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El fiscal Jesús Alonso actúa como abogado defensor de tres presuntos asesinos

La Fiscalía ofrece un regalo de bienvenida a Rice con la petición de archivo del «Caso Couso»

Fuentes: josecouso.info

Los Amigos, Hermanos y Compañeros (HAC) de José Couso creen que la petición del archivo del «caso Couso» efectuada por el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso es un regalo de bienvenida por la próxima visita que realizará a España Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos de América (EEUU). A menos […]

Los Amigos, Hermanos y Compañeros (HAC) de José Couso creen que la petición del archivo del «caso Couso» efectuada por el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso es un regalo de bienvenida por la próxima visita que realizará a España Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos de América (EEUU).

A menos de dos semanas de que se produzca la llegada de la representante del gobierno de los Estados Unidos, prevista para el 1 de junio, los HAC consideramos que la fiscalía obedece con su decisión a los deseos del Gobierno de agradar a las autoridades estadounidenses y de allanar unas relaciones enrarecidas por el auto de procesamiento de tres de sus militares en los días previos a la celebración de tan ansiada reunión con Condoleezza Rice.

Pensamos que el recurso del fiscal Alonso continúa en la línea de tratar de impedir que se lleve a cabo una investigación judicial que permita hacer justicia en el caso de José Couso, El fiscal en su desesperado intento de archivar el caso Couso utiliza en su recurso los argumentos sostenidos por el informe que elaboró el Pentágono en el que se exculpaba a sus tropas alegando «legitima defensa».

Los HAC, que en el pasado han soportado las trabas interpuestas por Eduardo Fungairiño, encuentran ahora en el infundado recurso de Jesús Alonso un nuevo escollo que intenta impedir que se enjuicie a los militares estadounidenses Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip de Camp. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedráz ha encontrado indicios suficientes para emitir un auto de procesamiento al considerarles responsables directos de la muerte de Couso el 8 de abril de 2003, cuando el ejército de EEUU ocupó Bagdad y atacó tres edificios -el Hotel Palestina y las sedes de las televisiones de Abu Dhabi y Al Jazira, donde se alojaba la prensa internacional independiente y que escapaba al control de sus soldados-.

Habría que preguntarse si existen otros motivos que han empujado al citado fiscal a intentar archivar de nuevo el caso Couso, reabierto tras la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha once de diciembre de 2006, que ordenó reabrir el «caso Couso» en contra de su archivo, promovido por la Fiscalía, entonces dirigida por Fungairiño, y decretado por la sección segunda de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, y si, en su proceder, que debería conducirse por la colaboración en el esclarecimiento de la muerte de Couso, prevalece algún condicionamiento ajeno a la función que tiene encomendada.

Pensamos que el ministerio fiscal, una vez más, hace dejación de su obligación de tutelar los intereses de la familia Couso. Al mismo tiempo que muestra su interés por proteger los intereses de las tropas estadounidenses en la invasión y ocupación de Iraq. De esta forma, creemos que el fiscal Alonso contribuye a favorecer la impunidad de la que hace gala el ejército estadounidense en contra del derecho internacional y los convenios de Ginebra que exigen la investigación, la condena y el castigo de los crímenes de guerra.

La Asociación de Amigos, Hermanos y Compañeros quiere resaltar la falta de rigor, los errores e imprecisiones que contiene el recurso planteado por el fiscal Jesús Alonso, tanto en el fondo como en la forma, que le transforman en un sobrevenido abogado defensor de los tres militares estadounidenses encausados.

Los HAC también quieren resaltar que la decisión del ministerio fiscal vulnera el compromiso asumido por el anterior ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien ofreció la ayuda de la justicia y del Gobierno español para facilitar la investigación del asesinato de Couso.

Madrid, a 21 de Mayo de 2007.