Calada la gorra de estrella roja (en homenaje al Che Guevara), y con un discurso fresco y apasionado, Andrés Bódalo dice verdades. Usa el lenguaje franco del jornalero. Transmite la palabra sincera de la tierra. La del campo de Andalucía que, en su opinión, «prácticamente no ha cambiado desde los tiempos de la II República». […]
Calada la gorra de estrella roja (en homenaje al Che Guevara), y con un discurso fresco y apasionado, Andrés Bódalo dice verdades. Usa el lenguaje franco del jornalero. Transmite la palabra sincera de la tierra. La del campo de Andalucía que, en su opinión, «prácticamente no ha cambiado desde los tiempos de la II República». El responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y miembro del Consejo Local de IU en esta ciudad, Andrés Bódalo, ha defendido en la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 «la lucha permanente en la calle y la autoorganización de la gente en pueblos y barrios; es hora de pasar a la acción directa».
Predica con el ejemplo. Milita en el SAT, el sindicato más represaliado de Europa, sobre el que pesan actualmente (sobre sus dirigentes y afiliados) más de 500.000 euros en multas y peticiones de más de 150 años de cárcel, según las cifras de la organización. Además, 500 militantes del sindicato tienen abiertos procesos judiciales. Todos los dirigentes del SAT han sido multados o han pasado por los calabozos.
El currículo de Andrés Bódalo es coherente con esta historia de acción directa-represión que acompaña al sindicato desde sus orígenes. Fue condenado a dos años de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general de 2002. En el año 2005, tomó parte en la ocupación pacífica de la Consejería de Agricultura andaluza, para pedir la cesión de 3.000 hectáreas de tierra del Marqués de Medinilla. Bódalo fue brutalmente golpeado, condenado a dos años de prisión y multado.
Además, por entrar en Mercadona el pasado verano, con el fin de recoger alimentos en carros y repartirlos entre las familias menesterosas, la policía lo detuvo en su casa (delante de su hijo) y se lo llevaron junto a otros compañeros a los calabozos. «Algo hemos hecho que les ha molestado», pensó en ese momento. Actualmente se encuentra en libertad provisional.
¿De dónde sacan la fuerza interior los militantes de este sindicato, que cuenta con 15.000 afiliados en Andalucía, para dar la batalla? «Históricamente, la lucha del movimiento obrero es lo que ha permitido la conquista de derechos; también hay que tener muy claro que a las personas no se les mide por lo que dicen, sino por lo que hacen. Por eso, todos hemos de luchar, de manera organizada, sin dejarnos arrastrar por líderes. Un trabajador nunca puede ser un elemento pasivo», concluye el responsable del SAT en Jaén. En tiempos de crisis muy grave, la lucha autoorganizada incluye la creación de redes básicas de solidaridad: comedores sociales, huertos urbanos, servicios médicos y educativos, entre otros.
Tras el negro barbecho de la dictadura, de inmediato se reabrió la «cuestión agraria». En 1976 se constituyó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), ante «una situación sangrante e insostenible de hambre, emigración, paro y miseria», recuerda Bódalo. Se reivindicaba «la tierra para el que la trabaja» y la reforma agraria. El sindicalista hace balance: «No hemos conseguido tanto como nos hubiera gustado; hay que tener en cuenta que el sistema nos divide». Por ejemplo, en la década de los 80 nace el Plan de Empleo Rural (PER), «una limosna con la que el PSOE consiguió dividirnos y atenuar el movimiento de ocupación de tierras; con el mismo objetivo, la Junta de Andalucía promueve el reparto de tierras por lotes individuales».
Pero a la vista queda el gran referente, Marinaleda. «Allí se creó un ejército de jornaleros muy unido y que combatía duramente por la tierra. Enfrente tenían a la guardia civil y al duque del Infantado, gran terrateniente, tres veces grande de España y amigo personal del monarca», explica Bódalo. Sin llegar al ejemplo de este municipio sevillano, se han desarrollado otras experiencias de calado. En marzo de 2012 se ocupó la finca pública de Somonte, en Córdoba, para ponerla en producción. En julio también se ocupó una finca militar en Osuna («Las Turquillas»), de la que se les desalojó 20 días después, pero volvió a ser ocupada.
Se diría que el ancestral «hambre de tierras» y la penuria de la clase jornalera permanecen como siempre. Que la historia se ha paralizado en el campo andaluz. «La situación ha cambiado muy poco», explica el dirigente del SAT y miembro de Socialismo 21. Explica de modo categórico que con el PSOE «se han repartido menos tierras que durante la dictadura; además, en las mejores tierras -provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén- tenemos metidos a los grandes terratenientes, burgueses y toreros del país. Es el caso de la Casa de Alba, con sus 35.000 hectáreas en todo el estado y 3 millones de euros anuales de subvenciones europeas; para colmo, personajes como Duran i Lleida critican las ayudas del PER, pero nada dicen cuando los latifundistas se gastan las subvenciones europeas, en algunos casos, en piscinas y campos de golf». En Andalucía «hay un clima y unas tierras de primera calidad, pero el problema es que se hallan en manos de especuladores», concluye.
Tampoco un gobierno de coalición entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía ha conducido a transformaciones sustanciales. El próximo 28 de febrero el SAT participará junto a otras 45 organizaciones sociales, como el 15-M o «Stop Desahucios», en un «asalto pacífico» al Parlamento de Andalucía para protestar por los recortes y contra el pago de la deuda. «Muchos militantes de base del PSOE e IU están cabreados porque no se está dando una política de recuperación de los servicios públicos privatizados, en materia de sanidad y educación, ni está impulsándose la tan necesaria reforma agraria», explica Andrés Bódalo. La demoledora crítica del SAT se extiende a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Desde que en 2008 aflorara la crisis, el SAT desencadenó una campaña de movilizaciones para señalar a los responsables. Ocuparon bancos en Sevilla y Granada; la mayor inmobiliaria de Andalucía, en Osuna (Granada); el aeropuerto de Málaga, la estación del AVE en Córdoba y Canal Sur, entre otras acciones. Pero el poder aprende, explica Bódalo, «y ahora utiliza mecanismos diferentes a los que usaba en los 80. En cualquier movilización te identifican y después te multan, a lo que sigue en muchos casos el embargo de cuentas y de viviendas». Subraya el sindicalista que la represión ha generado mucho miedo en la gente. Además, «cuando convocamos una acción, la policía siempre llega antes que nosotros; y esperan el menor incidente para machacarnos. Ahora bien, nosotros nunca buscamos el enfrentamiento. El único objetivo que nos mueve es desarrollar la protesta».
El pasado verano muchas personas ajenas a la militancia de izquierdas conocieron a Sánchez Gordillo y a Diego Cañamero, dirigentes principales del SAT. Con una estrategia muy meditada, el sindicato organizó la «expropiación» de alimentos en dos grandes supermercados (Carrefour y Mercadona), para repartirlos entre la población más necesitada. Así pretendía denunciarse cómo el «despilfarro» de productos coexiste con la miseria y el paro masivo de la clase obrera andaluza. Y la acción surtió efecto: el Ministro del Interior tuvo que dar la cara. La protesta se saldó, pese a todo, con 20 condenados a cinco años de cárcel.
A las expropiaciones siguió una marcha a pie por toda Andalucía, que pretendía hermanar en la lucha a pueblos y ciudades. «Al llegar a una ciudad grande nos reuníamos varios miles de personas; pero los medios no nos daban cobertura», afirma Andrés Bódalo. «Uno de los ejemplos más emotivos se produjo en Cádiz, cuando salieron a recibirnos los trabajadores de los astilleros, que también estaban en lucha». La respuesta del estado tampoco se hizo esperar: 50 procesados más, con multas y penas de prisión.
Pero la represión no empaña los logros de las movilizaciones. Al contrario. Con las multas, juicios y penas de prisión, se ha conseguido, según Andrés Bódalo, «sacar a la luz una grandísima solidaridad llegada de todas las partes del mundo. Por ejemplo, con afiliaciones solidarias de fuera de Andalucía o miles de autoinculpaciones por las expropiaciones de los supermercados». Son los riesgos de practicar un sindicalismo de corte anticapitalista y asambleario.
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