Las instituciones están realizando un ejercicio de frivolidad política que nos acerca cada vez más a una monarquía bananera que a un estado democrático de derecho El cúmulo de desvaríos iniciado con la denominada «Ley de la Memoria Histórica» (de la vergüenza histórica, como la denominamos las asociaciones), continuó con la comedia protagonizada por Garzón […]
Las instituciones están realizando un ejercicio de frivolidad política que nos acerca cada vez más a una monarquía bananera que a un estado democrático de derecho
El cúmulo de desvaríos iniciado con la denominada «Ley de la Memoria Histórica» (de la vergüenza histórica, como la denominamos las asociaciones), continuó con la comedia protagonizada por Garzón -posiblemente en alianza con el Ejecutivo- para que se visualizase la imposibilidad de una solución jurídica coherente con el Derecho Penal Internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sólo se visualizase la famosa «Ley» como logro del Gobierno; siguió con los protocolos de exhumaciones articulados por diversas comunidades autónomas, dando a los republicanos españoles el mismo tratamiento arqueológico que a los restos antropológicos de Atapuerca; y continuando, por fin, con el disparate de buscar a Lorca, instrumentalizando a familiares que no lo son, familiares que sí lo son y familiares presionados, poniendo por encima de una decisión judicial, que está pendiente en el Tribunal Supremo, una decisión administrativa. Nuestra organización, a través del Foro por la Memoria de Andalucía presentó alegaciones en tiempo y forma, sin que hasta la fecha se hayan contestado, indicando esta situación. Esperemos que se pidan cuentas al respecto a la Consejera de Justicia y al Comisario de la Memoria de Andalucía, en especial por no valorar lo que desde el movimiento memorialista y desde diversas organizaciones de Derechos Humanos se viene reclamando desde hace años: la aplicación de las leyes y normas internacionales relacionadas con lo crímenes contra la humanidad imprescriptibles.
Pero la frivolidad con la que se ha tratado el tema llega al absurdo, ya que sin haber investigado con seriedad y rigor -cuestión que llevaría bastantes años- lo ocurrido en el barranco de Víznar -donde se supone que fueron inmolados miles de andaluces por defender la legalidad democrática de la II República-, se han lanzado a la búsqueda de Lorca y los que le acompañaron aquel día (o amanecer, o noche) fatídico, cuando lo importante es conocer qué pasó con todos aquellos miles de granadinos, entre los que Lorca deja de ser el gran poeta y artista para transformarse en uno más entre los demócratas exterminados. Las ansias de un gran éxito mediático, por parte de varios de los protagonistas impulsores de tal desatino, para vender posteriormente una imagen que les permitiese vivir de la creación de un nicho de empleo en lo que podemos denominar «mercado de levantamiento de fosas» y otros, con claros objetivos electoralistas, y de que el levantamiento del que se puede considerar más famoso desparecido español sirviese para dar otro golpe al carácter reivindicativo del movimiento memorialista republicano (los restos de Lorca aparecidos provocarían tal revuelo informativo que se olvidaría el resto de los muertos), tan sólo ha servido para poner en bandeja a la «derechona» española la posibilidad de atacar más despiadadamente la memoria democrática en el estado español y fortalecer las tesis revisionistas de los pseudo-historiadores pro-franquistas.
Una vez realizada una buena investigación (aunque, al tratarse de crímenes contra la Humanidad que no han prescrito debería realizarla el juez), hay que presentar la denuncia correspondiente, agotando todas las instancias posibles y, si se agota la vía jurídica española, acudir a los tribunales internacionales. Una institución como la Junta de Andalucía tiene los medios materiales necesarios para llegar, desde el punto de vista jurídico, a donde las asociaciones no podemos llegar por falta de medios. Eso sería empezar a enmendar y reparar el deterioro que acciones como la emprendida en Alfacar -sin olvidar otras tremendas chapuzas apoyadas por la Junta de Andalucía en este sentido- provocan en la democracia española. Porque tratar con la frivolidad con la que muchas instituciones están tratando la Memoria Democrática, es atacar la democracia misma
Habiendo pertenecido al «Comité Técnico para la apertura de fosas» creado por la Junta de Andalucía en el seno de la Consejería de Justicia, en 2004 -hasta que otro compañero de la organización pudo sustituirme- he de callar lo que se habló allí en aquellos momentos. Sin embargo, sí puedo afirmar que de aquellos polvos vienen estos lodos.
Ahora, después del fracaso, quieren lanzarse a levantar fosas como la del Marrufo, en la provincia de Cádiz, de la misma forma, frívola y sin sentido. ¿Hasta dónde piensan llegar?
Señores gobernantes, señores jueces y demás poderes de lo que hoy podemos denominar «monarquía bananera»:
Si de verdad quieren ustedes que podamos decir que este es un estado democrático y de derecho hagan sus deberes. No se trata de redactar y aprobar una ley más o menos, o de un protocolo más o menos sino de aplicar de una vez por todas, la legislación existente, tanto a nivel nacional como internacional. La denominada «Ley de Memoria» es incompatible con un estado democrático y no tiene enmienda posible. Sólo una Ley que observase escrupulosamente le legislación internacional y la jurisprudencia existente al respecto podría ser aceptable. Con todo, y con eso, si de verdad hubiera voluntad política y seriedad por parte del poder judicial, tampoco sería necesaria la citada ley. Tan sólo serían necesarias normas que regulasen ciertos aspectos relacionados con la Memoria Democrática.
Sabemos que existen iniciativas para enmendarla y modificarla, creando comisiones de la verdad, incluso con propuestas que introduciendo términos en apariencia radicales aparentan ser la solución, pero no con el ánimo de llegar a la justicia y al fin de la impunidad, caiga quien caiga, sino con el objetivo de hacer lo máximo posible parándose en el límite que afecte a los llamados logros de la transición. Nuestra organización no va a apoyar comisiones de la verdad, ni leyes que enmienden lo existente si esto sólo va a servir para avanzar un poco más sin llegar a la justicia que la Democracia y el Pueblo se merecen. Sabemos que conseguir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, lleva aparejado declarar ilegal el franquismo, incluida la transición (última gran obra de los franquistas con la complicidad de una buena parte de las direcciones de los partidos democráticos). Y estos logros de la transición no son otra cosa que un reparto de poder y riquezas entre franquistas y aparatos partidistas.
¡Ya está bien, señores! Ya no pueden seguir engañándonos. Los que les seguíamos cuando teníamos veinte años, al llegar a la madurez, nos hemos dado cuenta de la gran estafa urdida hace treinta años. Si esto sigue así, algunos seguiremos pensando que vivimos en un extraño estado en el que se aplica el derecho sólo contra los más débiles (en este caso los defensores de la legítima democracia española: la II República) y para proteger la propiedad privada (de algunos). Por mucho que podamos ir a votar cada cuatro años, mientras que los defensores de la II República no tengan Verdad, Justicia y Reparación no podemos decir que exista realmente una democracia en el Estado Español.