérito, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, el foco se debe poner en la última parte del artículo del Código Penal dado que señala expresamente las «actuaciones» que permitan tener conocimiento formal de las diligencias. Ese es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.
Los movimientos de Hacienda
Ya en mayo de este año la Agencia Tributaria (AEAT) notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.
Por otro lado, este mes de septiembre, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, pidió a la Fiscalía del Tribunal Supremo que aclarara si notificó al rey emérito Don Juan Carlos la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero. Hasta el momento, desde la Fiscalía evitan aclarar su efectivamente esas notificaciones se realizaron formalmente antes de que el emérito regularizara con Hacienda. Si la notificación fue formal, los técnicos sostiene que la regularización no es válida y Don Juan Carlos tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.
Precisamente, en este mes de septiembre se conoció, según adelantó El Mundo, que la Fiscalía del Supremo cree que el rey Juan Carlos cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, según quedaría reflejado en una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka. La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Los Técnicos de Hacienda avisan de que la regularización no sería válida si de la notificación se deducen delitos
El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha advertido hoy de que la regularización que realizó el Rey Don Juan Carlos podría no ser válida si de la notificación que se le realizó por parte de la Fiscalía se deduce la comisión de posibles delitos fiscales. Cruzado considera que sería necesario ver las notificaciones que se han producido y «en qué términos» se han hecho por que según la información estás son «muy genéricas» y no se explica que se hayan atribuido expresamente delitos fiscales sino que habla de hechos con posible «implicación penal» para el Rey Juan Carlos.
No obstante y aunque en la notificación no se precisaran esos posibles delitos, Carlos Cruzado considera que «si de ella se puede deducir que los hechos que se están investigando pueden ser constitutivos, entre otros, de delitos fiscales o de índole tributaria» entonces «se podría entender que sí está notificada» la investigación sobre posible delito tributario. En ese caso, añade el presidente de los Técnicos de Hacienda, la regularización podría no ser válida porque no cumple el requisito de la «espontaneidad» que exige la Ley.