En el momento en que se está celebrando una vez más «la gran fiesta de la democracia que nunca existió» y que cada vez se aleja más de existir, parece conveniente hacer una recapitulación sobre lo que ha sido el proceso electoral desde una perspectiva de izquierdas. Las coordenadas que determinan las características de estos […]
En el momento en que se está celebrando una vez más «la gran fiesta de la democracia que nunca existió» y que cada vez se aleja más de existir, parece conveniente hacer una recapitulación sobre lo que ha sido el proceso electoral desde una perspectiva de izquierdas. Las coordenadas que determinan las características de estos procesos en España son bien conocidas: listas de candidatos cerradas y bloqueadas, falta absoluta de proporcionalidad entre votos emitidos y candidatos electos, falta de respeto a las minorías y partidos ilegalizados en el País Vasco, negando con ello el derecho a votar a las opciones abertzales a cientos de miles de ciudadanos. Las peculiaridades citadas de la legislación electoral no son nuevas, pero las ilegalizaciones son un ingrediente que ha marcado la entrada de España en el siglo XXI, y que son la consecuencia de una Ley de Partidos, cuyo alcance en manos de los fascistas aún está por conocer. Todo indica la minúscula participación del ciudadano en la política del país y la decrepitud del sistema político español desde una perspectiva democrática. Son, en definitiva, las características de una sistema lastrado desde su inicio por una Constitución seudodemocrática cuyo desarrollo permite lindezas como las citadas.
La subvención que los partidos políticos reciben del Estado para sufragar gastos electorales añade otro ingrediente más que discutible. Cuesta mucho digerir a un ciudadano de izquierdas ver que su dinero sirva para engalanar las calles con carteles del PP y del PSOE. Curiosamente, el Estado es tremendamente cicatero en poner espacios de televisión a disposición de todos los partidos políticos. Hubo un tiempo, en que al menos pareció existir una norma para la distribución de tales espacios, en los cuales los partidos tenían un tiempo para exponer, o al menos resumir, su programa. La norma podría ser discutible en cuanto su generosidad y ecuanimidad, pero lo cierto es que ahora la única norma que parece imperar es la ley del más fuerte. Los espacios destinados a los partidos están dedicados a spots más propios de la Coca Cola que de una campaña electoral seria, con la diferencia de que en la publicidad no circula el insulto con la fluidez que tiene en la boca de los políticos. Por lo demás, hay que destacar los debates excluyentes protagonizados por los partidos más poderosos, que son los que han impuesto su ley en la radio y televisión. Estos debates han representado un insulto al pluralismo político, y son un reflejo más del cáncer del sistema político español. Tales debates han ido precedidos de una campaña larga e intensa y de una parafernalia difícil de calificar. Tonterías tales como la temperatura de la sala del debate, el color y la situación de las sillas, el color de la corbata y del traje de los candidatos, etc., han sido repetidas veces y veces por los medios de comunicación de masas sin ningún recato ni rubor. ¿Tan estúpidos nos creen a los españoles? ¿Realmente, nos merecemos esto? Como contraste, el tiempo de dedicado al fútbol y a los programas basura en la radio-televisión pública del país es un buen índice de la prioridad de valores y de la concepción de la cultura que tienen sus dirigentes.
El contenido del discurso de los políticos ha sido estremecedor. Como ya es costumbre, el insulto, sobre todo en la boca de los representantes del PP, y la denuncia grosera al adversario han prevalecido sobre la clarificación de los programas propios y el análisis de los problemas reales que presenta el país. Por lo demás, la desnudez y la ordinariez de un mercadeo desprovisto de todo raciocinio y credibilidad han marcado la campaña electoral, mostrando el «gran interés» que los candidatos han mostrado por los ciudadanos, en relación con el que muestran cuando salen de la campaña electoral y gobiernan. ¿Cómo personajes que están llevando progresivamente a la ruina al país con su neoliberalismo radical pueden tener tanta desfachatez? Hubiera sido cómico, sino fuera por las consecuencias nefastas que acarreará para el país, escuchar las esperpénticas propuestas de los candidatos. Zapatero se ha comprometido a devolver 400 euros a todos los contribuyentes y a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, medidas progresistas donde las haya. También se ha comprometido a que nuestros niños aprendan a hablar fluidamente el inglés desde la más tierna infancia; probablemente la pista de esta oferta se la ha dado su correligionario Belloch y sus colegas del Ayuntamiento de Zaragoza, con su buen nivel de inglés. Ciertamente, sería un buen logro; no obstante, sería bueno que, por el momento, nos garantizase que nuestros infantes y jóvenes aprenden a leer y escribir. Su contrincante y correligionario neoliberal, Rajoy, aunque de color más cercano al azul falange, no le ha ido a la zaga. Ha prometido bajar los impuestos e impulsar la educación ¿De donde va a sacar el dinero este mago de la economía para mejorar tan preciado bien público? Además va a plantar 500 millones de árboles en cuatro años (342.500 árboles diarios según el cálculo de algunos -Sr. Rajoy, debe Vd volver a la escuela y aprender a resolver problemas de dividir-). Obviamente, esto se entiende si se tiene en cuenta el «ambicioso programa en defensa del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático» que presenta este carismático líder, para lo cual cuenta con su primo, el catedrático.
Los debates de la televisión entre los dos egregios candidatos nos ha permitido vislumbrar bastante a fondo su catadura ética e intelectual. Obviamente, a ninguno de ellos se le ha ocurrido prometer medidas para erradicar la tortura o derogar la Ley de Partidos. Tampoco lo esperábamos, están muy de acuerdo ambos candidatos en que todo siga como hasta ahora, en el mejor de los casos. Tampoco íbamos a esperar que debatiesen cambios constitucionales hacia una mayor democracia o las relaciones entre la Iglesia y el Estado, por supuesto. Sin embargo, algunos ilusos esperábamos que discutiesen sobre la solución de algunos de los grandes problemas que tiene el país, como la corrupción y los contratos basura.
La generalización de la corrupción en nuestro país es algo que conoce sobradamente cualquier ciudadano mínimamente informado. Todo el mundo sabe la gravedad de este secular fenómeno, principalmente en materia de urbanismo y construcción. Son cientos los escándalos que han saltado a la prensa en los últimos años, y cientos los ayuntamientos implicados. Un índice de esta corrupción nos la da el hecho de que más del 26% de los billetes de 500 euros que existen en Europa circulan en España. En el caso de la construcción, la corrupción comienza con la calificación del terreno y termina con la venta de las viviendas, constituyendo además en muchos casos la continuación de los procesos de delincuencia y corrupción llevados a cabo por otros métodos. Propietarios de terrenos, promotores, constructores, banqueros y gestores públicos sin escrúpulos son los grandes beneficiarios de esta corrupción, que permite además la financiación de ayuntamientos y partidos. Las consecuencias de esta lacra son muy graves, ya que representa un saqueo de la riqueza del país y una gran estafa al conjunto de los ciudadanos, generando el gran problema de la vivienda en España y un deterioro irreversible del medio ambiente. Sin embargo, los dos líderes políticos de los partidos mayoritarios, Zapatero y Rajoy, han preferido ignorar este grave asunto en los debates y mirar ambos hacia otro lodo. Es de suponer, que al igual que en los otros temas ya mencionados, están muy interesados en que las cosas sigan como están.
Igualmente, ambos candidatos han eludido tratar de dar soluciones al gran problema de los contratos basura, caracterizados por su temporalidad y bajos salarios. Se trata de un problema grave que nos distingue del resto de Europa, ya que el porcentaje de estos contratos es del orden del 33%, veinte puntos por encima de la media europea. ¿Qué van a proponer estos individuos en sus debates si son sus partidos y gobiernos los que han generado el problema abriendo una fosa insalvable con el resto de Europa? ¿Con qué cara pueden hablar de solucionar el problema, si la propia administración, a todos los niveles, es la primera en promover los contratos basura? Es por tanto muy coherente con su repugnante política social el que ambos candidatos hayan estado de acuerdo en soslayar este gravísimo problema.
Desgraciadamente, tampoco Izquierda Unida ha destacado por saber denunciar con la garra necesaria estos problemas, dando la impresión de que lo que buscan los líderes de esta formación política es un sillón, cuanto más grande y cómodo mejor, al lado de Zapatero, si es que éste gana las elecciones.
Como en cierto modo era de esperar, ETA ha irrumpido en la campaña electoral asesinando a un ex concejal socialista de Mondragón. La violencia y la pena de muerte no caben en la ética democrática, y por tanto estos hechos deben ser rotundamente condenados. Además, es esta lacra la que ha dado la disculpa a los Gobiernos del PP y del PSOE para desarrollar una política de excepción en el Estado, principalmente en el País Vasco, y la que da alas al PP para desarrollar su política de ultraderecha. Resulta absolutamente evidente que este partido ha basado gran parte de su campaña en la política contra ETA y que la existencia de esta organización contribuye de manera muy eficaz a dar votos al Partido Popular.
Independientemente de quien gane las elecciones, el panorama para el futuro del Estado Español es sombrío. En estos momentos en los que existe una crisis económica mundial profunda, nuestros gobernantes se empeñan en minimalizarla y en afirmar que España está muy bien preparada para afrontarla. No es así. La riqueza nacional está siendo saqueada por una corrupción generalizada, lo que está implicando un deterioro grave de los servicios públicos. El sistema educativo es lamentable, con un número de analfabetos funcionales que se estima entre el 15 y el 20% de la población, y el sistema sanitario está empeorando de forma alarmante. Las familias españolas tienen un endeudamiento que se aproxima al producto interior bruto. La economía española gravita en gran parte en la construcción. Sin embargo, el problema de la vivienda es grave, con más de 300 000 familias viviendo en infraviviendas o sin techo. Se está produciendo una proliferación gravísima del trabajo basura, con alta temporalidad y bajos salarios, que contrasta con el incremento salvaje y los beneficios sin control de las grandes empresas. Por otro lado, el paro se está acercando al 9%. Todo ello está dando lugar a un porcentaje de pobreza relativa que supera el 20% de la población, que afecta a las capas de mayor edad de la población, pero que avanza también entre las personas jóvenes.
La crisis no ha hecho más que comenzar, pero afecta ya claramente al sector inmobiliario, lo cual esta generando un claro incremento del paro. El decrecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos empieza también a manifestarse por el inicio de la crisis del sector del automóvil. Por otro lado, la inflación empieza a alcanzar niveles preocupantes, con una subida alarmante de los artículos de primera necesidad. ¿Dónde terminará esta cadena de empobrecimiento? Desde luego, los augurios no son nada buenos. Si el trabajo basura va aumentando y se va imponiendo sobre el trabajo digno, el poder adquisitivo de la población caerá drásticamente y el sistema colapsará. Este puede ser el resultado final de la contradicción del capitalismo neoliberal salvaje y ciego del que España es campeona en Europa. El mantenimiento de un sistema económicamente empobrecido y altamente inestable puede conducir al fascismo, del que España ya empieza a tener buenos síntomas; como dijo Bertold Brecha: «no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado». Se cumplirá así un hecho que ya es claro: el capitalismo es incompatible con la democracia. Ante esto, solo cabe la urgente organización de un gran Frente de Izquierdas capaz de eliminar las nefastas consecuencias del neoliberalismo. El reto es muy difícil, pero hay mucho en juego y merece la pena intentarlo, aunque ello implique llevar a cabo cambios importantes y asumir riesgos importantes, ya que, en definitiva, los cambios implican suprimir privilegios a los poderosos.