Ocho personas que participaron en la concentración pacífica contra el recrecimiento de Yesa el 10 de octubre de 2012 se enfrentan a penas de entre dos y seis años y medio de cárcel por participar en una concentración pacífica contra las obras de recrecimiento del pantano de la localidad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado […]
Ocho personas que participaron en la concentración pacífica contra el recrecimiento de Yesa el 10 de octubre de 2012 se enfrentan a penas de entre dos y seis años y medio de cárcel por participar en una concentración pacífica contra las obras de recrecimiento del pantano de la localidad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su apoyo a los imputados en el pleno municipal del pasado 30 de octubre.
Arriel Domínguez, Oscar Ara, Sergio Palacín, Chesus María Royo, Miguel Palacín, Jorge Luis, Álex Ubieto y Javier López se enfrentan a penas de entre dos y seis años de cárcel por participar en una concentración en contra de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa, un proyecto denunciado por colectivos ecologistas por su impacto ambiental.
La historia de Jánovas saltó a los medios de comunicación a raíz del programa de Jordi Évole Salvados, cuya emisión está programada para esta noche. Jánovas es un pueblo a las orillas del río Ara, en la comarca del Sobrarbe, desalojado y destruido para construir un pantano que nunca se llevó a cabo. El proyecto hidroeléctrico fue encargado por el régimen franquista en los años 50 a la empresa Iberduero -hoy Iberdrola-. Como se mostró en el programa, esta empresa actuó sin ningún escrúpulo para desahuciar el pueblo; acequias, cultivos y hasta dinamitó las casas, siempre con la complicidad del régimen. Sólo la familia Garcés resistió a los atropellos de la hidroeléctrica hasta los años 80, cuando Jánovas quedó completamente vacío.
A día de hoy, la restitución completa de la zona es un espejismo. Los vecinos y vecinas siguen reivindicando a Endesa, empresa que pasó a ser propietaria a través de una concesión a finales de los años 80 y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), órgano administrativo encargado de tutelar el procedimiento de reversión, la devolución de los patrimonios, así como la subsanación de los daños ocasionados. Jánovas se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad social, pero en Aragón no es un caso aislado.
En el valle del río Aragón, Artieda, un municipio de un centenar de habitantes, lleva enfrentándose junto a la Asociación Río Aragón, la Coordinadora de Afectados de Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) y colectivos sociales, políticos y ecologistas contra la CHE y la Administración desde hace décadas. La problemática gira en torno al recrecimiento del Pantano de Yesa, un proyecto hidráulico presentado públicamente en 1985 y puesto en marcha en 2001. Desde entonces, la Administración, junto a la CHE, han ido expropiando tierras a los vecinos y vecinas para la ejecución del recrecimiento del pantano de Yesa, un proyecto con un impacto medioambiental y de riesgo vital criticado por colectivos ecologistas, según recoge también el documental Los malos sueños de René Petit, un trabajo financiado a través de una campaña de micromecenazgo y estrenado a finales de 2014.
El 10 de octubre de 2012 fue el último levantamiento de actas previas a la expropiación. Los vecinos y vecinas de Artieda, apoyados de gente de los municipios de la zona y colectivos, se concentraron de forma pacífica, como otras tantas veces, en la carretera de su pueblo para visibilizar su desacuerdo con la expropiaciones. Un helicóptero de la Guardia Civil y una unidad de GRS escoltaban a los funcionarios de la CHE para ejecutar el trámite administrativo. Cuando se encontraron con la concentración pacífica, ante la imposibilidad de circular, cargaron contra la población, dejando una docena de heridos.
La situación desembocó en un clima de tensión. La Guardia Civil y los funcionarios de la CHE, tras cargar y dialogar con los concentrados, se retiraron, pero semanas después 8 personas comenzaron a recibir denuncias (la última llegó tres meses después de la carga) por desorden público, atentado contra la autoridad y lesiones. Cabe destacar, que la Audiencia Provincial archivó la causa por lesiones contra los 16 guardias civiles que participaron en la carga y todavía no hay responsabilidades políticas.
El Ministerio fiscal les pide un total de 36 años y 300 días de cárcel -entre 2 y 6 años a cada uno-. La acusación particular que se presentó en primera instancia desde la Guardia Civil se ha retirado del caso, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, y sólo irá a juicio en calidad de perjudicados y testigos. Los imputados han tenido que depositar la cantidad de 22.020 euros como fianza, en valor de multas.
Varios colectivos y grupos políticos ya en 2012 pidieron responsabilidades por la actuación de las fuerzas policiales al delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, quien manifestó que La Guardia Civil actuó «en garantía del cumplimiento de la ley». El grupo de Zaragoza en Común aprobó la moción de apoyo a los 8 de Yesa el pasado 30 de octubre en pleno municipal con los votos de Ciudadanos, CHA y PSOE, a pesar de la oposición del Partido Popular.
La plataforma ‘Los 8 de Yesa’ y los sucesos del 10 de octubre de 2012
Tras 3 años, los 8 de Yesa han montado una plataforma de apoyo para recaudar fondos y dar a conocer la situación a la que se están enfrentando, así como para pedir la solidaridad ciudadana ante lo que califican como «una injusticia y unas penas desmesuradas».
«Las tierras nos las iban a quitar aunque no quisiéramos, la concentración fue una forma de imponernos pacíficamente. Yo sólo alcancé a taparme la cara cuando envistió la Guardia Civil y aun así me cayeron porrazos», explica Sergio Palacín, maestro de profesión y uno de los jóvenes imputados. Este joven señala cómo, tras la carga policial, no se llevó a cabo ninguna identificación por los supuestos atentados y lesiones a la autoridad. Semanas después llamaron a cuatro de ellos a declarar en Ejea de los Caballeros y después ante el Juez de Instrucción del mismo municipio. «De cara a mi futuro, si me quedan antecedentes no podría opositar, no quiero ni pensarlo», comenta.
Actualmente, desde la Delegación del Gobierno, señalan que «no se produjo ninguna carga policial ya que los agentes de la Guardia Civil, después de otros cortes de carretera que impedían el paso de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro para realizar su trabajo, abrieron paso a través de sus defensas [escudos de protección] para que accedieran los funcionarios «. Sin embargo, tras los incidentes de 2012, el delegado de Gobierno, Gustavo Alcade, declaró en un comunicado de prensa que «un grupo muy minoritario de personas no puede impedir la acción de la Administración» y apuntó que, «tras comunicar en reiteradas ocasiones a los concentrados que se retirasen de la vía y hacer caso omiso, se solicita autorización a la Autoridad Gubernativa para hacer uso de la fuerza, siendo ésta concedida».
Por el momento, la Delegación no quiere hacer valoraciones debido a que el proceso está pendiente de resolución judicial. En cuanto a los avisos de los agentes de la Guardia Civil, Arriel Domínguez, explica que en ningún momento los oyeron: «Nosotros estábamos cantando, coreando himnos y leyendo un comunicado con un megáfono, quizás por eso no oímos nada».
Chesus María Royo, a quien la Fiscalía pide la mayor pena con 6 años y medios, puntualiza que durante las cargas varias personas de la concentración intentaron ponerse en contacto con Gustavo Alcalde para saber qué estaba ocurriendo. «No hubo ningún tipo de negociación, empezaron a avanzar y pensábamos que cuando llegaran a la fila iban a detenerse, pero cuando estaban a 10 metros cambiaron el ritmo y atacaron a la pancarta».
«Los antidisturbios amenazaron con que tenían otro pelotón listo para cargar. Cuando se retiraron, 12 personas fueron al centro de salud de Berdún para que les hicieran un parte de lesiones: chichones, magulladuras por el torso, lesiones en las muñecas, y yo fui con una herida en la cabeza, pero no me pusieron puntos», dice Oscar Ara.
Apoyo social
El presidente de la Asociación Río Aragón, Miguel Solana, vecino del pueblo, expresa el gran «estupor» generado por la acusación del Ministerio Fiscal: «Conociendo lo que ocurrió ese día en Artieda, no podemos imaginar esta reacción desde un punto de vista sensato, sólo por una concentración pacífica». Solana resalta que «la Fiscalía pide penas superiores a lo que pidió la acusación particular y ha actuado con más dureza que los que defendían los intereses de la acusación particular».
Desde Fiscal, municipio que administra la localidad de Jánovas, el alcalde Manuel Larrosa Escartín explica que la política hidráulica no es el problema, sino la gestión que se ha hecho y se está haciendo de la misma. «Hace 4 años me llamó Javier de Pedro, presidente de la CHE, y el consejero de Medio Ambiente de aquel entonces, Modesto Lobón, para aprobar un presupuesto de restitución de la zona por valor de 24 millones. Tendría que haberse empezado a ejecutar en 2014 y no se ha cumplido nada». Larrosa apunta que «el caso de Jánovas, así como el del pantano de Yesa, pone de manifiesto que las evaluaciones ambientales en este país sirven a intereses políticos», aludiendo a las trabas que pone el Gobierno para comenzar con las obras, obviando el impacto medioambiental y social del recrecimiento de Yesa. «La Administración quiere que haya un desgaste en los procesos de restitución y expropiación para así crear desarraigo hacia el pueblo», explica.
Desde los la plataforma Los 8 de Yesa esperan conseguir la absolución y la empatía de la sociedad civil. «Queremos que la gente sepa lo que pasó y entienda que defender la tierra no es ningún delito, no somos criminales», concluye Sergio Palacín.